Jose Eduardo Garcia Becerra

Expediente 1565/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1565/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Garcia Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de agosto de dos mil veintitrés. Informe incidente exceso o defecto. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo, téngase rindiendo el informe relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, al Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia incidental; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Autoridad informa cumplimiento a la suspensión. Téngase por recibido el oficio signado por el representante legal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en representación de las autoridades obligadas al cumplimiento de la suspensión, mediante el cual remite el diverso suscrito por el Director Área de Inspección y Vigilancia y Encargado de Despacho de Inspección Ambiental, al que se adjunta el acta circunstanciada de hechos realizada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, respecto a la verificación o inspección del lugar materia de la presente incidencia. Asimismo, adjunta el instrumento técnico realizado por el perito especializado en el rubro José Luis Mercado Sánchez, ello, en seguimiento al cumplimiento a la medida cautelar en el asunto en que se actúa, ahora con las indicaciones emitidas por el tribunal de alzada en el recurso de queja 68/2020; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, asimismo, con sus contenidos dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales procedentes. III. Oficio devuelto. Se tiene por recibido el oficio devuelto por el servicio de mensajería denominado Estafeta, a saber, 32261/2023, dirigido a la autoridad responsable Comisario Nacional de Seguridad, por el que se ordenó notificar el acuerdo de veinticuatro e julio del año en curso, con la leyenda "Falta Edif Mal Dirigido piso.". Reexpídase. En virtud de lo anterior, reexpídase nuevamente el oficio en comento, a la autoridad citada, en el domicilio ubicado en avenida Constituyentes, número 947, piso 1, colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01110, en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia incidental relativa al incumplimiento de la suspensión definitiva promovido por la parte quejosa; empero, de autos se advierte que se encuentra pendiente de desahogar la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa -señalada para las doce horas del nueve del presente mes y año-. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia incidental en comento, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIUNO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. I. Incumplimiento a desahogo de prevención. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se otorgó a la parte promovente mediante auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, sin que diera cumplimiento a la prevención formulada. II. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, al no encontrarse acatada la prevención de mérito, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, esto es, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, al no haberse establecido con claridad los elementos a que se refiere el artículo 108 de esa ley, requisitos procesales cuya finalidad es establecer el objeto del proceso constitucional y con ello dotar de seguridad jurídica a las partes a través de la legalidad. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Proporciona domicilio. Téngase por recibido el escrito signado por **** en su carácter de abogado patrono de la parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual proporciona domicilio donde pueden ser emplazada la tercero interesada **** Por tanto, y toda vez que el domicilio de la tercero interesada se encuentra fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, y a fin de lograr el emplazamiento de la misma, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno con residencia en Cancún, para que en auxilio de este Juzgado se sirva emplazar a la referida tercera en el domicilio ubicado en calle ****, para cuyo caso el funcionario que practique la diligencia la buscará y le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena el emplazamiento y el número de expediente (366/2023) y le entregará copias autorizadas de la demanda, auto admisiorio y auto de esta fecha; si la persona se niega a recibir o firmar el emplazamiento respectivo, la negativa se asentará en autos y aquél se tendrá por hecho. Asimismo, requiera a dicha tercera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que le sea practicada, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad jurisdiccional aludida, que se autoriza efectuar la diligencia encomendada en días y horas inhábiles, y en caso de que en el momento de que pretenda llevar a cabo la diligencia de mérito, tenga conocimiento de un domicilio diverso al aportado, podrá practicar en éste el emplazamiento, sin necesidad de acuerdo previo. Ampliación de demanda. Por otra parte, visto el diverso escrito signado por Bertha Elizabeth Velasco Lara, en su carácter de abogado patrono de Franciso Gil Rangel Samayoa, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo, por nuevos actos. Ahora bien, por técnica jurídica conviene destacar que el artículo 111 de la Ley de Amparo vigente establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.". Del precepto legal en cita, se obtienen los supuestos en los que procede ampliar la demanda de amparo, dentro de los cuales se destaca que para la procedencia de la misma el nuevo acto debe estar estrechamente vinculados con el acto reclamado inicialmente; en este caso: Acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen 23/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco. Siendo que en la ampliación de demanda lo que se pretende reclamar es: La omisión de velar por el interés superior de la menor, ello, tras las medidas de protección ordenadas en juicio de origen 522/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana, Roo. Señalando como autoridad responsable de dicho acto al denominado Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana, Roo. De ahí, que dicha ampliación resulta improcedente por impugnarse un nuevo acto que no se encuentra vinculado con el señalado inicialmente, por corresponder a determinaciones diferentes, incluso diverso juicio de origen y autoridad responsable, ello en razón de que el juicio de origen del que deriva el acto reclamado inicialmente en el presente asunto, es el marcado con el número 23/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, distinto al reclamado en la ampliación de demanda de cuenta. En atención a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a su petición de tenerle ampliando la demanda de amparo. Sin que con lo anterior, se deje en estado de indefensión al aquí impetrante de derechos fundamentales, por las consideraciones siguientes: Lo procedente es remitir dicha ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a fin de que la turne al Juzgado correspondiente como demanda nueva; ello en acatamiento a la contradicción de tesis 83/2019, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de dos mil veinte, que establece que si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar vinculación estrecha con los actos reclamados de la demanda inicial o ampliaciones previas, no podrá ser desechada, sino que, atendiendo al principio "pro actione" y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia, el juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se le dé el trámite como una nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, podrá advertir alguna irregularidad en la misma -motivos de prevención-, incompetencia o causa de improcedencia, en su caso, y desecharla, pero no el juez que reciba el escrito de ampliación. Lo anterior, en el entendido que al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su ejecución material en la Cancún Quintana Roo, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión de velar por el interés superior de la menor, ello, tras las medidas de protección ordenadas en juicio de origen ****, del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana, RooEl acuerdo dictado dentro del expediente laboral **** del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación Y Arbitraje en la Ciudad de México, mediante el cual aceptó la competencia que declinó la diversa autoridad responsable. Así pues, los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." "Artículo 145. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado." Del contenido sistemático de los numerales transcritos, se advierte que para que un Juzgado de Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esos factores que delimitan la competencia de los Jueces de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, es competente el juez ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, es dable precisar que los actos reclamados se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias en, positivos, negativos y omisiones o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por otra parte, los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. En el caso en concreto, la parte quejosa reclama la omisión de velar por el interés superior de la menor, ello, tras las medidas de protección ordenadas en juicio de origen ****, del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana, Roo. En ese sentido, el Juez de Distrito competente para conocer el juicio de amparo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad jurisdiccional que debe proveer lo conducente en relación a las medidas de protección ordenadas en juicio de origen ****, del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana, Roo. Por lo tanto, debe remitirse la demanda a un Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Remisión de ampliación. Se ordena la remisión inmediata de la ampliación de demanda, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para que ésta le dé el trámite como una nueva demanda. Pieza de mensajería devuelta. Finalmente, visto el sobre devuelto por el servicio de mensajería denominado "ESTAFETA", que contiene el oficio 23411/2023, del índice local, dirigido a Teléfonos de México, mediante el cual se ordenó notificar el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese. Al respecto, únicamente agréguese la pieza postal de vuelta para que obre como corresponda, toda vez que resulta innecesaria su reexpedición en razón de que el pasado veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se realizó la aclaración del nombre de la tercero interesada y se requirió de nueva cuenta.

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