José Eduardo Aguilar Tijanero

Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
762/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Andrés Medina Rodríguez
  • José Eduardo Aguilar Tijanero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por los promoventes y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia...archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte... resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibida la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional notificó a los quejosos el auto de veintiséis de julio del año en curso; asimismo, en dicha diligencia el quejoso José Nava González manifestó que su nombre correcto es José Cándido Nava González, de lo que este juzgado de distrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos la razón de cuenta, en la cual la actuaria judicial asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso Andrés Medina Rodríguez el proveído de veintiséis de julio del presente año, por el motivo ahí expuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el acuerdo de veintiséis de julio pasado, así como el presente proveído al referido quejoso por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale otro domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista de acuerdos, así como el diverso de veintiséis de julio del presente año. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO ANDRÉS MEDINA RODRÍGUEZ EL DIVERSO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL PRESENTE AÑO:(.)DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, contra el acto que reclaman del Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 762/2022-4-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgado de Distrito confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO La omisión de brindarles una adecuada atención médica adecuada y suministro de medicamento para sus padecimientos. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. Ahora, al existir diversa causal de improcedencia pendiente de analizar, se procede a lo siguiente: En la especie también se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. ... ... De lo transcrito, se aprecia que la parte quejosa en contra del acto que reclama debió agotar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así mismo, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I y 120 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la petición al director del centro penitenciario responsable constituye una primera etapa de dicho procedimiento que tiene como objeto solucionar las controversias surgidas con motivo de los hechos que pudieran afectar sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción en la instancia jurisdiccional, ante quien solo basta la simple petición de la suspensión del acto reclamado, y solo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga, hasta entonces pudiera ser procedente el juicio de amparo. En ese tenor, los actos que por esta vía se combaten están relacionados con las condiciones de internamiento, y para ello los quejosos tendrán a su alcance una acción por virtud de la cual la autoridad podía reparar esa posible violación. Pues el hecho de estar privado de la libertad en un centro penitenciario significa que el interno está en prisión preventiva o en ejecución de la pena; en cuyo caso la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 9°, fracción IX, 107 y 108, fracción I, le otorga el derecho de realizar una petición por virtud de la cual la autoridad administrativa está obligada a abrir un procedimiento y, una vez agotado, resolver lo conducente. En ese contexto, previo acudir al amparo, los quejosos debieron realizar su petición ante el director del centro de reclusión responsable, agotar el trámite correspondiente y cuando se hubiera dictado la última resolución, hasta entonces tenía la posibilidad de acudir al amparo. ... Por lo anterior, si los amparistas cuentan con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que se tiene que seguir, al tener regulación expresa en la materia. ... De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Así las cosas, es dable señalar que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que los quejosos acuden a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, contra la omisión de brindarles una adecuada atención médica y suministro de medicamento para sus padecimientos. No obstante, en la especie no se aprecia que los impetrantes hayan agotado el procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente citados, ya que a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto del acto del que se duele en esta vía constitucional. Así es, dado que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte dato objetivo alguno tendiente a evidenciar que los quejosos hayan formulado la petición respectiva ante las autoridades responsables, y aún en caso de que lo haya hecho, debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, por virtud de la omisión de las autoridades penitenciarias, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Dicho de otro modo, los interesados deben agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Luego, si bien la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una hipótesis de excepción, lo cierto es que este Juzgado estima que la misma no se actualiza, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe destacar que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí, que el Juez de ejecución podrá analizar lo relativo a la omisión por parte de las responsables de brindarle atención médica, para sus padecimientos consistentes en un fuerte dolor en todo el cuerpo y dermatitis. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. ... Por otra parte, no debe perderse de vista que, aun cuando el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, lo cierto es que, solamente está para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para remediar dichas violaciones a esos derechos humanos, como en el caso, que el legislador mexicano decidió otorgar la facultad de garante como Juez Natural de esos derechos fundamentales previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. Además de que, dicha herramienta prevista en la citada Ley Nacional, favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Máxime que, el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo. Sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga homnnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para los quejosos o quienes promueven la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que por reserva de ley, no se actualiza el caso de excepción previsto por el segundo párrafo de la fracción XX del numeral citado. Aunado a que, conforme a lo ordenado en el artículo 1° Constitucional, de privilegiarse el mayor beneficio de la persona, que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, cuando se reclama en el juicio de amparo la falta o negativa de atención médica adecuada, es inconcuso que existe el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal y como quedó establecido en párrafos que anteceden, el cual debe agotarse previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa que se rige, entre otros principios, por el de definitividad. ... Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. LAS NOTIFICACIONES A LOS QUEJOSOS, con motivo de que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Estado de Veracruz, deben llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto... DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto...

