Jose Eduardo Kuri Chapur

Expediente 1125/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1125/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Kuri Chapur
  • JOSE EDUARDO KURI CHAPUR y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio recibido vía electrónica mediante el uso de la FIREL, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa por conducto de su apoderada legal Sahara Hileana Cruz Hernández, en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de toca 51/2023, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado conjuntamente por los quejosos Jorge Eduardo Kuri Chapur, Omar Kuri Chapur, Eduardo Guillermo Kuri Haddad o Eduardo Guillermo Kuri Hadad y Sahara Hileana Cruz Hernández, apoderada legal de la quejosa moral Vertical Knits, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interponen recurso de revisión y expresan los agravios que hacen valer en contra de la sentencia firmada el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada, a la autoridad responsable, al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Por tanto, se le otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y2 9 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado conjuntamente por los quejosos Jorge Eduardo Kuri Chapur, Omar Kuri Chapur, Eduardo Guillermo Kuri Haddad o Eduardo Guillermo Kuri Hadad y Sahara Hileana Cruz Hernández, apoderada legal de la quejosa moral Vertical Knits, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interponen recurso de revisión y expresan los agravios que hacen valer en contra de la sentencia firmada el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada, a la autoridad responsable, al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Por tanto, se le otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y cúmplase.

  4. Principal

    C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, consiste en: La resolución de fecha tres de junio del año dos mil veintiuno dictada en audiencia pública, en autos del expedientillo número 101/2021, en la cual la autoridad responsable revocó el no ejercicio de la acción penal, dictado por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, en autos de la carpeta de investigación A1-A1/000876/2016. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expedientillo 101/2021, del índice de la autoridad responsable, y el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, que remitió en apoyo a su informe; constancias que tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados en parte, fundados pero inoperantes en otra, y parcialmente fundados en una más, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. A fin de clarificar la premisa expuesta, es necesario precisar que en relación con el acto reclamado, que en la diligencia de tres de junio de dos mil veintiuno, cuyo archivo digital de audio y video se encuentra en el disco óptico "DVD", que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, constancia a la que se le concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte lo siguiente: 1.- En principio, el juez natural señaló la naturaleza y finalidad de la audiencia (12:46:03) que es derivada de una impugnación de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación ******************** de la Agencia Investigadora Vigésimo Cuarta del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en la ciudad de Motul, Yucatán, consistente en el no ejercicio de la acción penal a favor de ********************, así como ********************, quien representa a la persona moral ********************2.- Posteriormente ********************, asesor jurídico de la víctima (12:47:00) expuso los motivos de su medio de impugnación y solicitó al juez se revocara el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía, por el delito de DESPOJO de cosa inmueble, en contra de los investigados. 3.- La fiscal expuso argumentos en contra de lo dicho por el asesor jurídico de la víctima (13:05:03) precisando los puntos de su determinación, a lo cual el resolutor le realizó diversas preguntas a fin de que hiciera las precisiones correspondientes en cuanto a las fechas de las actuaciones que obran en la investigación y que había tomado en consideración para emitir la determinación de no ejercicio de la acción penal por prescripción. 4.- Luego, el defensor particular tuvo oportunidad de rebatir los argumentos del asesor jurídico en relación con la impugnación planteada (13:14:20). 5.- Después, el asesor jurídico volvió a intervenir (13:26:34) y rebatió lo señalado por la defensa. 6.- Posteriormente, el juez solicitó aclaraciones a la representación social (13:29:16), otorgándole una última intervención a la defensa de los implicados (13:30:40). 7.- Finalmente, el juez cerró el debate y procedió a resolver (13:39:27). Ahora bien, en la resolución que constituye el acto reclamado dictada en la audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno, el juez de origen refirió que la fiscal el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno emitió una determinación de no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados, por considerar que operó la prescripción del delito que se les atribuye. Para lo cual, señaló que la fiscal partió de la base de que la querella se presentó el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, y tomando en consideración que el delito de DESPOJO de cosa inmueble por el que investigó, tiene un término medio aritmético que no supera los tres años, al ser dieciocho meses, por lo que hubo que esperar dicho plazo, por tanto, la representación social argumentó que partiendo desde el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis (fecha de la querella), esa media aritmética fenecía el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, lo que sumado a los tres años, la acción prescribió el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Al respecto, el juzgador señaló que la fiscal indicó que valorando el artículo 127 del Código Penal dijo que no operaban los motivos de suspensión (interrupción de la prescripción), una vez que hubiera pasado el tiempo consistente en la mitad del plazo necesario para la prescripción, por tanto, a su consideración (de la agente del ministerio público) partiendo desde el tiempo de la querella, el plazo feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que cualquier actuación realizada con posterioridad no interrumpía la acción penal, y que partiendo de ahí los tres años, según lo señaló la fiscal, la prescripción feneció el veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Así, una vez que el resolutor de primer grado precisó la postura de la representación social procedió a emitir su decisión judicial, en la que sustancialmente refirió que la