Jose Eduardo Cervantes Serafin

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Cervantes Serafin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. INFORMA COLEGIADO INCOMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta número 6710/2023, firmado en forma electrónica por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal el contenido del proveído dictado dentro de los autos de la queja número 247/2023, de su índice, del que se advierte se declaró legalmente incompetente para resolver el recurso de que se trata; asimismo, remitió los autos del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés.****************************************CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Vista la constancia de notificación de tres de octubre de dos mil veintitrés, realizada por el Actuario Judicial de la adscripción licenciado Martin Monroy Maldonado, por la que se hizo del conocimiento del quejoso********************, el auto de fecha veintinueve de septiembre de la presente anualidad, de la cual se advierte que dicha parte, manifestó lo siguiente:****************************************"Quedo enterado y notificado del acuerdo de veintinueve de septiembre pasado, interpongo recurso de queja".****************************************Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos.****************************************Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes; remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el juicio principal, así como original y copia de la notificación de que se trata.****************************************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta que, vía postal, remite el quejoso ********************, por medio del cual pretende desahogar la prevención que se le formuló el ******************** del año en curso y al efecto aclara el acto que reclama en la presente instancia constitucional y las autoridades a las cuales se los atribuye; sin embargo, en diverso proveído de ******************** de la presente anualidad, se tuvieron por recibidos los diversos escritos signados por su Defensora Pública Federal, mediante los cuales dio cumplimiento al auto de prevención descrito en líneas que anteceden y, en atención a su contenido y al acto que reclamado, se determinó desechar la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, glósese únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, sin que haya lugar a un mayor pronunciamiento por los motivos descritos en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBEN ESCRITOS. Se tienen por recibidos los escritos de cuenta signados electrónicamente por la licenciada Itzel Alejandra López Hernández, Defensora Pública Federal del quejoso José Eduardo Cervantes S********************, por medio de los cuales y en cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos, manifiesta lo siguiente: "Posterior a la entrevista realizada con el representado José Eduardo Cervantes S********************, se precisa que el acto que se reclama es: La omisión de la reparación del daño de manera integral como resultado de los hechos de los que fue víctima José Eduardo Cervantes S******************** el ********************. Respecto de las siguientes autoridades: Titular de la Policía Federal Ministerial (ahora conocida como Guardia Nacional), en el Estado de Morelos, en la fecha en que sucedieron los hechos. Titular de la Secretaría de Protección Ciudadana (ahora conocida como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), en el Estado de Morelos, en la fecha en que sucedieron los hechos. Aunado a lo anterior, se precisa que los hechos descritos en la demanda de amparo, sucedieron en la ********************". CUMPLE PREVENCIÓN. Atento lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló en auto de ******************** de la anualidad en curso, en el sentido de que el acto que reclama en la presente instancia constitucional lo hace consistir en la omisión de la reparación del daño de manera integral como resultado de los hechos de los que aduce fue víctima el citado quejoso José Eduardo Cervantes S********************, el ******************** en el municipio de ********************. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Así como la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Septiembre de 1999, visible en la página 730, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el procedimiento administrativo correspondiente (controversia). En efecto, el precepto y fracción invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer, sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, solo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de ellas. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 233/2017, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 909, sustentó lo siguiente: 1. El principio de definitividad, el cual destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; 2. En segundo lugar porque tal principio implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto u omisión de autoridad; 3. Además, porque es obligación de la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente en contra del acto que estima afecta su esfera jurídica; y, 4. Que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, registro 223023, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA." Lo anterior, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, pues no obstante que el criterio invocado fue integrado conforme a la ley anterior, continúa vigente y por ende, deviene aplicable, dado que no se opone a la ley vigente. Ahora bien, debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia ley reglamentaria establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro 175624, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, en relación con el acto reclamado a la extinta Policía Federal Ministerial (ahora Guardia Nacional) y a la Secretaría de Protección Ciudadana (ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), ambas con sede en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de la reparación del daño de manera integral como resultado de los hechos de los que fue víctima el quejoso José Eduardo Cervantes S******************** el ********************. En efecto, una vez precisado lo anterior, esta juzgadora considera que contra el acto reclamado el promovente está legitimado para interponer las peticiones o agotar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Es pertinente destacar que los preceptos legales transcritos, son aplicables tanto a quienes se encuentren compurgando una pena privativa de libertad (sentenciados), como a los que se hallen sujetos a la prisión preventiva (procesados o imputados), al margen de que tales medidas restrictivas de libertad tengan su génesis en el sistema tradicional o mixto, o bien en el sistema penal acusatorio. Se considera de esa forma, cuenta habida que el Artículo Tercero Transitorio de la legislación especial en comento, señala: "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma." (Énfasis añadido). De la porción normativa reproducida deriva que deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, acorde al principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, en términos de la Jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 18, Décima Época, con registro 2001988, que a la letra dice: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." A partir de lo que precede, se colige que el juicio de derechos fundamentales es improcedente, entre otros supuestos, cuando sea factible efectuar peticiones por escrito a las instancias correspondientes, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige la tramitación y substanciación del juicio constitucional, salvo los supuestos de excepción correspondientes; de lo contrario, se posibilitaría a los impetrantes que, por el sólo hecho de alegar violaciones a la Constitución, acudir directamente al juicio de amparo. Los preceptos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. [.] Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. [.] Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. [.] Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. [.] Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; [.] Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. [.] Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. [.] Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." (Lo subrayado es propio) Acorde a los numerales reproducidos se concluye que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento relativo a las peticiones que formulen las personas privadas de su libertad a la autoridad carcelaria de que se trate, derivadas de la posible afectación, incluso inconformidad, sobre sus condiciones en reclusión, entre las que destacan el formular peticiones o quejas por escrito, en casos urgentes, por cualquier medio, a las instancias correspondientes (sin importar si éstas compurgan pena impuesta o se trata de prisión preventiva). Prevén que las peticiones sobre la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el director del centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la ley de nuestra atención establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, a saber: (I) recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; (II) en caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para subsanarla, de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición; hecho lo anterior, se emitirá la resolución, en caso de no acudir a la citación, se desechará la petición; (III) Admitida la petición, el Director del Centro se allegará de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; (IV) el Director del Centro resolverá, dentro de un plazo de cinco días y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior evidencia que, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla un procedimiento administrativo tendiente a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, sobre, entre otros aspectos, su condición de internamiento, a guisa de ejemplo, atención médica, alimentación, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, etcétera, el cual debe considerarse como medio de defensa judicializado. Resulta aplicable de manera puntual la tesis jurisprudencial 1a.J/. 79/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Diciembre 2018, Décima Época, página 230, con número de registro electrónico 2018548, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." (Lo remarcado, es de este órgano jurisdiccional). Asimismo, se prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, a través de la controversia que se promueva ante el Juez de Ejecución. Luego, como se adelantó, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar su estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme lo dispone el artículo 2 de la ley en comento, lo cual resulta relevante porque la propia legislación prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, que posibilita a las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas acudir directamente ante el Juez correspondiente con el objeto de resolver las controversias suscitadas. Virtud de lo anterior, se insiste en que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el quejoso acude a la vía constitucional reclamando la omisión de la reparación del daño de manera integral como resultado de los hechos de los que aduce fue víctima el ********************; sin embargo, no acreditó con medio de prueba alguno, que hubiese agotado el procedimiento jurisdiccional ante el Juez de ejecución. Lo anterior es así, toda vez que, merced a la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades administrativas deben supervisar los medios empleados para lograr la reinserción del sentenciado y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de la sentencia; mientras que, los Jueces de Ejecución, deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Entonces, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del Juez de Ejecución, ya que, de lo contrario, no tendrían efecto útil las disposiciones de la legislación aludida, pues se dejaría de cumplir con su objetivo, a decir, garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Lo contrario, implicaría dejar de observar que el propósito de la reforma que es garantizar, con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el Juez de Ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que, de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada, lo que incluso pudiese contrastar con los términos que se prevén en la Ley de Amparo para la substanciación y resolución del juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, tratándose de la reparación del daño de manera integral como resultado de los hechos de los que fue víctima el aquí quejoso el ********************, es necesario acudir al mecanismo de control ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Notificación al quejoso. Ahora, tomando en consideración que el quejoso José Eduardo Cervantes S********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, se constituya en el referido Centro de Reclusión y notifique personalmente al referido quejoso la presente determinación. En razón de que las funciones del actuario se constriñen única y exclusivamente a comunicar a las partes las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo en que se actúa, y no a recibir peticiones por escrito de las partes que son notificadas, salvo que en la misma actuación que se notifique se ordene implícitamente a recabar alguna manifestación en atención a un requerimiento o a una vista otorgada con motivo a la tramitación normal del juicio de amparo. Por ende, se exhorta al justiciable que evite hacer manifestaciones de cualquier naturaleza en las constancias de notificación; que le son practicadas, pues cualquier tipo de petición la deberá realizar por escrito y presentarla ante esta autoridad, por los medios que consideren idóneos o a través de su defensor, quien como conocedor de la materia instara de la manera adecuada la misma y así estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, aspectos con los que no se contraviene el derecho de petición a que alude el artículo 8 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho). En la inteligencia que solo y exclusivamente, tratándose de cuestiones relacionadas con la salud o que ponga en peligro la vida de los procesados se estará en la posibilidad de externarlo al actuario para que esté a su vez lo haga del conocimiento a éste órgano jurisdiccional. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa, así como a su Defensora Pública Federal.

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