José Eduardo Márquez Nava
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Eduardo Márquez Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Con la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional se pronuncia respecto a ello, dado que las ejecutorias de amparo son de orden público. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Mediante sentencia de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: ".Se concede el amparo solicitado para el efecto de que los Jueces de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer que integran el Tribunal de Enjuiciamiento en la causa judicial ********************, realicen lo siguiente: ( Dejen insubsistente la determinación dictada en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en la referida causa judicial en la fase de juicio oral en la que se impuso al perito ******************** - aquí quejoso - una multa de veinte unidades de medida y actualización.." CAUSÓ EJECUTORIA Y SE REQUIRIÓ CUMPLIMIENTO. En fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días comunicara a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Por oficio ******************** registrado en este Juzgado con el número 17719, el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento conformado para conocer de la Causa Judicial en su etapa de Juicio Oral ********************, remitió el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido dentro de la Causa Judicial ********************, por el cual, dejó insubsistente el acuerdo emitido el día veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la audiencia celebrada en la misma fecha, y por consiguiente el oficio número ********************derivado de la audiencia mencionada; asimismo, informó dicha determinación al Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, para que deje sin efecto los trámites que haya recibido para lograr el cobro de la multa impuesta al aquí quejoso ********************. SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable acreditó haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, el incidente de suspensión es conservable, en atención a lo ordenado en el artículo 17 fracción III, inciso b), del Acuerdo de referencia. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Con la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional se pronuncia respecto a ello, dado que las ejecutorias de amparo son de orden público. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Mediante sentencia de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: ".Se concede el amparo solicitado para el efecto de que los Jueces de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer que integran el Tribunal de Enjuiciamiento en la causa judicial 205/2021, realicen lo siguiente: ( Dejen insubsistente la determinación dictada en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en la referida causa judicial en la fase de juicio oral en la que se impuso al perito José Eduardo Márquez Nava - aquí quejoso - una multa de veinte unidades de medida y actualización.." CAUSÓ EJECUTORIA Y SE REQUIRIÓ CUMPLIMIENTO. En fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días comunicara a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Por oficio 1709/2023-II registrado en este Juzgado con el número 17719, el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento conformado para conocer de la Causa Judicial en su etapa de Juicio Oral 205/2021, remitió el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido dentro de la Causa Judicial 205/2021, por el cual, dejó insubsistente el acuerdo emitido el día veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la audiencia celebrada en la misma fecha, y por consiguiente el oficio número 1363/2023-II derivado de la audiencia mencionada; asimismo, informó dicha determinación al Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, para que deje sin efecto los trámites que haya recibido para lograr el cobro de la multa impuesta al aquí quejoso José Eduardo Márquez Nava. SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable acreditó haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, el incidente de suspensión es conservable, en atención a lo ordenado en el artículo 17 fracción III, inciso b), del Acuerdo de referencia. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 983/2023, promovido por José Eduardo Márquez Nava, por propio derecho; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés mediante Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Eduardo Márquez Nava, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES: LOS JUECES GERARDO FELIPE GONZÁLEZ GALINDO, GABRIEL FLORES ALVARADO Y DANIEL HERNÁNDEZ GEORGE, QUEINTEGRAN EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL JUZGADODE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio en el Libramiento Poniente, esquina con la Calle Politécnico Nacional, Colonia Unitlax, Código Postal 90000, en la Ciudad de Tlaxcala. IV. ACTO RECLAMADO: LA ILEGALIMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN UNA MULTA POR LA CANTIDAD QUE IMPORTAN 20 UMAS, EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO ORAL, RELACIONADO CON LA CAUSA JUDICIAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: 205/2021 J, O. DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER". Lo anterior, por considerar que tales actos son violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, registrada con el número 983/2023; se ordenó la apertura del incidente de suspensión, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento ministerial y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que los actos reclamados y las autoridades a quien se les reprochan tienen su ejecución y residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. De la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa, José Eduardo Márquez Nava, por su propio derecho, reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; La imposición de una medida de apremio consistente en multa por la cantidad de veinte unidades de medida y actualización dentro de la causa judicial 205/2021 del índice del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro siguiente "DEMANDA DE MPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi Alcocer, en Funciones de Juez Presidente, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la causa judicial 205/2021 del índice del juzgado responsable y en los registros de audio y video remitidos, en donde obra la audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, celebrada en la etapa de juicio oral, en la cual se impuso una multa de veinte unidades de medida y actualización al hoy quejoso, en su calidad de perito oficial en materia de medicina legal, adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y se ordenó hacerlo comparecer a través de la fuerza pública, para lo cual se giró el oficio 1364/2023-II al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que el ante nombrado fuera presentado a la continuación de audiencia de debate programada para las ocho horas del veintiocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 