actuación de la fiscal no fue correcta, dado que no debe partirse de la querella para realizar el cómputo del término medio aritmético para la prescripción, sino que debe ser a partir del último acto de investigación. Asimismo, el a quo señaló que no se cumple un requisito para la procedencia del no ejercicio de la acción penal, que es el contenido del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que antes de que el Ministerio Público pueda emitir el auto de no ejercicio de la acción penal debe solicitar previa autorización del Procurador (Fiscal General) o del servidor público en quién se delegue esta facultad; lo cual, este juzgado Federal considera objetivamente legal. Sobre este aspecto, la parte quejosa refiere en sus conceptos de violación que el juez a quo no actuó ajustado a derecho, ya que debió analizar sistemáticamente los artículos 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 4° de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el diverso 18° del Reglamento Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, pues contrario a su determinación, la fiscal que decretó la resolución de no ejercicio de la acción penal, sí tiene las facultades suficientes para decretar un acto de esa naturaleza. Es infundado el anterior motivo de disenso, ya que si bien es cierto, en los numerales indicados se hace alusión a que el fiscal puede decretar el no ejercicio de la acción penal; de los mismos también se advierten ciertos aspectos que hay que ponderar, puesto que aunque sí le permiten dictar tal determinación, dicha autorización está condicionada, pues tiene la salvedad de que ello debe acontecer en los términos de la ley procesal aplicable. A continuación se transcribe los preceptos legales invocados por la parte amparista, para su análisis: El artículo 255 del código procesal aplicable, establece: "Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. [.]". Por su parte, la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en su artículo 4°, fracción III, indica: "Artículo 4. Atribuciones de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía General del Estado tendrá las siguientes atribuciones: [.] III.- Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público de abstenerse de investigar, de archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal y de aplicación de criterios de oportunidad, en términos de la ley procesal". Mientras que el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en su artículo 18 preceptúa: "Artículo 18. Facultades y obligaciones de los fiscales investigadores. Los fiscales investigadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones: I. Recibir denuncias o querellas sobre los hechos probablemente delictivos. II. Respetar los derechos humanos de los imputados y velar por los derechos e intereses de las víctimas. III. Determinar, en términos de la ley procesal, la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como los criterios de oportunidad" Así, de los preceptos antes transcritos se observa claramente lo que ya se había indicado, es decir, que si bien la fiscalía tiene la facultad de decretar el no ejercicio de la acción penal no es en términos irrestrictos, sino que se condiciona a que sea en términos de la ley procesal, que como ya quedó de manifiesto, el código adjetivo penal nacional refiere que ello puede darse previa autorización del Procurador (Fiscal General del Estado en el caso) o del servidor público en quien se delegue la facultad. Sin que en esta última hipótesis, pueda considerarse como lo sugiere la parte justiciable en su demanda de amparo, es decir, que precisamente el fiscal es este "servidor público en el que se delega tal facultad", ya que de acuerdo a la interpretación hermenéutica que se realiza de tal disposición, se colige que él mismo no puede darse la autorización, pues se desnaturalizaría el sentido de esta disposición legal. En efecto, el servidor público quién puede autorizarle el no ejercicio al fiscal no puede ser él mismo; así que evidentemente, se trata de una persona distinta al propio fiscal quien debe darle autorización para decretar el no ejercicio previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad (de autorizarle al fiscal); por lo que es evidente que no le asiste razón a la parte quejosa. Asimismo, en diverso motivo de disenso señalan los amparistas que fue incorrecta la determinación del juzgador de primer grado al revocar la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal por prescripción, pues el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán aplicable, que prevé el delito de DESPOJO de cosa inmueble que se les atribuye, dispone lo siguiente: "Artículo 329. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente: l. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, y II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante. Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas en los párrafos anteriores pero éstas se aumentarán hasta el doble, cuando se trate de los autores intelectuales o de quiénes dirijan el despojo se les aplicará prisión de uno a seis años y de diez a sesenta días-multa. Este delito se perseguirá por querella." Por tanto, partiendo de lo anterior, refiere la parte justiciable que del precepto transcrito se observa que el término medio aritmético de su punibilidad es el de dos años con cinco meses, pues sus límites mínimo y máximo son de cuatro meses quince días, a cuatro años y seis meses de prisión, considerando la agravante establecida en el párrafo cuarto del citado precepto (que aumenta hasta en una mitad las penas por ser cometido por más de dos personas) por lo que la suma de estos da como resultado dos años cinco meses. Y al efecto expone la siguiente tabla: Continúa argumentando que si el término medio aritmético de la punibilidad del referido delito de DESPOJO de cosa inmueble es de menos de tres años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal del Estado de Yucatán, debe considerarse que su término prescriptivo es de tres años o treinta y seis (36) meses. De ahí que, la última diligencia practicada dentro de la temporalidad referida en el párrafo anterior, fue el diecisiete de julio del año dos mil diecisiete, por lo que tomando en consideración las reglas ya citadas, a partir del veinticinco de noviembre del año dos mil diecisiete, comenzó a correr el término de tres años para la prescripción de la acción penal por el delito de DESPOJO de cosa inmueble previsto y sancionado por el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán, temporalidad que feneció el veinticinco de noviembre del año dos mil veinte. Por tanto, refieren los quejosos que el juez de instancia realizó un incorrecto actuar, pues pretende sustentar su determinación