Jose Eduardo de la Rosa Lopez
Expediente 396/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jose Eduardo de la Rosa Lopez
Actuaciones
- Principal
Se tiene a la autoridad oficiante informando que el nueve de marzo del año en curso, fue sometido a consideración de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de escrito por el que se somete a consideración del Congreso del Estado, la solicitud realizada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por tanto, requiérase a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que informe la respuesta dada al oficio PF/E/III/810/2018, enviado por el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, debiendo remitir copias certificadas de las constancias respectivas, apercibida que de no cumplir con lo anterior, apercibido con multa.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Materia. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen en audiencia de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, así como de desahogar las que en su caso se admitan. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 1 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no pronunciarse la autoridad responsable sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, así como al omitir desahogar las que en su caso se admitan. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aun que con motivo de la falta del acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, así como de desahogar las que en su caso se admitan, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues recién en audiencia de dieciséis de enero de la presente anualidad de ofrecieron las mismas. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que el inconforme refiere que apenas el dieciséis de enero del año en curso, se ofrecieron las pruebas cuya omisión en ser acordadas y desahogadas pretende reclamar en este juicio, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente
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