318 y 320 de la causa judicial), y que obra por separado en el tomo de prueba I, dentro de los autos del juicio de amparo 928/2023 del índice de este órgano jurisdiccional por estar relacionados con la causa judicial, lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Este órgano jurisdiccional no advierte la actualización de las causales de improcedencia previstas por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de la multa impuesta. Los argumentos vertidos en los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son sustancialmente fundados. ( El impetrante aduce que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, pues considera que la autoridad responsable no se ciñó a lo establecido por el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la forma de realizar las citaciones. ( También sostiene que no se le citó formalmente para comparecer como testigo. Que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Como se anticipó, los argumentos mencionados son esencialmente fundados, en razón de que la determinación de la multa impuesta transgrede el principio de legalidad. En efecto, el artículo 14 constitucional dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". El precepto recién transcrito prevé el derecho de audiencia, el cual se traduce en que, frente a un acto privativo, el afectado tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Por su parte, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". Por otra parte, los artículos 90, 91 y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 90. Citación "Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; El día y hora en que debe comparecer; El objeto de la misma; El procedimiento del que se deriva; La firma de la autoridad que la ordena, y El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. "Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: . II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. De los preceptos recién transcritos se advierte que toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional cuando sea requerida su presencia; asimismo, el citatorio respectivo deberá contener, entre otros requisitos, el apercibimiento de la imposición de la medida de apremio en caso de incumplimiento. Una de esas medidas de apremio es la multa de cinco a veinte mil unidades de medida de actualización, exigiéndose que la resolución que determine la imposición de medidas de apremio debe estar fundada y motivada. En esta instancia constitucional, se reitera, la parte quejosa José Eduardo Márquez Nava reclama el acuerdo dictado en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, celebrada en la causa judicial 205/2021, en el que se le impuso una multa de veinte unidades de medida y actualización. No obstante, se advierte que la autoridad judicial responsable incumplió con lo establecido en los numerales anteriormente invocados, pues del desarrollo de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés no se advierte que para la citación programada para el día veintiuno siguiente se haya apercibido a José Eduardo Márquez Nava con la imposición de una multa por veinte unidades de medida y actualización en caso de no presentarse a la testimonial a su cargo, pues en realidad se le apercibió con ordenar su presentación por medio de la fuerza pública, pero no con una sanción pecuniaria. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que la citación que se realizó para la indicada fecha en el oficio 1328/2023 (foja 298 del tomo de pruebas) exista un apercibimiento de multa en caso de no comparecer, ya que se reitera, del desarrollo de la audiencia de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés se le apercibió al quejoso con ordenar su presentación por medio de la fuerza pública, pero no con una sanción pecuniaria. Además, en el acuerdo reclamado dictado en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés no se advierte que el juzgado responsable haya fundado y motivado su decisión de imponer la multa a la parte quejosa, dado que únicamente invocó el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales que lo faculta a hacer uso de la fuerza pública si el testigo no se presenta a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Por lo que, no invocó el dispositivo legal aplicable para decretar esa decisión y no señaló la fecha del acto procesal en que había realizado el apercibimiento que hizo efectivo. Por tanto, la quejosa no tuvo conocimiento cierto y completo del apercibimiento de multa, de los términos en que fue decretado ni de sus consecuencias, por lo que no estuvo en posibilidad de cumplir con lo ahí ordenado. De manera que, para que el impetrante se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento puntual a la citación ordenada, era necesario que se le hiciera del conocimiento el apercibimiento decretado en su contra en caso de no acatar lo mandado, pues ello constituye un requisito indispensable establecido en el artículo 91, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, resulta evidente que en cuanto a la medida de apremio consistente en la multa de veinte unidades de medida y actualización impuesta a la aquí quejosa, resulta violatoria de la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14 Constitucional, toda vez que para su imposición no fue desahogado el procedimiento relativo, en específico, al no haber sido notificado del apercibimiento para la aplicación de la medida de coacción, máxime que en la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés no se le apercibió con multa, sumado al hecho de que en la audiencia en que se le impuso la multa no se fundó ni motivó tal decisión. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ( EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En consecuencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que los Jueces de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer que integran el Tribunal de Enjuiciamiento en la causa judicial 205/2021, realicen lo siguiente ( Dejen insubsistente la determinación dictada en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en la referida causa judicial en la fase de juicio oral en la que se impuso al perito José Eduardo Márquez Nava - aquí quejoso - una multa de veinte unidades de medida y actualización. SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. NOVENO. Publicación de datos personales. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Eduardo Márquez Nava, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el día de hoy catorce de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Licenciada Janeth Ávila Sepúlveda, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, en virtud de que transcurre el término de ocho días concedido a las partes en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, para imponerse del informe justificado rendido por el Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez Presidente de la causa judicial ******************** en su etapa de juicio oral. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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