Jose Eduardo Esquivel Torres
Expediente 869/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Eduardo Esquivel Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Subdirector de Custodia Penitenciaria y el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, mediante los cuales, informan que han quedado debidamente enterados de que causó estado la resolución a través de la que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Como está ordenado en autos, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veinte de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de julio de dos mil veintidós Agréguese a los presentes autos para que obren como correspondan, los oficios de cuenta, signados por el Director de Custodia de la Penitenciaria del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí y Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, mediante los cuales, en atención a los diversos 16325/2022 y 16323/2022, manifiestan que han quedado debidamente notificados del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Glósense al expediente los informes justificados rendidos por el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí y el Subdirector de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí. Ahora bien, visto los informes y anexos de mérito, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, en razón de lo siguiente. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, Director del Centro Estatal de Reinserción Social "La Pila," San Luis Potosí, Elementos de Seguridad y Custodia Adscritos a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, Elementos de Seguridad y Custodia Adscritos al Centro de reinserción Social "La Pila", San Luis Potosí, Director General y/o Comandante de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí y Elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, los actos que hizo consistir en el peligro de privación de la vida, tortura, y/o penas inusitadas y trascendentales derivadas de la orden de cambio de celda decretada por las responsables. Ahora bien, de las constancias que el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, adjuntó como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la citada autoridad responsable, informó a este juzgado federal que mediante oficio de siete de julio del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal del Juicio Oral, en funciones de Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, calificó de legal el traslado involuntario del aquí quejoso José Eduardo Esquivel Torres, al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, San Luis Potosí, donde deberá seguir interno a disposición de esa autoridad con motivo de la causa penal RI/SLP/CP- 714/2021 que se le sigue por su probable intervención en la comisión del delito de homicidio calificado. De lo anterior se colige que si bien a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, respecto a los actos que hizo consistir en el peligro de privación de la vida, tortura, y/o penas inusitadas y trascendentales derivadas de la orden de cambio de celda decretada por las responsables, si bien no se acreditó su existencia, si se estableció el cambio de celda del quejoso; empero, igual verídico es que dicho acto ha cesado en sus efectos, toda vez que el siete de julio del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal del Juicio Oral, en funciones de Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, emitió un acuerdo en el que calificó de legal el traslado involuntario del aquí quejoso José Eduardo Esquivel Torres, al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, San Luis Potosí; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, al haber sido modificada la situación del quejoso, de tal suerte, que las violaciones constitucionales reclamadas desaparecieron, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Por su espíritu, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.167 P (10a) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a en la página 2507, del tomo IV, del libro 47, octubre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efectos la audiencia referida la cual estaba señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.
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