Jose Edilberto Gómez Estrada

Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
732/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Jose Edilberto Gómez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO PROVENIENTE DEL.....DEL QUE SE ADVIERTE QUE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO.....REGISTRADO BAJO EL NÚMERO...592/2021-II...EN CONSECUENCIA....SE ORDENA EL ARCHIVO....

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se provee: Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de dos de julio de la presente anualidad, a través del cual, la citada autoridad otorgó un término de diez días hábiles a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, a efecto de dar debido cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, asimismo, da vista al ayuntamiento demanda con la planilla de liquidación a favor de la aquí quejosa y señala fecha y hora para el desahogo de la audiencia de liquidación dentro del juicio laboral de origen. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable para el efecto de que, dentro del improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que fenezca el plazo otorgado al Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco en auto de dos de julio del año en curso, remita las constancias con las cuales acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por**********, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. Expediente electrónico Regístrese la demanda de amparo en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número 732/2021; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Prevención Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este tribunal federal realiza el siguiente análisis: El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar que se colmaron los requisitos que marca la ley en cita, y que no existan irregularidades en la misma; así, entre los requisitos que marca la ley de la materia, se encuentran los previstos en su artículo 114, fracciones I y II, que señalan lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.)." Por su parte, el artículo 108, fracción V, de la mencionada ley, señala lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Ahora bien, en confrontación de los normativos citados con la demanda de garantías, se obtiene que la parte quejosa no colmó lo previsto en tales preceptos legales. Ello es así, debido a que la demanda que nos ocupa carece de una relación de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con relación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; dado que si bien, la parte quejosa indica claramente que se duele del acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 378/2021, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Municipio de Pichucalco, Chiapas, mediante el cual dicho órgano judicial fijó la cantidad de $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un peso 00/100 M.N) como pensión alimenticia provisional a favor de la aquí tercero interesada María Teresa Díaz Ávila, por sí y en representación de sus menores hijos E.A.G.D. y J.Y.G.D., sin embargo, omite precisar donde se ejecutará dicho acto. Lo que no permite establecer de manera correcta la competencia de este juzgado para conocer del presente juicio, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2001236, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 145 del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." En consecuencia, antes de proveer sobre la admisión de la demanda presentada a fin de cumplir con los requisitos previstos en la aludida fracción normativa del artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II y 112 del ordenamiento legal citado, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: ?Amplíe el escrito de demanda con el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, y realice una adecuada narración de los acontecimientos que ocurrieron con antelación a los actos que reclama, que permita analizarlos dentro de su contexto legal, esto es, manifieste donde se ejecutará el acto reclamado, esto es, donde se hará efectivo el cobro del monto de la pensión provisional decretado en el juicio 378/2021, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Municipio de Pichucalco, Chiapas. Lo anterior, para estar en condiciones de acordar la demanda de amparo, ya que se hace necesario que cumplimente el requerimiento anterior, por lo que se le concede el término de cinco días hábiles contado a partir de que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, para que lo realice conforme a la ley. Se le hace saber a la parte quejosa, que dado que se requiere que realice manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, deberá ser desahogada de manera personalísima por quien promueve la demanda y que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P..51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido, que del escrito mediante el cual cumplan la prevención impuesta en este acuerdo, deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; ello, para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia cuyo número de registro 189,977, Materia: Común, de la Novena Época, del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001, Tesis: P./J. 36/2001, Página: 79: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento que antecede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta, y por autorizados en términos del ultimo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere por no tener registrada sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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