José Eduardo Gómez Reyna

Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1171/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • José Eduardo Gómez Reyna

Actuaciones

  1. Incidental

    SENTENCIA INCIDENTAL Este Juzgado resuelve en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1171/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ...respecto al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de revisión de medida cautelar de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 57/2023, que se le instruye por el delito de abuso sexual en persona menor de quince años agravado por haber sido cometido por sujeto activo cualificado, atribuido al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran en relación con la medida cautelar impuesta dentro de la citada causa penal.

  2. Incidental

    1. Informe previo y vista. Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio u Oral del Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe previo; en consecuencia, se pone a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia incidental.

  3. Principal

    1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ********************, en su carácter de defensor privado de ********************, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. El cual consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso dentro de la causa penal ********************, que se le instruye por el delito de abuso sexual en persona menor de quince años agravado por haber sido cometido por sujeto activo calificado. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1171/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 5. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ******************** colonia ********************, en esta ciudad. 5.1 Correo electrónico y número de teléfono. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como correos electrónicos y número de teléfono los que indica en su ocurso de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 7. Autoridad señalada como responsable. Se tiene como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 8. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado, sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 9. Solicitud al Juez responsable respecto a la representación de la parte quejosa. Toda vez que la demanda de amparo se promueve por quien refiere ser defensor privado de ********************, en los autos de la causa penal ********************; con fundamento en los dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias en las que se acredite fehacientemente el carácter con que acude a esta instancia constitucional ********************. 9.1 Apercibimiento. Por tanto, se apercibe al promovente para el caso de que se acredite que no tiene el carácter con el que se presenta en esta instancia, se le aplicará una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en propio precepto 14 de la citada legislación. 10. Terceros interesados. Respecto a los terceros interesados, se reserva acordar su emplazamiento hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].

