José Eduardo Cortez Estrada
Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Eduardo Cortez Estrada
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito firmado por José *****, apoderado legal de la moral *****, Sociedad Anónima de Capital Variable, en atención a su contenido, se reserva proveer, hasta en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco Guerrero, resuelva el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede Cuernavaca, Morelos en auto de dieciocho de julio del presente año. Notifíquese por lista.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos del cuaderno de antecedente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede Cuernavaca, Morelos, al que correspondió el conflicto competencial número 49/2023, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgado, y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, mediante auto de veintiocho de junio de veintitrés; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, residente en Cuernavaca. En ese orden de ideas, y dado que la Jueza precitada, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar lo siguiente: "La remisión del expediente en cuestión se basa primordialmente en el hecho de que el juzgado declinante a manifiesta (sic) que el acto que se reclama tendrá ejecución para operar y explotar el servicio de depósito es en el Estado de Morelos, el cual manifiesta debe adecuarse a la legislación aplicable donde se encuentra ubicada la quejosa moral y donde opera; ya que considera que la aplicación del Reglamento reclamado habrá de materializarse en el domicilio donde a la parte quejosa le fue autorizado para operar y explotar el servicio de depósito de vehículos, ubicado en el kilómetro 117+450 de la autopista México-Acapulco dentro del ejido Xoxocotla, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Sin embargo, esta Juzgadora no comparte el criterio de su similar, toda vez que contra lo que sostiene el acto reclamado constituye la inconstitucionalidad de una norma que establece los montos permitidos para el cobro de las maniobras que tienen autorizadas los permisionarios, por lo que este cobro afectará a la empresa donde quiera que se encuentre e incluso puede pagarlo desde cualquier parte de la república. En ese sentido, la promovente reclamó el Decreto por el cual se realiza el refrendo y aplicación por el que se expide el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y depósito de vehículos publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo del dos mil veintitrés, el cual es un acto declarativo, en el que se regula las operaciones de las personas permisionarias en el servicio de grúas, salvamento y depósito de vehículos, así como que establezcan montos para el cobro de maniobras de acuerdo a una base tarifaria, tipo de servicio y conceptos respectivos el cobro se realizará en el lugar que se encuentre realizando en ese momento sus funciones, por lo que no necesariamente tendrá ejecución en el estado de Morelos, motivo por el cual no es acertado considerar que este órgano judicial deba conocer del asunto, porque, hasta este momento, no se advierte que los actos reclamados se hayan llevado o se llevarán a cabo en el Estado de Morelos. De lo anterior se observa, que el acto reclamado, podría tener ejecución en cualquier lugar donde la promovente deba de pagar; razón por la cual, al existir diversos lugares donde puede ser ejecutado, es el Juez ante quien se presenta la demanda el competente para conocer de ella. En efecto, la competencia para el conocimiento del asunto, es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. El artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia del Juez federal para conocer de un juicio de amparo indirecto, para lo cual debe atenderse a: a). La ejecución del acto. Si el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. b). La prevención. En el caso de que la ejecución del acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c). La ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es decir, los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: la primera, que la competencia de los actos que requieren ejecución material, se surtirá según el momento correspondiente al periodo de ejecución, porque si el acto trata de ejecutarse, se ejecuta o ya se ejecutó, en un determinado distrito cobra aplicación la primera hipótesis; la segunda, si el acto reclamado llega a tener ejecución y se ha comenzado a ejecutarse en más de un Distrito, será competencia el Juez ante el que presentó la demanda de amparo; y la tercera, si el acto reclamado no requiere la ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, y en el caso que nos ocupa emerge la hipótesis mencionada en el segundo supuesto del artículo 37 del citado ordenamiento legal. Por tanto, de advertirse que el acto al no tener un acto de ejecución y ser únicamente declarativo, es claro que se surte la tercera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a rechazar la competencia planteada; máxime, se insiste, que en su escrito de demanda la propia quejosa señaló un domicilio procesal en la jurisdicción del Juez Sexto de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México...". Al respecto, este juzgado difiere de los argumentos realizados por el órgano aludido, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado órgano jurisdiccional e insiste en carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en razón de que la parte quejosa reclama una norma de carácter autoaplicativa, en virtud de que se inconforma de una serie de artículos del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de mayo de dos mil veintitrés, esto porque manifiesta que su