argumentando que la mitad del plazo para la interrupción de la prescripción la acción penal por el delito de despojo de cosa inmueble, es decir, dieciocho meses, se toma a partir del último acto de investigación, y no a partir de que de la interposición de la querella. Lo anterior señalan que es ilegal, pues de conformidad con la interpretación del artículo 125, en concordancia con lo dispuesto por el diverso numeral 127, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, el término para que prescriba la acción penal del delito se interrumpe con las diligencias de investigación que se practiquen de la fecha de la interposición de la denuncia y/o querella, hasta antes de que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción, ya que después de transcurrido dicho plazo ya no podrá interrumpirse. Por tanto, refieren que ubicados en el caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del citado Código Penal del Estado de Yucatán, el plazo que debe transcurrir para que las actuaciones del Ministerio Público dejen de interrumpir la prescripción, una vez que se ha presentado la querella, es el de dieciocho meses contados a partir de que se colme ese requisito; lo que se traduce en que una vez transcurridos esos dieciocho meses, reiniciará el plazo prescriptivo de tres años, sin que pueda ser interrumpido por las actuaciones de la fiscalía. Así, señalan que si la denuncia fue interpuesta por el hoy tercero interesado ******************** mediante memorial de fecha veinticuatro de mayo del año dieciséis, sobre el delito de despojo de bien inmueble, el plazo de dieciocho meses para que las actuaciones del Ministerio Público dejaran de interrumpir la prescripción del delito, se cumplió veinticuatro de noviembre del diecisiete, por lo que el plazo prescriptivo de tres años comenzó a transcurrir de nuevo al día siguiente del veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, es decir, el veinticinco del referido mes y año, feneciendo el veinticinco de noviembre del año dos mil veinte, lo que revela que cuando se determinó el no ejercicio de la acción penal, ésta ya se encontraba prescrita. Y sobre el particular, también presenta la gráfica siguiente: Ahora bien, el anterior motivo de inconformidad deviene infundado. En efecto, de acuerdo con lo planteado por los disidentes, se observa que parten de una premisa equivocada al considerar que el plazo de la prescripción debe computarse a partir de la presentación de la querella (como originalmente lo consideró la fiscalía), pues lo correcto en el presente caso es como lo señaló el juez a quo, es decir, a partir del último acto de investigación realizado por el ministerio público, cuando ya se ha cumplido con el requisito procedimental de la presentación de la querella. A fin de clarificar este punto, es menester atender el contenido de los dispositivos legales relacionados con dicho tópico de la prescripción, que son los numerales 119 a 121 y 125 del Código Penal del Estado de Yucatán, que disponen: "Artículo 119. La acción penal prescribe en un año si el delito solo mereciere multa. Si el delito mereciere además de ésta, sanción privativa de libertad o fuere alternativa, se estará en todo caso a la prescripción de la acción penal, en los términos del artículo siguiente y lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria." "Artículo 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años." "Artículo 121. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio." "Artículo 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." Del análisis de los preceptos transcritos se obtiene que para efecto de realizar el cómputo de la prescripción de la acción penal, es menester atender a tres cuestiones fundamentales, a saber: 1. El término para que opere; 2. A partir de cuándo debe computarse dicho término; y, 3. Qué actuaciones interrumpen la prescripción. En relación con el punto número "1" indicado (el término para que opere), y en tratándose de delito que merece pena privativa de libertad, como en el caso a estudio acontece, los artículos 119 y 120 transcritos establecen, como regla genérica, que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. En cuanto al punto número "2" señalado (a partir de cuándo debe computarse dicho término), se establece que los términos para la prescripción de la acción penal son continuos y que, por regla genérica, se contarán a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente. Y en lo que ve al punto "3" (las actuaciones que interrumpen la prescripción), el artículo 125 de la mencionada codificación dispone que la prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas, y que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Así, las reglas genéricas señaladas relativas a los puntos "1" y "2" indicados (el término para que opere la prescripción y a partir de cuándo debe computarse), tienen como excepción la regla específica establecida en el transcrito artículo 121 del Código Penal del Estado, el cual expresamente dispone que cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularla, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia, y que una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. De una interpretación a tal disposición, se llega al conocimiento de que el legislador local estableció -como excepción a la regla genérica indicada y salvo que la ley no prevenga otra cosa- un término especial y distinto para la prescripción de la acción penal en aquellos delitos que solo puedan perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, basado en el conocimiento o no del delito y del delincuente. Así, en la hipótesis referida en el párrafo que antecede, y para determinar lo establecido en el punto "1" (el término para que opere la prescripción), la propia norma dispone lo siguiente: a) La acción penal prescribirá en el término de un año cuando se tenga conocimiento del delito y del delincuente; y, b) Dicha acción prescribirá en el término de tres años cuando no se tenga dicho conocimiento del delito y del delincuente. Se afirma lo anterior, ya que sólo así puede entenderse el siguiente apartado de la norma ".prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia.". Asimismo, en la hipótesis que se analiza (cuando se trate de los delitos que sólo puedan perseguirse por querella o por un acto equivalente), en lo relativo al punto "2" indicado [a partir de cuándo debe computarse dicho término] y única y exclusivamente cuando quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, el legislador también estableció una excepción a la referida regla general, pues al respecto, expresamente dispuso en el citado artículo 121, que en ese supuesto dicho término deberá contarse precisamente desde el día en que tengan ese conocimiento (del delito y del delincuente). Por ello, evidentemente, si no existe o no está demostrado ese conocimiento, hipótesis en la cual, como se ha dicho, el término para que opere la prescripción es de tres años, no se actualiza el referido caso de excepción para el inicio del cómputo respectivo, por lo que al no existir alguna disposición especial al respecto debe comenzar a contarse conforme a la indicada regla genérica. Esto es, a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente; pero, sólo en el caso de que las personas que puedan formular la querella o el acto equivalente carezcan del conocimiento del delito y del delincuente. Además, debe tenerse presente que, conforme al texto de la norma que se analiza, dichas reglas específicas, como excepción a las generales, solamente son aplicables durante el lapso en que comienza a correr el término de la prescripción de la acción penal conforme a lo indicado, hasta la interposición de la querella o del acto equivalente, puesto que una vez llenados esos requisitos de procedibilidad, se debe atender a la disposición contenida en la última parte del multicitado artículo 121, que establece: "Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio.". Lo que significa que una vez que se hubiera interpuesto la querella o el acto equivalente dentro de los términos indicados, a partir de ese acto procesal dejan de cobrar aplicación las reglas excepcionales en lo que ve a los dos referidos aspectos, esto es, en lo relativo al término para que opere la prescripción (punto "1") y en lo que ve al momento a partir en que debe computarse dicho término (punto "2"). Puesto que a partir de ese momento la prescripción sigue corriendo conforme a las reglas establecidas para los delitos perseguibles de oficio, esto es, el término será conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 120 del código punitivo local [en tratándose de delitos con sanción privativa de la libertad, será de un plazo igual al término medio aritmético de dicha sanción, pero en ningún caso menor de tres años]. Por todo ello, se concluye que de una interpretación sistemática de los artículos 119 a 121 del Código Penal del Estado, las reglas de la prescripción de la acción penal relativas a los delitos perseguibles de oficio son distintas a las que corresponden a los delitos que para su procedibilidad requieran de la querella o de un acto equivalente, ya que conforme a dichos preceptos las reglas que a cada uno de ellos corresponden, son las siguientes: I. Para los delitos que se persiguen de oficio (regla general). 1. El término para que opere. En tratándose de delito que merece pena privativa de libertad, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de dicha sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años (artículos 119 y 120 del Código Penal del Estado). 2. A partir de cuándo debe computarse dicho término. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente. Explicado lo anterior, retomando el análisis de los delitos que se persiguen por querella, como acontece en la especie, debe precisarse a partir de cuándo debe computarse el plazo de la prescripción. Como se está en el supuesto de que ya se interpuso la querella o el acto equivalente conforme a las normas señaladas con antelación, evidentemente ya no puede atenderse a la naturaleza del delito (instantáneo, continuado, permanente o cometido en grado de tentativa), sino que debe empezar a computarse de nuevo a partir de la interposición de la querella o el acto equivalente, tomándose en cuenta, desde luego, la disposición contenida en el transcrito artículo 125 del código punitivo de la entidad, esto es, a las actuaciones que interrumpen la prescripción, así como las demás disposiciones aplicables que obran en el propio capítulo. Al respecto, el numeral citado, establece: "ARTÍCULO 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." Del dispositivo legal recién transcrito se obtiene que la querella presentada ante la autoridad ministerial interrumpe el término de la prescripción, pues al recibirla se pone en funcionamiento la maquinaria de investigación de la representación social en averiguación del delito. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que el precepto que se analiza y que establece las reglas específicas de la prescripción de la acción penal, en tratándose de delitos que sólo pueden perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente (artículo 121 del Código Penal del Estado), dispone que su aplicación se da "cuando la ley no prevenga otra cosa". Sin embargo, se considera que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que como los artículos 119 y 120 de dicho ordenamiento legal contemplan el término para la prescripción de la acción penal, se actualiza el supuesto que prevé el artículo 121 para su inaplicación ("cuando la ley no prevenga otra cosa"). Lo anterior, ya que de realizarse esa interpretación aislada carecería de ser la existencia jurídica del multicitado precepto 121 de la legislación penal estatal, pues nunca podría aplicarse su contenido ante la existencia de tales disposiciones (los artículos 119 y 120). Por el contrario, tomándose en cuenta que la ley no es un conjunto de normas aisladas e independientes, sino interdependientes, de tal suerte que forman parte de un sistema donde la interpretación de alguna disposición debe estar acorde al sistema al cual pertenece, entonces, se considera que el artículo 121 de referencia debe analizarse en forma coherente con los diversos preceptos que regulan la prescripción de la acción penal (interpretación sistemática). Raciocinio que da como resultado que los artículos 119 y 120 del Código Penal del Estado establecen la regla genérica de la prescripción de la acción penal en tratándose de los delitos perseguibles de oficio, y el artículo 121 de la propia codificación contiene las relativas a aquellos delitos que sólo puedan perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, y la frase de inaplicación contenida en este último precepto que dice "cuando la ley no prevenga otra cosa", va dirigida a aquellos casos en que respecto a algún delito en particular exista alguna disposición especial que establezca reglas específicas. Cabe precisar, que en términos generales, la prescripción se entiende como una causa de extinción de la responsabilidad criminal, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos y su fundamento radica en consideraciones de seguridad jurídica, pues se trata de impedir que los individuos carezcan indefinidamente de certeza y confianza sobre su situación legal por hechos que realizaron en el pasado. Continuando con el tema, además de lo ya expuesto, es menester precisar que el Código Penal del Estado de Yucatán reconoce tres categorías de prescripción: I.- De la querella; II.- De la acción penal; y, III.- De la ejecución de sanciones. Conforme a lo anterior, no debe confundirse la prescripción del derecho del ofendido para presentar una querella, con la prescripción de la facultad pública de ejercer la acción penal, y menos aún con la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones. Lo anterior, porque el derecho a interponer querella, en su carácter de requisito de procedibilidad, corresponde al gobernado; a diferencia del ejercicio de la acción penal, cuya competencia radica única y exclusivamente en la institución del Ministerio Público, al tenor del artículo 21 constitucional. Cuando prescribe el derecho a querellarse, también prescribe, de manera indirecta y consecuente, la facultad de la autoridad ministerial de ejercer acción penal y, por consecuencia, el derecho a ejecutar alguna pena sobre el sujeto activo, ya que tratándose de delitos que se persiguen por querella, el ejercicio de la acción penal depende del citado requisito de procedibilidad. Como se anticipó, en el caso, no se está en la hipótesis de analizar lo relativo al punto de la oportunidad de la presentación de la querella, sino que en la especie, es menester analizar si con posterioridad a ésta prescribió la acción penal o si ello no aconteció como lo señaló el juez de origen. Así, el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Yucatán antes transcrito, señala que una vez llenado el requisito de procedibilidad (presentación de la querella) la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Caso en el cual la sanción está dirigida a la autoridad ministerial, por ser quien debe proceder de oficio a la investigación de los delitos conforme al diverso 223 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, de decretar la prescripción si no da seguimiento a la indagatoria dentro de los plazos previstos en la ley. Para lo cual es menester acudir al diverso numeral 120 del propio código punitivo estatal, que señala: "ARTÍCULO 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años". De conformidad con este precepto, el plazo menor para que opere la prescripción de la acción penal es de tres años, que puede aumentar de conformidad con el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad prevista para el delito. Plazo que tampoco transcurrió, según se observa de autos, como correctamente lo consideró el juez penal de origen. Lo anterior, pues el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán aplicable, que prevé el delito de despojo de inmueble que se les atribuye a los aquí quejosos, de acuerdo con lo ya analizado, su término medio aritmético no rebasa los tres años; en esa guisa, de conformidad con el numeral 120 de la codificación sustantiva de la materia estatal, el plazo básico de la prescripción de la acción sería éste, es decir, tres años. Partiendo de ahí, como fue presentada la querella el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, al ser un acto de investigación ministerial (pues con esto da inicio la carpeta de investigación) se considera que interrumpe la prescripción de la acción penal; por tanto, este parámetro debe aumentarse en una mitad, como lo refiere el numeral artículo 126, segundo párrafo del código punitivo estatal, que señala: "[.] La interrupción de la prescripción de la acción penal, hará que se amplíen hasta una mitad como máximo los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción. [.]". De ahí que se obtiene como resultado el plazo de cuatro años seis meses, ya que son los tres años más una mitad de los mismos (un año seis meses), el cual debe computarse en el presente caso, no desde la presentación de la querella, sino desde la última actuación que el fiscal realizó en función de la investigación, pues el numeral 125 del Código Penal local, señala en lo que interesa, que la prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público que se practiquen en investigación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los imputados, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas, además de que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. En consecuencia, si de acuerdo a lo que está probado en autos y confirmado en la audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno de la que deriva el acto reclamado, tal y como fue reconocido por la propia fiscal, el último acto de investigación en la carpeta relativa se realizó el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por tanto, a partir del día siguiente comenzó a contar el plazo de la prescripción, que es de cuatro años, seis meses, por lo que fenecería el diecisiete de enero de dos mil veintidós. En esa tesitura, resulta incorrecto que la representación social el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, haya decretado que prescribió la acción penal, tal como adecuadamente lo consideró el juez. Ni tampoco puede estimarse como lo sugiere la parte quejosa, que de conformidad con la interpretación del artículo 125, en concordancia con lo dispuesto por el diverso numeral 127, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, que ya había transcurrido más de la mitad del plazo de la prescripción, por lo que no podía operar la interrupción en términos de lo señalado por el juez. Lo anterior, porque contrario a ello, de acuerdo a la fecha de la querella (veinticuatro de mayo de dos mil veinte) en relación con la que se considera el último acto de investigación (diecisiete de julio de dos mil diecisiete) no transcurrió más de la mitad del término de prescripción, ni siquiera tomando en cuenta la diversa data que alude la parte quejosa (veinticuatro de noviembre de dos mil veinte); pues la mitad del plazo que se requería para que ya no se interrumpiera la prescripción es de dos años, tres meses (considerando que el plazo completo es de cuatro años, seis meses), de ahí que entre la querella y el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, sólo transcurrió un año con seis meses. Asimismo, la parte amparista aduce que fue ilegal la invocación que el A quo realizó del artículo 126 del Código Penal local, pues la hipótesis de su segundo párrafo se ciñe a lo establecido por el mismo artículo en su primer párrafo, es decir, esto es aplicable para asuntos de extradición internacional o por requerimientos de colaboraciones de ministerios públicos de diversas entidades federativas, lo que que en el asunto en cuestión no acontece. Al respecto debe decirse que la interpretación que realiza la parte justiciable no es la que corresponde, ya que deben analizarse en forma integral y sistemática los artículos 120, 125 y 126, de la legislación sustantiva penal, que estatuyen: "ARTÍCULO 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. ARTÍCULO 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. ARTÍCULO 126. La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente; por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el Ministerio Público de esta Entidad Federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso, también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo, subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripción de la acción penal, hará que se amplíen hasta una mitad como máximo los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción." Ahora, si bien es cierto que el numeral 126 alude a la interrupción de la prescripción de las acciones en asuntos de extradición internacional o por requerimientos de colaboraciones de ministerios públicos de diversas entidades federativas, dicho artículo no establece dicha interrupción en forma exclusiva para estos casos, ya que la señala como una forma adicional de interrupción de la prescripción a lo establecido en el artículo anterior (125). Efectivamente, el numeral 126 invocado refiere que "la prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional [.]". Y tampoco, la extensión de la prescripción hasta una mitad que refiere el segundo párrafo del artículo 126 no se advierte que sea sólo en lo aplicable a este numeral (acciones en asuntos de extradición internacional o por requerimientos de colaboraciones de ministerios públicos de diversas entidades federativas), pues el propio ordinal, en diverso párrafo refiere a qué otros artículos se aplica tal disposición: "La interrupción de la prescripción de la acción penal, hará que se amplíen hasta una mitad como máximo los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción." Como se observa, ahí se menciona el artículo 120 del Código Penal estatal, que es el que en el caso sirve de base para considerar que el término medio aritmético básico para que opere la prescripción de la acción en la especie es de tres años, porque de acuerdo al artículo que contiene el delito, la media aritmética natural es menor a tres años, numeral que relacionado con el propio precepto 126, permite establecer que debe aumentarse una mitad de esos tres años, para dar como resultado los cuatro años y medio que se han señalado en párrafos precedentes como plazo de prescripción de la acción. En consecuencia, tampoco lo señalado en este aspecto favorece a los intereses de la parte quejosa. Adicionalmente, en relación con este punto, se señala en la demanda de amparo que durante la audiencia de tres de junio del año dos mil veintiuno, la defensa de los inculpados manifestó oralmente la jurisprudencia con registro digital 2017018, a fin de sostener ante la autoridad responsable lo correcto y fundado de la determinación por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sin embargo, el juez responsable fue omiso en pronunciarse al respecto, ya que no manifestó la razón o motivo por el cual no consideró aplicable dicho criterio, precedente de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)". Lo anteriormente señalado por la parte promovente del amparo se considera parcialmente fundado pero inoperante, ya que tiene razón en el sentido de que el juez a quo no se pronunció en relación a si la jurisprudencia era aplicable al caso o no, pero es inoperante porque ello no causa perjuicio alguno a los derechos fundamentales de la parte quejosa que deba ser reparado en esta vía constitucional. En efecto, lo anterior es así, ya que no hizo falta que el a quo se pronunciara en forma particular y destacada sobre la invocación de la jurisprudencia, pues al exponer su determinación judicial señaló los motivos por los cuales estimó que en el caso no había transcurrido la mitad del plazo para que operara la prescripción. Pues el punto toral en que descansa la resolución del juez de control, es que el plazo de la prescripción no puede contar desde la querella (como lo estimó la fiscal) sino a partir de la última actuación, lo que excluye la hipótesis planteada en la jurisprudencia, ya que entre la querella (veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis) y el último acto de investigación (diecisiete de julio de dos mil diecisiete) no transcurrió más de la mitad del plazo para que opere, pues el juez fue enfático al destacar que el cálculo de la fiscal no fue correcto, con lo que, se reitera, quedó clara la exclusión de la hipótesis planteada en la jurisprudencia invocada que señala la parte quejosa; de ahí que no era indispensable que el juez indicara expresamente que desestimaba la aplicación de dicho criterio. Por otra parte, en diverso motivo de disenso, la parte impetrante del amparo manifiesta que el Juez de Control argumentó que la querella interpuesta por ********************, no sólo fue en contra de personas que realizaron el despojo, sino de las personas que lo ordenaron, las cuales tal vez serían los autores intelectuales que dirigieron el despojo, lo que hace que las sanciones pudieran aumentarse. Señala que también el a quo indicó que en el caso concreto se trata de una propiedad privada, por lo tanto, las sanciones no son las que fijó la fiscalía, sino las que hace valer el párrafo segundo del artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán, lo que aumenta que la media aritmética pudiera ser de tres años, seis meses, incluso alega que ante la autoría intelectual, también pudiera aumentarse aún más la penalidad, por lo que el fiscal debió haber evaluado y fijar por qué no se estaba ante una hipótesis de propiedad privada, así como por qué existe autoría intelectual o una dirigencia por parte de personas que ejecutaron, pues la fiscal fue omisa al respecto, ya que únicamente partió del delito base, sin tomar en cuenta dichas agravantes. Lo anteriormente expuesto, refieren los quejosos que les causa perjuicio, porque el Juez de Control utilizó como fundamento para tales argumentos un tipo penal con agravantes que no se encontraban vigentes al momento en que fueron querellados los hechos. Los justiciables argumentan que los hechos fueron querellados por ********************, el veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, siendo que en dicha fecha no se encontraba prevista en el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán la agravante relativa a que si se tratare de propiedad privada la pena debe aumentarse, la cual entró en vigor el veinte de junio del dos mil diecisiete, es decir, con posterioridad a la fecha en la que fueron querellados los hechos por parte del hoy tercero interesado. Adicionalmente, señala la parte quejosa sobre este mismo análisis sobre las agravantes, que le causa perjuicio que el Juez de Control responsable expusiera que la fiscal también debió estudiar si se trataba de autores