José Eduardo Flores González y Otros.
Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Eduardo Flores González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Oficio 45801 del actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México21/11/2023 09:0019748 Devuelve diligenciado el exhorto ******************** -orden ********************- de este juzgado, el cual fue enviado a fin de notificar personalmente el proveído de seis de noviembre de este año, al impetrante de amparo ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngasele por notificado en el juicio en que se actúa. Dese de baja dicha comunicación oficial, haciéndose las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que resulte necesario acusar de recibo pues al ser devuelta por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), éste expide el acuse correspondiente. Asimismo, se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente ES DESTRUIBLE -una vez trascurrido el plazo de tres años a partir del dictado del presente acuerdo- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Escrito de demanda de ********************, por propio derecho (sin firma autógrafa y/o electrónica).06/11/2023 14:45 18691 Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control como ********************. Previo a acordar el escrito de cuenta, se advierte que aquél carece de firma autógrafa y/o evidencia criptográfica que justifique que fue firmado con la FIEL o FIREL respectiva del promovente, empero tomando en consideración que del análisis integral del mismo se advierte que pudieran reclamarse actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3° de la citada legislación, por lo que se procede a acordar lo relativo. Previo a proveer lo relativo a la admisión o no de la demanda, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la urgencia del acto reclamado que pudiera considerar la parte promovente. De la demanda se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: ". La pretendida privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta que (sic) inexistente comisión de un delito por parte del suscrito. Dicho acto emana del parte informativo ***, de fecha 21 de octubre de 2023 suscrito por el personal técnico de seguridad que a su letra dice: 'siendo aproximadamente las 12:00 PM al hacer un recorrido por el pasillo del dormitorio 3, zona 3, fuimos llamados por los PPL de la estancia 15, de nombres . quienes manifestaron que el que suscribe Flores González José Eduardo, había sido sancionado el día 20 de octubre de 2023, pero que antes de que el suscrito se fuera, ellos se percataron de que el mismo había guardado algo en la coladera del baño, así como también en un desodorante y que como querían tener problemas pidieron una revisión en su estancia, desconociendo esto que había guardado el suscrito, por lo que después de efectuar una revisión minuciosa, se encontró en tal coladera y dentro de un desodorante lo que a continuación se describe: 97 pastillas blancas sin leyenda, y 19 pastillas blancas sin leyenda". De lo anterior, se advierte que el reclamo de la parte quejosa deriva de las cuestiones de internamiento, y de ello hace depender el acto que señala como privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. Lo anterior, como se evidencia del apartado de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, en los que se advierte que la aludida privación de la libertad deriva de la sanción que se le impuso consistente en aislamiento por quince días y reubicación, relacionado con el mencionado parte informativo ***, de veintiuno de octubre pasado; por ende, tal cuestión no encuadra en la connotación de "privación de libertad", a que se refieren los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, al analizar de manera integral la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que se hace consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento, es una afirmación subjetiva del promovente del amparo, que hace depender, se insiste, de cuestiones de internamiento; por ende, queda claro que no está siendo sujeto de actos que impliquen un menoscabo, privación o alteración de sus derechos, como consecuencia de una conducta ilícita. Por tanto, en la especie, el reclamo de la parte promovente no corresponde a algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; por lo que no es procedente conceder la suspensión de plano solicitada. Al respecto, resulta orientador el criterio emitido en la tesis VI.1o.a.19k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO". Precisado lo anterior, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso está privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla, y reclama la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial derivada del aislamiento temporal y la reubicación al módulo 8, emanada de la sanción impuesta por el Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria de referencia. En este orden de ideas, con relación a tal acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. Al respecto, este juzgador estima conveniente traer a colación la Contradicción de Tesis 57/2018, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció lo relativo a los mecanismos de defensa respecto a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. El Máximo Tribunal definió que una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo, faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Precisó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentre recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Por otra parte, estableció que las peticiones administrativas no urgentes deberán sustanciarse de la forma siguiente: a) Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. b) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla; de no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. c) Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. d) Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. e) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. f) En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. g) Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. h) La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistir de la acción, siempre que ello no implique la renuncia a un derecho fundamental. i) Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. j) Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por otra parte, que cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: 1. El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. 2. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. 3. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. 4. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 5. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. De lo expuesto, es dable decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de que se trata, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame actos, hechos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entendidas estas como "cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación"; antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos están facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda; igualmente, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Así, de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye actualizada en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por su lado, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De lo que se colige que, conforme a la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis relativa a actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto al cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se estableció, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control -peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los hechos, actos, u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Mecanismo que incluso dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que, si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar, hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto del quejoso privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla al reclamar la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial derivada del aislamiento temporal y la reubicación al módulo 8, emanada de la sanción impuesta por el Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria de referencia, debió agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PR.P.CN. J/7 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 5161, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO SEÑALA COMO ACTOS RECLAMADOS DE MANERA INDIRECTA O COMO CONSECUENCIA DE UN POSIBLE CAMBIO DE DORMITORIO O TRASLADO, ACTOS QUE SUBJETIVAMENTE CALIFICA COMO TORTURA O TORMENTO". No se soslaya que el impetrante pudiera estar procesado o sentenciado bajo los lineamientos del sistema mixto, y que por ello pudiera aducirse que no le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución; sin embargo, de la interpretación conjunta y armónica de los artículos primero y tercero transitorios, 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la legislación en cita, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Mientras que del contenido del artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual forma, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto que publicó dicha ley se estableció que a partir de su entrada en vigor quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Como también, que los procedimientos que estén en trámite a la entrada en vigor de la Ley, debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, pero que a éstos debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si el quejoso privado de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse. Ahora, toda vez que el quejoso refiere estar recluido en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla, lugar que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones; entonces, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones en dicho lugar al quejoso. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, líbrese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda se sirva notificar el presente proveído al impetrante ********************, en el lugar de su reclusión, con copia autorizada de este auto, y hecho lo anterior, de inmediato lo devuelva. Por ello, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se solicita al Juez Federal para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada; y, de ser posible, se le otorguen también amplias facultades para que en caso de no localizar al directo quejoso en el lugar señalado, pero sea informado por personal alguno de otro lugar en donde pueda localizarse, sin mayor acuerdo se constituya en dicho sitio y lleve a cabo la diligencia encomendada, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Asimismo, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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