ejecución inminente, le negaría el derecho a continuar con el ejercicio de su actividad lícita, en el sentido de operar y explotar los servicios permisionarios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, normatividad que la quejosa debe acatar en el Estado de Morelos, dado que, de las constancias que acompañó en su escrito de demanda de amparo, obra el permiso 4.2.1.1-4096/2016, con domicilio de la persona jurídica es en la Avenida Estado de Puebla, número 5, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. Asimismo, la parte quejosa indica que la ruta que le fue autorizada para la operación y explotación de los servicios permisionarios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es la Autopista México-Acapulco, ruta 95D del Kilómetro 221+000 al 321+000, con una longitud de 100.00 kilómetros y circunscripto en el Estado de Guerrero. Aunado a lo antes expuesto, la parte quejosa señala que el lugar que le fue autorizado como depósito lo es el predio ubicado en el kilómetro 117-450 de la autopista México-Acapulco, dentro del ejido Xoxocotla, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para operar y explotar el servicio de depósito de vehículos. De lo anterior se colige que la norma general autoaplicativa que reclama la parte quejosa, tendrá ejecución para operar y explotar el servicio de depósito es en el Estado de Morelos, donde debe adecuarse a la legislación aplicable en el lugar que se encuentre ubicada y opere la empresa quejosa que, en el caso, es fuera de la jurisdicción de este juzgado. Por tanto, es patente que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en la aplicación del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, se tendrá que realizar en el Estado de Morelos, esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad habrá de ejecutar el Reglamento en un lugar determinado -en donde la parte quejosa tiene el permiso para operar y explotar el servicio de arrastre y salvamento-, que es el factor para generar la competencia. Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible considerar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el que refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; y, en el caso, dicha competencia le corresponde a la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 7********************, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, formado con motivo de la incompetencia planteada en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por José Eduardo Cortez Estrada, quien se ostenta como apoderado legal del directo quejoso GRUAS Y PLATAFORMAS MIRAVAL, S.A DE C.V., personalidad que en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida con la copia que al efecto exhibe, respecto de la cual refiere bajo protesta de decir verdad, que se trata de copia íntegra e inalterada del documento impreso; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 753/2023-I, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, se explica. En efecto, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Es importante precisar que, del escrito de demanda se aprecia que literalmente la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "IV ACTOS RECLAMADOS a. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la orden para la publicación del "DECRETO por el que se expide el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos", en adelante Decreto, publicado en el Diario Oficial de la federación el 3 de mayo de 2023, en específico los artículos 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 86 y 87 del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, en adelante Reglamento, así como el CUARTO Transitorios del Decreto. b. De la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el refrendo para la expedición del Decreto, en específico los artículos 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 86 y 87 del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, en adelante Reglamento, así como el CUARTO Transitorios del Decreto c. De la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el refrendo para la expedición del Decreto, en específico los artículos 5, 22, 28, 32, 42, 44, 47, 55, 64, 68, 69, 72 y 86 del Reglamento, así como, CUARTO Transitorios del Decreto. d. De la Dirección General de Autotransporte Federal y de las Direcciones General del Centro SICT Morelos la inminente aplicación de las disposiciones contenidas los artículos 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 86 y 87 del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, en adelante Reglamento, así como el CUARTO Transitorios del Decreto. e. De la Guardia Nacional la inminente aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 5, 22, 28, 32, 42, 44, 47, 55, 64, 68, 69, 72 y 86 del Reglamento, así como, CUARTO Transitorios del Decreto". Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el caso la parte quejosa reclama una norma de carácter auto-aplicativo, en virtud de que se duele de una serie de artículos del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que manifiesta que ante su inminente ejecución se le negaría su derecho de continuar con el ejercicio de su actividad lícita, en el sentido de operar y explotar los servicios permisionados de arrastre, salvamento y depósito de vehículos. Normatividad que la parte quejosa debe acatar en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, pues de las constancias que acompañó, entre las que obra el permiso 4.2.1.1-4096/2016, se aprecia que el domicilio de la persona jurídica es calle Avenida Estado de Puebla, número 5, Colonia Lázaro Cárdenas Cuernavaca, Morelos. De igual forma indica que la ruta que le fue autorizada para la