intelectuales o de personas que dirigieron el despojo para que verificar si se agravaban las penas, toda vez que el agraviado al presentar su querella, no manifestó, ni hizo referencia, ni atribuyó hechos relativos a una supuesta autoría intelectual del delito de despojo de cosa inmueble en contra de persona alguna, aunado a que tampoco la investigación que realizó el ministerio público arrojó dato de prueba alguno en ese sentido. Por ello, estima que la fiscalía no se encontraba obligada a realizar pronunciamiento alguno respecto de dicha agravante, por lo cual el juez de control contraviene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, tutelados por nuestra Carta Magna, dado que la Fiscalía General del Estado de Yucatán no está obligada a estudiar agravantes del delito que no se actualizan como resultado de la investigación, por lo que el Juez de Control no debió exigir que el fiscal estudie y verifique si se actualiza una autoría intelectual, que además de que no fue objeto de la querella. Lo anteriormente sintetizado es infundado en parte y fundado en otra. Por cuestión de método se procede a señalar en primer término que no le asiste razón a la parte quejosa al exponer que fue incorrecto que el juez indicara en su resolución que la fiscal también debió estudiar si se trataba de autores intelectuales o de personas que dirigieron el despojo para que verificar si se agravaban las penas. Lo anterior pues fue un argumento que fue sometido a la litis del medio de control judicial solicitado por el asesor jurídico de la víctima, y además, así lo manifestó este último en su intervención inicial de la diligencia de tres de junio de dos mil veintiuno. De ahí que, sea infundado lo que señala la parte disidente en torno a este punto, pues al margen de que el agraviado no haya hecho alusión específica a esta circunstancia, sí se mencionó en la audiencia que en la carpeta de investigación, existen testigos que señalaron tal aspecto (asesor jurídico), incluso, la defensa en su intervención contra argumentó en relación con ello, señalando que el asesor jurídico no había proporcionado el nombre de los testigos. En esa guisa, es claro que la actuación del juez de primer grado resulta legal, ya que se trata de los hechos relacionados con la indagatoria ministerial, los cuales no son proporcionados únicamente en la noticia criminal contenida en la querella, sino que la representación social puede tomar en consideración todos los datos de prueba que obren o allegarse de los que estime pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; pero es punto fundamental que la representación social tiene como partida de los hechos para emprender su análisis en relación con el posible delito que se actualice, incluso con sus agravantes. Por tanto, no fue desajustada a derecho la actuación que la parte amparista señala por parte del juez de instancia, sólo en este aspecto, máxime que sí fue argumentado por el asesor jurídico de la víctima. Sin embargo, en relación con lo que arguye la parte amparista en el sentido de que el Juez de Control en su determinación utilizó como apoyo una legislación penal que no es aplicable en la época de los hechos, ello resulta esencialmente fundado. En efecto, como lo sostiene la parte justiciable, se advierte que una de las agravantes que invoca el A quo, en concreto, la relativa a que "cuando el inmueble ocupado sea propiedad privada", no encuentra sustento en la legislación penal sustantiva aplicable, por no estar vigente en la tipificación del delito de acuerdo con la ley penal aplicable al momento de los hechos. Ciertamente, se observa que tal como lo aduce la parte quejosa, esa porción normativa que contiene la agravante en comento fue adicionada al Código Penal del Estado de Yucatán en la reforma de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, cuando los hechos delictuosos acontecieron en época pasada, e incluso la querella es de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Así, de la redacción del artículo 329 del Código Penal local aplicable anterior a la reforma de dos mil diecisiete, se señala: "DESPOJO DE COSA INMUEBLE ARTÍCULO 329. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días-multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, y II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante. Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas, pero a los autores intelectuales, o a quienes dirijan el despojo se les aplicará prisión de uno a seis años y de diez a sesenta días-multa. Este delito se perseguirá por querella". Mientras que en la redacción de dicho numeral reformado mediante decreto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se observa que se incluye esta agravante, estableciendo literalmente: "DESPOJO DE COSA INMUEBLE ARTÍCULO 329. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días-multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, y II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante. (ADICIONADO, D.O. 19 DE JUNIO DE 2017) Cuando el inmueble ocupado sea de propiedad privada, a los responsables se les impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de veinte a sesenta días-multa, para las propiedades del estado y municipios, sólo se considerarán aquellas del dominio privado. (REFORMADO, D.O. 19 DE JUNIO DE 2017) Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas en los párrafos anteriores; pero éstas se aumentarán hasta el doble, cuando se trate de los autores intelectuales o de quienes dirijan el despojo. Este delito se perseguirá por querella". En esa guisa, resulta claro que en la reforma de diecinueve de junio de dos mil diecisiete se incluyó la agravante relativa a que cuando el inmueble ocupado sea de propiedad privada, a los responsables se les impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de veinte a sesenta días-multa; por lo tanto el juez de instancia responsable no debió haber hecho argumentación al respecto, como consecuencia de la revocación de la determinación ministerial de prescripción de la acción penal, en la medida que debió ceñir su actuar a la descripción típica aplicable al momento de los hechos, la cual, se reitera, no contemplaba la agravante de mérito. En consecuencia, resulta evidente que en consecuencia, la obligación que impuso a la fiscalía de volver a investigar (porque no se actualizó la prescripción de la acción penal) y tener que tomar en consideración tal aspecto en la carpeta de investigación, no es objetivamente legal, ya que contraviene el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica en contra de la parte quejosa. Ciertamente, en breve recapitulación de la determinación judicial impugnada en esta instancia constitucional, se tiene que el juez a quo, consideró que la base por la cual partió la fiscalía para la prescripción no es adecuada, ya que el asunto no se encuentra en esa hipótesis como lo interpretó la fiscalía, y en el supuesto sin conceder de que sí se estuviera, tampoco expuso las consideraciones por las cuales indicara el motivo por el que no se actualiza el delito de despojo de cosa inmueble párrafo terceros y cuarto. En la audiencia de tres de junio de dos ml veintiuno, el resolutor de origen señaló que: 1.