Jose Eduardo Gutierrez Pacheco
Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Eduardo Gutierrez Pacheco
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de catorce de marzo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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MESA iI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO: Agréguese a los autos el ocurso signado por José Eduardo Gutiérrez Pacheco, mediante el cual cumple con la prevención efectuada por acuerdo de siete de marzo en curso (fojas 15-18); téngase por satisfecha la misma en los términos solicitados por este Juzgado. En consecuencia, en relación con la demanda de amparo promovida por José Eduardo Gutiérrez Pacheco; continúese con el registro número 211/2018-II-B, con el cual quedó registrada en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece:. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez de Control de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, lo siguiente: La negativa a tenerle por acreditada su personalidad como licenciado en derecho y en vía de consecuencia como defensor de José Alfredo Flores Galván, en la audiencia de juicio, por no presentar el original de su cédula profesional. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Precisado lo anterior, en el caso en concreto la negativa a tenerle por acreditada su personalidad como licenciado en derecho y en vía de consecuencia como defensor de José Alfredo Flores Galván, en la audiencia de juicio, por no presentar el original de su cédula profesional en el proceso penal ****, no es un acto de imposible reparación. Ahora bien, para tener un mayor panorama resulta oportuno traer a contexto el contenido de los artículos 17, 113, 115 y 116 del Código Nacional de Procedimiento Penales en los cuales se establece lo siguiente:. De la transcripción de las porciones normativas contenida en el código procedimental se advierte de manera precisa y reiterada que el legislador preponderantemente estableció como requisito de defensa que quien la ejerza sea licenciado en derecho lo cual acreditará con cédula profesional, de ahí que la jueza señalada como responsable haya requerido como requisito sine qua non, la exhibición de la cédula profesional lo que en el caso no ocurrió, pues de los hechos narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad refirió que únicamente exhibió copia certificada del referido documento. Sin embargo, al margen de lo referido por el impetrante, resulta oportuno indicar que del anexo exhibido de manera conjunta a su demanda consistente en un disco compacto (DVD) el cual contiene la audiencia de juicio oral, constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte -en el minuto 6:55- que el imputado José Alfredo Flores Galván nombró a un diverso defensor -Eligio Cano Mar- el cual acreditó ante la jueza señalada como responsable, ejercer la profesión de licenciado en derecho con la cédula profesional correspondiente, sumándose a lo anterior que en el minuto 32:30 de la referida audiencia la jueza difirió la audiencia para el quince de marzo del año en curso. En las relatadas consideraciones y teniendo como fundamento los artículos transcritos en párrafos anteriores resulta evidente que en su caso el impetrante podrá acudir a la nueva audiencia -si es el deseo del imputado- y podrá exhibir el original de la cédula profesional con la que acredite de manera fehaciente ejercer la profesión de licenciado en derecho. De ahí que, con independencia de la postura adoptada en la audiencia de doce de febrero del año en curso, por la Jueza de Control de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, no le ha sido coartado al impetrante ningún derechos sustantivo que le impida el ejercicio de su profesión. Entonces, debe indicarse que dicho acto reclamado no afecta directa o inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, ya que lo que se reclama no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso, como ya se dijo podrá acudir a la continuación de la audiencia y acreditar con la cédula profesional exigida por el Código Nacional de Procedimiento Penales. Bajo ese panorama, es incuestionable que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse que sea de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicho acto reclamado no afecta de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo de la promovente, al poder acudir a la continuación de la audiencia para acreditar su personalidad, toda vez que tal acto tendría una ejecución de imposible reparación sólo si a pesar del acrditamiento de su personalidad no le fueran reconocida esta, afectando con ello alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por José Eduardo Gutiérrez Pacheco. No es impedimento para adoptar el anterior criterio, la circunstancia de que inicialmente se haya prevenido a la parte quejosa dado que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos, lo que en el caso no aconteció.
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MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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