operación es: "Autopista México-Acapulco, ruta 95D del Kilómetro 221+000 al 321+000, con una longitud de 100.00 kilómetros y circunscripto en el Estado de Guerrero." Asimismo, que el lugar que le fue autorizado como depósito lo es el predio ubicado en el kilómetro 117+450 de la autopista México-Acapulco dentro del ejido Xoxocotla, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para operar y explotar el servicio de depósito de vehículos. De lo anterior se advierte que la norma general auto-aplicativa que reclama en lo que a la persona moral quejosa se refiere, tendrá ejecución para operar y explotar el servicio de depósito es en el Estado de Morelos, donde debe adecuarse a la legislación aplicable donde se encuentra ubicada y donde opera la empresa que en su caso es fuera de la jurisdicción de este juzgado. En ese contexto queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en la aplicación del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos que se tendrá que realizar en el Estado de Morelos, esto es, sus efectos trascienden al mundo factico, porque la autoridad habrá de ejecutar el Reglamento en un lugar determinado (en donde la quejosa tiene el permiso para operar y explotar el servicio de arrastre y salvamento), que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que la aplicación del Reglamento reclamado habrá de materializarse en el domicilio donde a la parte quejosa le fue autorizado para operar y explotar el servicio de depósito de vehículos, el kilómetro 117+450 de la autopista México-Acapulco dentro del ejido Xoxocotla, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, se reitera donde opera y explota el servicio de arrastre y salvamento. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tendrá ejecución; aunque haya sido la Dirección General del Centro SCT Guerrero, con sede en esta ciudad, quien otorgó el permiso para operar y explotar el servicio de arrastre y salvamento en la ruta autorizada, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en el Estado de Morelos; aunado a ello que del permiso 4.2.1.1-4096/2016, se aprecia que el domicilio de la persona jurídica es calle Avenida Estado de Puebla, número 5, Colonia Lázaro Cárdenas Cuernavaca, Morelos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206498, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, página 193 del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA "JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Así como la diversa jurisprudencia PC.XXVII.J/3 K(10a), instancia: Plenos de Circuito, registro 2023765 Undécima Época, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, página 2459 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO SE RECLAMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA, Y EN LA DEMANDA DE AMPARO SE EXHIBEN DOCUMENTALES (FACTURAS) EN LAS QUE SE APRECIA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DICHO LUGAR. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señala que será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; asimismo, de tal precepto se aprecia que tales actos son aquellos que después de su emisión, requieren de una ejecución material. Ahora bien, si se reclaman diversos artículos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, con carácter de autoaplicativa, afirmando medularmente que los quejosos realizan actividades comerciales en el Estado de Quintana Roo, demostrando dicha situación con diversas documentales (facturas), y de ellas se advierte que tales transacciones fueron concretadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y dicha localidad es donde tendrán ejecución las normas tildadas de inconstitucionales, el Juez de Distrito competente para conocer del asunto, es aquel que ejerza jurisdicción en la localidad donde tendrán ejecución material las normas reclamadas como autoaplicativas, siempre y cuando de las documentales anexas al ocurso de derechos fundamentales se aprecie el lugar de ejecución del acto reclamado, pues se trata del lugar de ejecución de dichas disposiciones legales". Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en el Estado de Morelos, residente en Cuernavaca. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, con sede en Cuernavaca, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada dela determinación que dicte. Sin que en el caso proceda emitir pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, toda vez que éstos no se encuadran en los supuestos que prevé el artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano judicial que corresponda conocer del presente asunto el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en carretera México-Acapulco Km 274, colonia Balcones de Tepenago código postal 39096 de esta ciudad capital y como sus autorizados en los mismos términos a Juan Alejandro García Del Ángel, por NO cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. En ese mismo tenor, se le tiene señalando el correo electrónico j-jag.del.angel@gmail.com, únicamente para contacto no procesal, lo que se hace del conocimiento del fedatario adscrito a este juzgado al que le corresponda conocer del presente asunto. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes mediante dichos medios electrónicos (correo electrónico y teléfono), también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, razón por la que se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales; sin embargo, una vez controlada dicha pandemia, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la Secretaria Proyectista, licenciada Gabriela Ángela Santiago Gómez, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.
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