José Eduardo Méndez Pérez
Expediente 190/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 41 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Eduardo Méndez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de catorce de octubre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de catorce de octubre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión provisional y definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, en suplencia del Director General de esa Dirección, sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto, toda vez que el catorce de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
Agréguese el oficio 774/2021-E signado por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada el siete de octubre del año en curso, en la queja 115/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y, notifíquese a las partes, haciendo de su conocimiento que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara improcedente el recurso de queja." Se levanta suspensión. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento de este juicio de amparo, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Estado de constancias y certificación. Visto el estado que guarda este asunto, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de emplazar a la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Antecedentes. Al respecto, por acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo como tercero interesada a María de los Ángeles Rosales Quintero, ordenándose su emplazamiento en el domicilio proporcionado para tal efecto. Imposibilidad. En acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se agregó razón actuarial del Actuario adscrito a este Juzgado en la que asentó la imposibilidad para emplazar a dicha tercero y se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara diverso domicilio para emplazarla, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar domicilio alguno para emplazarla, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Investigación. Toda vez que no se pudo emplazar a la tercero interesada en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, mediante auto de veintiocho de abril del año en curso, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran el domicilio que tuvieran registrado de la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin lograr el emplazamiento de la tercero interesada, en acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica que se hizo referencia en autos de doce y veintisiete de julio del año en curso. Interpretación en abstracto del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de la citada tercero María de los Ángeles Rosales Quintero, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Comunica. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el oficio 774/2021-E signado por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada el siete de octubre del año en curso, en la queja 115/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y, notifíquese a las partes, haciendo de su conocimiento que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara improcedente el recurso de queja." Se levanta suspensión. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento de este juicio de amparo, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Estado de constancias y certificación. Visto el estado que guarda este asunto, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de emplazar a la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Antecedentes. Al respecto, por acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo como tercero interesada a María de los Ángeles Rosales Quintero, ordenándose su emplazamiento en el domicilio proporcionado para tal efecto. Imposibilidad. En acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se agregó razón actuarial del Actuario adscrito a este Juzgado en la que asentó la imposibilidad para emplazar a dicha tercero y se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara diverso domicilio para emplazarla, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar domicilio alguno para emplazarla, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Investigación. Toda vez que no se pudo emplazar a la tercero interesada en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, mediante auto de veintiocho de abril del año en curso, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran el domicilio que tuvieran registrado de la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin lograr el emplazamiento de la tercero interesada, en acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica que se hizo referencia en autos de doce y veintisiete de julio del año en curso. Interpretación en abstracto del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercero interesada María de los Ángeles Rosales Quintero. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada María de los Ángeles Rosales Quintero, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de la citada tercero María de los Ángeles Rosales Quintero, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Comunica. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente."
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