- No se cumple el requisito de procedibilidad para emitir el no ejercicio de la acción penal. 2.- Que no se tomaron en cuenta sus alegaciones, las reglas para la prescripción de la acción penal que establece la legislación penal aplicable; y, 3.- Además de que no consideró ni expuso las fracciones a que hace alusión la asesoría jurídica, quien dijo que hay propiedad privada, por lo que pudiera agravarse el delito, que hay pruebas para demostrarlo, lo que la fiscalía no debatió, lo que hace presumir que ello es cierto, de lo contrario hubiera expuesto argumento en contra; que la querella también fue presentada por posibles actores intelectuales o dirigentes del mismo, sin que la fiscalía hiciera mención de esa situación, por lo que debió haber analizado estas hipótesis y si no consideraba que se actualizan y esto la llevaba a considerar las sanciones base del artículo 329 como lo hizo, esto debió haber sido bajo los motivos y fundamento de un análisis del caso concreto. Por todas esas inconsistencias, el A quo ordenó dejar sin efecto la determinación ministerial de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y le indicó a la fiscalía que quedaba en aptitud de continuar con la investigación bajo los parámetros que el juez le ha dado, o de resolver lo que considere de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgándole cinco días para dejar insubsistente la determinación y tres días más para informarle al juez responsable lo que haya determinado. Por tanto, se observa que dado el sentido de los efectos que el resolutor de instancia le imprimió a su fallo, sobre todo el destacado en el número tres en este estudio, en específico a la agravante relativa a la propiedad privada, es que amerita otorgar la protección constitucional a la parte justiciable, para los efectos que más adelante se precisarán. Cabe acotar, que en lo que respecta a la diversa agravante invocada por el juez a quo, consistente en la situación relativa a los autores intelectuales, debe decirse que se considera correcto que haya hecho alusión a ello en el acto reclamado. Puesto que, como ya se dijo, tal circunstancia fue invocada por el asesor jurídico y fue parte de la litis del control judicial al exponer este punto en la audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno, lo que dio materia al juez para pronunciarse sobre el particular, pero además, porque tal agravante sí se prevé en la legislación penal aplicable en la época de los hechos; tal como se evidencia de la parte conducente del artículo 329 del Código Penal estatal aplicable, que señala: "[.] Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas, pero a los autores intelectuales, o a quienes dirijan el despojo se les aplicará prisión de uno a seis años y de diez a sesenta días-multa. [.]". Siendo que en la parte reformada por decreto publicado en el Diario Oficial el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el mismo artículo 329 señala: "[.] Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas en los párrafos anteriores; pero éstas se aumentarán hasta el doble, cuando se trate de los autores intelectuales o de quienes dirijan el despojo. [.]. En efecto, como se expuso, esta segunda agravante mencionada por el resolutor de origen sí existe en la legislación aplicable, siendo que del análisis comparativo de la redacción del texto legal antes y después de la reforma, se observa que en lo sustancial, lo que varía es la penalidad de la prisión, ya que de acuerdo al código penal aplicable al presente caso, se establece como agravante que a los autores intelectuales o a quienes dirijan el despojo se les aplicará una penalidad de uno a seis años de prisión, mientras que en el texto reformado se indica que las penas se aumentarán hasta el doble. Por tanto, en relación con este aspecto, es necesario solamente precisar que, si bien fue correcto que el a quo destacara tal aspecto a la representación social y le instruyera que debe tomar en consideración lo concerniente a dicha agravante, ello es correcto, sólo con la precisión que debe acontecer en el marco de la legislación penal aplicable, es decir, la que prevé la agravante de que a los autores intelectuales o a quienes dirijan el despojo se les aplicará una penalidad de uno a seis años de prisión. En las relatadas condiciones, en términos de los artículos 73, párrafo primero y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al resultar parcialmente fundado este último concepto de violación analizado, procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad: 1.- Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno en el expedientillo 101/2021 de dicho Juzgado, que REVOCÓ la determinación de prescripción de la acción penal. 2.- Con las formalidades legales, lleve a cabo una nueva audiencia en la que, dejando intocado lo aquí analizado en relación con la revocación del no ejercicio de la acción penal por prescripción (ya que se considera correcta tal medida) precise que no es posible atender como agravante del delito la relativa a cuando el inmueble ocupado sea de propiedad privada, pues no la prevé la legislación penal sustantiva aplicable al caso de acuerdo con la época de los hechos. 3.- Y en relación con la diversa agravante aplicable cuando se trate de autores intelectuales o quienes hayan dirigido el despojo, sólo deberá hacer la precisión que la representación podrá tomarla en consideración en términos de la porción normativa aplicable al momento de los acontecimientos delictivos, con la penalidad ahí indicada. 4.- Finalmente, deberá dejar también intocado lo relativo a la instrucción final de que la fiscalía podrá continuar con la investigación bajo los parámetros que el juez le indicó, o de resolver lo que considere de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales., en la temporalidad que ya había fijado el Juez de Control. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, OMAR KURI CHAPUR, EDUARDO GUILLERMO KURI HADDAD o EDUARDO GUILLERMO KURI HADAD y la persona moral ******************** por conducto de su apoderada legal ******************** en contra del acto que reclaman del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos señalados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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