  3. Principal

    .... DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, contra el acto que reclaman del Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 762/2022-4-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgado de Distrito confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO La omisión de brindarles una adecuada atención médica adecuada y suministro de medicamento para sus padecimientos. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. Ahora, al existir diversa causal de improcedencia pendiente de analizar, se procede a lo siguiente: En la especie también se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. ... ... De lo transcrito, se aprecia que la parte quejosa en contra del acto que reclama debió agotar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así mismo, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I y 120 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la petición al director del centro penitenciario responsable constituye una primera etapa de dicho procedimiento que tiene como objeto solucionar las controversias surgidas con motivo de los hechos que pudieran afectar sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción en la instancia jurisdiccional, ante quien solo basta la simple petición de la suspensión del acto reclamado, y solo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga, hasta entonces pudiera ser procedente el juicio de amparo. En ese tenor, los actos que por esta vía se combaten están relacionados con las condiciones de internamiento, y para ello los quejosos tendrán a su alcance una acción por virtud de la cual la autoridad podía reparar esa posible violación. Pues el hecho de estar privado de la libertad en un centro penitenciario significa que el interno está en prisión preventiva o en ejecución de la pena; en cuyo caso la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 9°, fracción IX, 107 y 108, fracción I, le otorga el derecho de realizar una petición por virtud de la cual la autoridad administrativa está obligada a abrir un procedimiento y, una vez agotado, resolver lo conducente. En ese contexto, previo acudir al amparo, los quejosos debieron realizar su petición ante el director del centro de reclusión responsable, agotar el trámite correspondiente y cuando se hubiera dictado la última resolución, hasta entonces tenía la posibilidad de acudir al amparo. ... Por lo anterior, si los amparistas cuentan con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que se tiene que seguir, al tener regulación expresa en la materia. ... De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Así las cosas, es dable señalar que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que los quejosos acuden a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, contra la omisión de brindarles una adecuada atención médica y suministro de medicamento para sus padecimientos. No obstante, en la especie no se aprecia que los impetrantes hayan agotado el procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente citados, ya que a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto del acto del que se duele en esta vía constitucional. Así es, dado que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte dato objetivo alguno tendiente a evidenciar que los quejosos hayan formulado la petición respectiva ante las autoridades responsables, y aún en caso de que lo haya hecho, debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, por virtud de la omisión de las autoridades penitenciarias, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Dicho de otro modo, los interesados deben agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Luego, si bien la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una hipótesis de excepción, lo cierto es que este Juzgado estima que la misma no se actualiza, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe destacar que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí, que el Juez de ejecución podrá analizar lo relativo a la omisión por parte de las responsables de brindarle atención médica, para sus padecimientos consistentes en un fuerte dolor en todo el cuerpo y dermatitis. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. ... Por otra parte, no debe perderse de vista que, aun cuando el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, lo cierto es que, solamente está para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para remediar dichas violaciones a esos derechos humanos, como en el caso, que el legislador mexicano decidió otorgar la facultad de garante como Juez Natural de esos derechos fundamentales previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. Además de que, dicha herramienta prevista en la citada Ley Nacional, favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Máxime que, el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo. Sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga homnnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para los quejosos o quienes promueven la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que por reserva de ley, no se actualiza el caso de excepción previsto por el segundo párrafo de la fracción XX del numeral citado. Aunado a que, conforme a lo ordenado en el artículo 1° Constitucional, de privilegiarse el mayor beneficio de la persona, que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, cuando se reclama en el juicio de amparo la falta o negativa de atención médica adecuada, es inconcuso que existe el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal y como quedó establecido en párrafos que anteceden, el cual debe agotarse previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa que se rige, entre otros principios, por el de definitividad. ... Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. LAS NOTIFICACIONES A LOS QUEJOSOS, con motivo de que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Estado de Veracruz, deben llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto... DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto... Notifíquese personalmente.

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