  4. Incidental

    1. Formación de incidente y actos reclamados. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión solicitado por *****, en su carácter de defensor privado de *****, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de revisión de medida cautelar de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *************, que se le instruye por el delito de abuso sexual en persona menor de quince años agravado por haber sido cometido por sujeto activo calificado. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. 5. Interés suspensional. La parte quejosa lo justifica con la manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de que en la audiencia de revisión de medida cautelar de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********, índice de la autoridad responsable, que se le instruye por el delito de abuso sexual en persona menor de quince años agravado por haber sido cometido por sujeto activo calificado, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 6. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, parte del fundamento constitucional previsto en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Federal. El análisis de la apariencia del buen derecho tiene como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de una autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En atención a lo expuesto, cabe enfatizar en principio que la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la medida cautelar no ocasionaría perjuicios al interés social ni contravendría disposiciones de orden público. En ese sentido, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que lo es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta en el procedimiento penal de origen, se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de esa medida cautelar. En efecto, primeramente, en uso de la apariencia del buen derecho, que conlleva un estudio preliminar y superficial del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y, de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado -prisión preventiva oficiosa- tiene matices de poder resultar inconstitucional. Porque al constituir la prisión preventiva una privación de la libertad que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, son insuficientes para satisfacer el fin procesal, ya que conforme al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. Lo que deberá ponderarse atendiendo a los principios de mínima intervención y proporcionalidad que rigen la imposición de medidas cautelares, exponiéndose porqué otras medidas eran insuficientes para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, pues, de no ser así, como se indicó, la prisión preventiva será desproporcionada. Lo anterior así se determinó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs México. También lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 315/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintidós, al señalar, en lo que interesa que el principio de proporcionalidad requiere antes de imponer la prisión preventiva, las autoridades consideren la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, ya que La prisión preventiva se impondrá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin. 7. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, esto, en el aspecto sustantivo, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal y se permitiría la continuación de los efectos del acto reclamado. Se cita en apoyo a lo anterior, por la información jurídica que contiene, la tesis IV.2o.A.63 K(10), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Por otro lado, en cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que, si a pesar de tener matices de inconstitucionalidad, no se suspende con efectos restitutorios, podrían consumarse irreparablemente las violaciones producidas a causa de dicho acto, el cual se consuma de instante en instante, mientras el peticionario permanezca privado de la libertad. 8. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social. 9. Inobservancia de normas de orden público. Es importante señalar que, si bien el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala que, entre otros supuestos, no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, lo cierto es que esta disposición no es absoluta. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, acotó que la porción normativa contemplada en el artículo 128 de la Ley de Amparo, relativa a que la suspensión no procede contra medidas cautelares dictadas por una autoridad jurisdiccional en procedimientos del orden penal, no podía leerse como una regla irrestricta, sino que admitía excepciones. Por lo que correspondía a las personas juzgadoras de amparo, en cada caso concreto, realizar un estudio de ponderación entre la no afectación al interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho al tenor de las manifestaciones de la parte quejosa en la demanda constitucional, con el objeto de determinar la procedencia de la suspensión contra medidas cautelares dictadas en el proceso penal. En efecto, entre las diversas consideraciones plasmadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la resolución antes invocada, mencionó que la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, en tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no sólo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. De modo que, excepcionalmente sí puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de la no afectación al interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho como en este caso de ha venido desarrollando. 10. Tutela jurisdiccional efectiva. La institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo debe contextualizarse dentro del marco del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 397/2016, sostuvo que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso, se encuentran las medidas cautelares como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, la cual tiene como finalidad conservar la materia de dicho medio de control constitucional y evitar la consumación de daños irreparables o difícilmente reparables, sobre la esfera jurídica del quejoso. Bajo esta noción, la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto reclamado, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo, por lo que no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto de afectación se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión respecto de actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad, como lo es la prisión preventiva oficiosa, la libertad del quejoso no queda a disposición de la autoridad responsable, sino bajo la jurisdicción del órgano jurisdiccional de amparo. Al respecto, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, en la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), determinó que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Para determinar si existen o no elementos que permitan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a sus intereses y, en tal supuesto, establecer las condiciones, circunstancias o modalidades en que su libertad quedará afectada en tanto se determina lo conducente sobre la suspensión definitiva; o bien, de ser el caso, mientras que cause estado lo que haya de resolverse en lo principal del controvertido constitucional. Ejercicio que responde a que la suspensión instrumentaliza al juicio de amparo como un recurso efectivo capaz de tutelar derechos fundamentales, incluso de manera anticipada pues, de no ser así, los efectos de la suspensión respecto actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad (como la prisión preventiva oficiosa) serían nugatorios e ilusorios, pues aunque la libertad del quejoso quede bajo la potestad del juzgador de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que, al dictarse sentencia de fondo, pueda declararse inconstitucional. En otras palabras, ningún fin útil y práctico tiene, para los derechos del quejoso, el hecho de que se le otorgue la suspensión para que quede, por cuanto a su libertad, a disposición del órgano de amparo, cuya principal misión es proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales del que el país sea parte, si no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien desde un inicio le asiste razón; según el principio general relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Considerar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita, restrictiva e injustificada del derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que es incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona tutelado en el artículo 1° constitucional, que como se dijo, ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Entonces, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, se colige que como efecto de la suspensión respecto de la prisión preventiva oficiosa, la libertad del quejoso queda bajo disposición del órgano de amparo y esto brinda la posibilidad de que se pueda realizar un juicio preliminar para determinar si es factible otorgar la suspensión, además, con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada). En esa tesitura, el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Por lo que, se estima que en este caso, se satisfacen los elementos que se han referido en este acuerdo. 11. Concesión de la suspensión provisional. En mérito de lo expuesto, como la solicita la parte quejosa, concatenado a que se hace patente la apariencia del buen derecho, se justifica el peligro en la demora y su concesión no conlleva una afectación al interés social ni contraviene disposiciones de orden público; con fundamento en los artículos 128, 138, 139, 147 y 163 de la Ley de Amparo, en el caso procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado, para los efectos que más adelante se precisarán, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva de dicho acto. Lo cual cumple con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. Esta determinación se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sostiene lo anterior, porque conforme al criterio transcrito, cuando se concede la suspensión con efectos restitutorios, se entenderá que la materia del juicio de amparo subsistirá si eventualmente el juicio de amparo se resuelve de forma adversa a la parte quejosa y las consecuencias de esa suspensión puedan retrotraerse; por el contrario, se dejaría sin materia el juicio, si con la concesión de la suspensión los efectos del acto no pudieren ser revocados ni siquiera en el supuesto de que se niegue el amparo. 11.1 Efectos de la suspensión provisional. La suspensión provisional que se concede en este acuerdo, es para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esa ciudad, dentro de la causa penal ************, que se instruye al quejoso ******************, por el delito de abuso sexual en persona menor de quince años agravado por haber sido cometido por sujeto activo calificado, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, realice lo siguiente: i) Cite a audiencia a las partes, donde deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************; ii) Dé intervención a las mismas partes para que debatan, expongan y acrediten lo que en derecho estimen pertinente; y, iii) Hecho lo anterior, atendiendo a los principios de mínima intervención y proporcionalidad que rigen la imposición de medidas cautelares, determine lo que legalmente proceda, para lo cual deberá analizar: a) La finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) La medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) Sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Resulte estrictamente proporcional; y e) Dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. iv) Suspensión que surte sus efectos de manera inmediata y hasta en tanto este juzgado de Distrito resuelva lo conducente a la definitiva. No surtiendo efectos respecto de hechos, actos o autoridades distintas a las señaladas como responsables. 11.2 Requisitos de efectividad. Se precisa que para que surta efectos la suspensión provisional concedida no resulta necesario requerir a la parte quejosa la exhibición de alguna garantía como requisito de efectividad en términos de lo establecido en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo. 11.3 Criterio de Pleno Regional. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con registro digital 2026999, la cual es de observancia obligatoria para este órgano de justicia y el juzgado responsable. 12. Determinación provisional. Se concede la suspensión provisional solicitada en los términos y efectos acordados, hasta que una vez que se rinda el informe previo se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rindan su informe previo. Se les apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se les aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena adjuntar copia simple de la demanda y anexos pertinentes. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano