José Eduardo Espino Velazquez

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • José Eduardo Espino Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ EDUARDO ESPINO VELÁZQUEZ, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades foráneas Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que se giraron a fin de notificarles la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así la aludid autoridad responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE." Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibida y agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la razón en la que la Actuaria Judicial adscrita hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar al quejoso Eduardo Espino Velázquez, la sentencia de tres de febrero del año en curso; en consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción III, y artículo 29, de la Ley de la Amparo, notifíquesele dicha sentencia por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio procesal en esta ciudad. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio firmador por la Presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual acusa recibo del oficio 26971/2021; atento a su contenido, se ordena glosar a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que ya se dictó sentencia definitiva en el presente sumario. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTON A LO ORDENADO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO, LA SENTENCIA DE TRES DE FEBRERO DEL ALO EN CURSO, MISMA QUE ES DEL TEXTO NSIGUIENTE: Vistos; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 278/2021, promovido por *****, por su propio derecho, contra actos reclamados al Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno, de conformidad con la circular DGGJ/OCCC/04/2021, hasta el seis de abril siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, José Eduardo Espino Velázquez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Congreso del Estado de Guerrero. 2) Gobernador del Estado de Guerrero. 3) Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO. "a).- Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. c).- Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama: La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Mediante auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 278/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo el veintiséis de enero del año en curso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, en virtud de que se impugna la inconstitucionalidad de una ley municipal, cuyo acto de aplicación es atribuido a autoridades que residen dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa expone como primer acto de aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, el entero realizado el catorce de enero de dos mil veintiuno al amparo del recibo de pago con número de folio 2100224194, de la misma fecha, por lo que a partir de esa data se hizo saber del acto reclamado. Ahora bien, mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, y SECNO/12/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos procesales durante el periodo que en su totalidad transcurrió del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, y en la diversa Circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero del citado año, la aludida Comisión hizo del conocimiento púbico que en relación con este circuito judicial se determinó que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno se reanudan los términos y plazos procesales. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido del cuatro al veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, del mes y año en cita, al ser inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda de amparo se presentó el ocho de marzo de dos mil veintiuno, la promoción del juicio que nos ocupa debe tenerse por oportunamente presentada. CUARTO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese tenor, de un análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: I. Del Congreso y Gobernador del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo: a) La aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente por lo que hace al artículo 9, incisos a) y c). II. De la autoridad del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad: c) La aplicación de dicho artículo a través del cobro del pago del impuesto predial, contenido en el recibo con número de folio 2100224194, de catorce de enero de dos mil veintiuno, expedido a nombre del quejoso, que establece la tasa del impuesto predial, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042-010-036-0075. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia, o bien, del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO2." El encargado del despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, negó genéricamente la existencia de los actos atribuidos; negativa que se acepta en sus términos por las consideraciones que se explican a continuación. La aplicación de los preceptos legales reclamados deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido normativo de aquéllos, con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. y no porque la autoridad señalada como ejecutora, en ejercicio de sus facultades, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido en los numerales controvertidos, es decir, aunque pudiera ser cierto que la responsable recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de la norma se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que la parte quejosa se ubica en la hipótesis de autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que la autoridad señalada como responsable haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa las normas reclamadas. La parte peticionaria de amparo acudió a este juicio con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos de la factura 2100224194, de catorce de enero de dos mil veintiuno, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042-010-036-0075. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 152, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamentepor el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. Lo expuesto evidencia que el cumplimiento de los mandatos contenidos en los preceptos legales reclamados en el presente asunto no puede ser atribuido a las autoridades municipales. En consecuencia, al no ser atribuibles los actos de ejecución reclamados al Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. SEXTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables Congreso y Gobernadora ambos del Estado de Guerrero, el primero por conducto de la Presidente de la Mesa Directiva, y el segundo, por conducto del subconsejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; al rendir su informe justificados, aceptaron los actos que se le atribuyen, en el ámbito de su respectiva competencia; por lo que se tienen por ciertos. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) De igual forma, es aplicable la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SÉPTIMO. Causal de improcedencia fundada. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto en el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). Respecto de los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Guerrero, consistentes en la promulgación y publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra de la orden de publicación del decreto promulgatorio de la ley reclamada, de manera que el juicio de amparo se torna improcedente en contra de ese acto que se atribuye a la Gobernadora del Estado de Guerrero; consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo en relación a la citada autoridad y acto destacado como reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 224, Volumen 139- 144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 232553, del contenido siguiente: "PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución.". Asimismo, tiene aplicación, en lo que interesa, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia VIII.3o. J/14, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1386, del Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.". Por último, esta potestad federal advierte que no se actualiza diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede al examen del concepto de violación vertido por la parte quejosa. OCTAVO. Estudio de fondo del asunto. Esta potestad federal advierte que no se aprecia que se actualice diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal del mismo, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En su único concepto de violación, la parte quejosa aduce que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho precepto legal establece un pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, al igual que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; además, cita parcialmente la ley de ingresos del año dos mil seis, así como la ejecutoria que dio origen a la tesis del rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado".3 En ese tenor, aduce la parte quejosa, que dicha tesis es aplicable al caso concreto, en virtud que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción; en consecuencia -dice el quejoso -, la normativa reclamada establece una tasa igual para el pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, en similitud a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso -lo que dice-, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Los citados argumentos, sintetizados en esencia, resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado 3 Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 172170; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a./J. 109/2007; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 336 MARÍA CHAVEZ VALENCIA y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Del precepto constitucional invocado derivan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Entendiéndose que la proporcionalidad se traduce en que debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva de los causantes; en tanto que el principio de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula. Es aplicable la jurisprudencia sin número sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232309, de rubro: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL". Cierto, en materia de contribuciones las obligaciones deben cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria, el cual también se encuentra vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, puesto que ésta debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino también en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cuantitativamente en el patrimonio y en los ingresos obtenidos. Así, se obliga al legislador a graduar el impuesto de forma que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible (manifestación de riqueza de la propiedad y calidad del patrimonio), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo. Es decir, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa expresen la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo. Con ello, la capacidad económica marca el cauce lógico del tributo, y no sólo legitima y explica su existencia sino también condiciona toda su estructura y contenido. Entonces, si bien el principio de proporcionalidad es comprensible en sí mismo, al contemplarse en la comparación de diversos contribuyentes, lo cierto es que resulta necesario atender también a la equidad del tributo en estudio; es decir, para verificar la igualdad en los impuestos causados es necesario determinar previamente quién tiene una mayor y quién una menor capacidad económica, para en segundo término, fijar en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un impuesto en particular, que es la capacidad económica relativa. No debe perderse de vista que el criterio planteado debe circunscribirse a un ámbito de justicia que evite arbitrariedades de la autoridad fiscal por un lado, o del gobernado por el otro, ya que se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintas garantías, pero también ante la obligación de los gobernados de contribuir para el gasto público de los distintos niveles de gobierno. Las consideraciones descritas permiten salvaguardar la justicia tributaria buscando el equilibrio señalado, lo que involucra necesariamente hacerse cargo de una serie de fenómenos económicos y sociales que ha de tener en consideración el juzgador con la finalidad de que el pronunciamiento que haga en cada caso resulte congruente con la realidad y la justicia fiscal. Por su parte, el principio de equidad tributaria consiste en otorgar la igualdad jurídica, es decir, que los contribuyentes que se ubiquen en la misma situación de hecho tengan el mismo trato jurídico y que los sujetos que se encuentren en situaciones de hecho distintas reciban un tratamiento jurídicamente diferente. En ese contexto, el principio de equidad determina que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales condiciones para efectos tributarios, deben de recibir el mismo trato. Igualmente, de esta definición deriva su contrapartida, o sea, el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se encuentren en condiciones tributarias desiguales. Luego, si por exigencia constitucional los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de los causantes, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia y a hacerla efectiva, ya que así se evitan discriminaciones y desigualdades que no estén justificadas, a pesar de la misma capacidad de contribuir al gasto público. Efectivamente, el tratamiento de igualdad que exige la equidad tributaria requiere que las leyes tomen en consideración, cualitativa y cuantitativamente, las desigualdades económicas existentes entre los contribuyentes. Las anteriores consideraciones conducen a estimar que los principios de equidad y proporcionalidad -capacidad económica- no son ni pueden ser dos principios autónomos contrapuestos, sino que ambos se complementan, ya que el principio de equidad sólo puede ser rectamente comprendido en el marco de la capacidad económica del causante, deviniendo en que los principios de proporcionalidad y equidad se encuentran relacionados. Ahora bien, para cumplir el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación al derecho fundamental de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicho derecho, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto. Expuesto lo anterior, ahora, tenemos que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a la letra señala: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.) c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.)" De la porción combatida en este juicio, se desprende que no resulta contraria al principio proporcionalidad tributaria y, por ende, es constitucional. Lo anterior es así, pues tratándose del principio de equidad tributaria, otorga un trato igual a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen (impuesto predial), y tienen una misma base y tasa 3.9 al millar sobre el valor catastral. Así, es evidente que a quien corresponda contribuir respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, se le sitúa en un plano de igualdad respecto del contribuyente de predios urbanos y sub-urbanos edificados, sin que con ello se vulneró el principio de equidad tributaria, pues ambos supuestos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios) respecto del mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios), lo cual constituye una misma categoría acorde al principio de que se trata, atendiendo la obligación del legislados de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Una vez atendida la equidad en el tributo en estudio, verificando la igualdad en los impuestos causados y, ahora entrando a la materia de inconstitucionalidad que hace valer la parte quejosa, determinando quién tiene una mayor y quién una menor capacidad económica, para en segundo término, fijar en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un impuesto en particular, que es la capacidad económica relativa. Debe señalarse -como se anticipó- lo infundado del concepto de violación esgrimido, puesto que contrario a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho precepto legal al establecer un pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, al igual que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, no atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; lo cierto es que los preceptos legales de que se trata, no establecen un pago igualitario del impuesto predial para propietarios o poseedores de predios disímiles. En efecto, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no prevé un pago igual para los sujetos obligados, pues si bien hay semejanza en el empleo del factor 3.9 al millar anual, ello, no implica un pago similar, ponderando que dicho factor debe ser aplicado sobre el valor catastral determinado. Luego, para la cuantificación del valor catastral, que servirá de base para el pago del impuesto predial, este último dependerá de las particularidades del inmueble, tales como el total de superficie y su distinción respecto de la superficie edificada, uso de suelo y zona; con lo cual, se atiende a la AUTÉNTICA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio. En conclusión el hecho de que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, prevé una TASA FIJA, O UNIVERSAL, consistente en el factor 3.9 al millar anual; ello, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pues no deja de atender la capacidad contributiva, esto es, no deja de observar que tienen MAYOR CAPACIDAD ECONÓMICA los propietarios de predios urbanos EDIFICADOS, respecto de aquellos que cuenten con predios BALDÍOS, pues no debe perderse de vista que dicho factor 3.9 al millar anual, se encuentra estrechamente vinculada su aplicación sobre el valor catastral determinado, tal y como se denota de la propia redacción de los numerales que se analizan, siendo evidente que este último elemento, trae consigo la atención de la auténtica capacidad del contribuyente, al ponderarse las particularidades del inmueble (baldío o edificado), superficie total y características. Consecuentemente, la diferenciación tributaria resultará acorde con el derecho de proporcionalidad, siendo que las consecuencias jurídicas generales de la ley resultan adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo entre los destinatarios de la norma. De ahí que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la norma reclamada no resulte oponible al principio de proporcionalidad tributaria, a que se refiere el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Máxime que, de los anexos que se ofrecieron junto con la demanda se advierte que la propiedad que defiende la parte quejosa se encuentra edificada, por lo que una posible distinción normativa no le beneficiaría. Luego, lo anteriormente expuesto, no se contrapone a las consideraciones que sustenta la jurisprudencia y ejecutoria citada por la parte quejosa de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA].", que contiene el criterio relativo a que la porción normativa analizada contraviene los citados principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en la medida en que obligaba a los contribuyentes del impuesto predial a pagar tasas disímiles, pese a que contaban con las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), esto es, obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado, pese a que constituyen una misma categoría. Criterio que inclusive, apoya las consideraciones que sustentan la presente sentencia, porque en el caso, las normas reclamadas no otorgan trato desigual a los propietarios o poseedores de un predio baldío o edificado, sino que en ambos casos, el impuesto relativo, se pagará "el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado.". Bajo ese contexto al resultar los conceptos de violación propuestos infundados, lo que procede es negar el amparo solicitado en contra de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, particularmente su ordinal 9, fracciones a) y c), con motivo de su primer acto de aplicación. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos de lo expuesto en los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, por derecho propio, contra el acto reclamado consistente en la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, particularmente su ordinal 9, fracciones a) y c), por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy tres de febrero de dos mil veintidós, asistido de María Chávez Valencia, secretaria que da fe. Doy fe.-

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto; el estado de los autos, de los cuales se aprecia que el tres de febrero actual, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo; por tal virtud, intégrese a los mismos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de diverso oficio signado por el Subconsejero de atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, en representación de la Gobernadora del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual informó que no recibió el oficio 26972/2021, el cual se ordenó glosar únicamente para que obre como corresponda, toda vez el mismo fue recibido en este juzgado federal en fecha posterior a la celebración de la audiencia relativa. Cúmplase. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos de lo expuesto en los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Eduardo Espino Velázquez, por derecho propio, contra el acto reclamado consistente en la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, particularmente su ordinal 9, fracciones a) y c), por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy tres de febrero de dos mil veintidós, asistido de María Chávez Valencia, secretaria que da fe. Doy fe.-

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