José Eduardo Ávila Fernández
Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Eduardo Ávila Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se negó la suspensión. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional:https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/p aginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios% 2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada la sentencia de fecha de engrose veinticinco de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, este y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DEÑL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 594/2023, promovido por ..., contra actos del juez Trigésimo Cuarto y Tercera Sala, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El quince de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad, por cuestión de turno, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Por lo que, previo desahogo de prevención, el siete de junio de este año, este órgano jurisdiccional admitió la acción de amparo, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió el informe justificado a las autoridades responsables y ordenó emplazar a la tercera interesada. Tercero. Trámite. Las autoridades responsables rindieron su informe de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representación social no intervino; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden mercantil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución de trece de abril de dos mil veintitrés emitida por la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México que confirmó la interlocutoria de diecisiete de febrero de este año, dictada por el Juez Trigésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de esta ciudad, en el incidente de reducción de la tasa de los intereses moratorios al tipo legal derivado del juicio ejecutivo mercantil ..., que declaró infundada la incidencia mencionada. Tercero. Existencia. En su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron el acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se da noticia de las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El seis de agosto de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil .... Resolución que fue confirmada por la Tercera Sala Civil de esta ciudad. II. El veinticuatro de enero de este año, el quejoso promovió incidente de reducción de tasa respecto de los intereses moratorios al tipo legal, el cual fue admitido el dos de febrero de esta anualidad y el diecisiete de ese mismo mes y año, el juez de origen emitió la sentencia interlocutoria en los siguientes términos: "PRIMERO.- ES INFUNDADO el INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE LA TASA DE LOS INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL, promovido por JOSÉ EDUARDO ÁVILA FERNÁNDEZ. (.) III. El uno de marzo siguiente, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia descrita y el trece de abril de este año, la Sala responsable confirmó la interlocutoria impugnada. Resolución que integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado viola los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque: a. A causa de la indebida interpretación, errónea aplicación o por su falta de aplicación de dichos preceptos, la Sala confirmó la interlocutoria recurrida realizando afirmaciones que no competen o no deben agravar al apelante a.1. En términos del artículo 1 constitucional era factible que el juzgador considerara, incluso de oficio, la reducción de las tasas de interés usureras, como la del documento base de la acción donde se pactó el 3% mensual por mora. a.2. Aun cuando en el juicio de origen se haya dictado sentencia definitiva, la interpretación de nuestro máximo tribunal es que el juzgador, de oficio, debía entrar al estudio, análisis y decisión respecto de la usura siempre y cuando no haya sido materia de estudio en dicha resolución. a.3. La responsable realiza un pronunciamiento infundado e incongruente pues por un lado reconoce que en el juicio de origen no se estudió ni analizó la usura pero por otra parte no realizó un verdadero estudio de las diferencias y alcances del estudio material y formal de una sentencia. a.4. Resulta improcedente que se prive al quejoso de alegar el derecho humano de la prohibición de la usura en subsecuentes liquidaciones de intereses moratorios bajo el argumento de que no fue analizado en sentencia definitiva y teniendo como limitante la cosa juzgada. Los motivos de disenso se consideran infundados, los cuales se analizarán en conjunto, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, pues son temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora bien, la cosa juzgada tiene su fundamento en el artículo 17 Constitucional, y está vinculada con la seguridad jurídica prevista a su vez en el diverso numeral 14 del mismo ordenamiento, por lo que no puede estar sujeta a discusión, lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 85/2008, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el caso, el acto reclamado se emitió en el incidente de reducción de la tasa de interés moratorio al tipo legal dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen donde la parte quejosa solicitó reducir los montos a los que fue sentenciada en diversas resoluciones interlocutorias de cuantificación y actualización de intereses moratorios. Como se ve a continuación: "consecuentemente se deberán reducir los importes de las planillas liquidadas y aprobadas mediante resoluciones interlocutorias de fechas 1 de julio del 2010, 24 de noviembre del 2010, 31 de marzo del 2011, 26 de agosto del 2011, 8 de noviembre del 2011, 7 de mayo del 2012, 6 de agosto del 2012, 14 de febrero del 2013, 29 de abril del 2013, 7 de junio del 2013, 26 de agosto del 2013, 2 de abril de 2014, 26 de junio del 2014, 28 agosto del 2014, cuya suma de cada liquidación da la cantidad aproximada de $1,505,112.60 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 60/100 M.N.) a razón del 3% mensual, que comprende intereses moratorios a partir del 28 de mayo del 2007 al 28 de junio del 2014." En ese sentido, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el análisis de la usura puede efectuarse, siempre y cuando el fallo que establece la condena respectiva, se encuentre sub-judice; sin embargo, una vez que la sentencia adquiere la característica de cosa juzgada, necesariamente debe ejecutarse al ser una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, consagrado en el artículo 17 constitucional; circunstancia que limita a las autoridades judiciales para analizar si existe o no una tasa de interés usuraria. Argumentos plasmados en la jurisprudencia 1a./J.28/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 657, intitulada: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.". Por otro lado, el artículo 217 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. En ese sentido, contrario a lo alegado por el promovente de amparo, fue correcto que la autoridad responsable desestimara la apelación interpuesta por la quejosa, pues como quedó evidenciado, el tema de la usura no puede ser estudiado en la etapa de ejecución de sentencia, pues conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la autoridad está obligada a acatar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre dicho aspecto. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva por lo que hace al juez responsable, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Eduardo Ávila Fernández, contra actos de la Tercera Sala y juez Trigésimo Cuarto, ambos de lo Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 594/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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