Jose Duvalier González Castro

Expediente 586/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
586/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
04/09/2020

Partes del expediente

  • Jose Duvalier González Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 586/2020-VIII, promovido por José Duvalier González Castro, contra actos del Secretaria de Gobernación y otras autoridades ; asimismo, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja con número 53/2020 por el Tribunal Colegiado citado. Sin que haya lugar a acusar recibo de estilo por así haberlo solicitado el órgano colegiado. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado oficiante resolvió, lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Asimismo, previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veinte. Se agrega el oficio recibió vía correo electrónico, de la Actuaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito a través del cual, acusa recibo del diverso oficio 12637/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que admite a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta de junio del presente año, quedando registrado con el toca número Q.A.-59/2020. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de julio de dos mil veinte. Se agrega en autos el escrito de cuenta recibido vía electrónica, por medio del cual, José Duvalier González Castro, por propio derecho, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que es cierto el acto reclamado, y vía interconexión remítanse los presentes autos para la substanciación del recurso de mérito, acompañando el escrito de expresión de agravios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veinte. Se agrega a los autos el escrito electrónico de cuenta recibido en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, signados por Geovanny Ernesto Morales Rizo, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veinte; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el ocurso de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes; en atención a su contenido se tiene por desahogada la prevención formulada en los términos que el promovente precisa y para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: ? Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; ? Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, ? También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito aclaratorio, se advierte que, el promovente señala como acto reclamado, la emisión de la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, número NUE: 1954548, NUT: 4733952 y FOLIO: 4400531, correspondiente al trámite migratorio de reposición de documento migratorio por perdida, robo o deterioro, emitida por la Jefa de Departamento de Atención a Trámites "F", de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, por medio de la cual, le fue negada su petición al haberse encontrado un registro vigente en las listas de control migratorio. Ahora bien, respecto del acto que señala el quejoso, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso está obligado agotar el principio de definitividad en relación con la resolución reclamada, máxime que no se actualiza ninguna excepción a éste, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida; De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso concreto el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Para corroborar la actualización de la causa de improcedencia referida, debe señalarse que el acto reclamado que por esta vía se combate, consistente en la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, emitida por la Jefa de Departamento de Atención a Trámites "F", de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, a través de la cual resolvió: Bajo ese tenor, cobra actualización el supuesto previsto en la fracción XII del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dispone que dicho tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En efecto, este Juzgado estima que en el caso particular, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el amparo se promueve en contra de la resolución antes citada, que es una resolución definitiva, pues de su contenido se advierte que se negó a José Duvalier González Castro, quejoso en el presente juicio de garantías, su petición de reposición de documento migratorio por perdida, robo o deterioro, entre otros, con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que tal resolución es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos de la fracción XII del artículo 3 de su Ley Orgánica, o sea, se reitera se trata de un acto definitivo que resuelve un expediente y que está fundado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por tanto, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, resulta obligatorio el agotamiento del juicio contencioso administrativo referido por parte del quejoso, toda vez que dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece que en la tramitación de tal medio de defensa puede solicitarse la suspensión del acto que se impugna, medida cautelar para cuya concesión no se exigen mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 fracción IV, Constitucional, en términos del numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que son suspendibles los efectos de todas la resoluciones definitivas combatidas en el juicio de nulidad, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de dicha medida, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Lo anterior, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos del artículo 28, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE). El análisis del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con base en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite establecer que con motivo de la reforma a este último ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del once de marzo de dos mil once, según el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, su artículo 28 no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los diversos 124, 125, 130, 131, 135 y 139 de la Ley de Amparo, debido a que ambas leyes son coincidentes en establecer para ello los siguientes: a) Puede solicitarse en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia; b) A la solicitud deben acompañarse copias tanto de la promoción como de las documentales que se ofrezcan, para correr traslado a las partes; c) Cuando se solicite contra actos que involucren determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, se concederá previa garantía o depósito; d) La garantía o depósito puede reducirse de acuerdo a la capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa al pago del crédito; e) La suspensión se tramita por cuerda separada; f) Se otorga si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no queda sin materia el juicio, cuando los actos no se hayan consumado irreparablemente y si se causan al demandante daños mayores en caso de no decretarse; g) Se prevé la posibilidad de impugnar el auto que decrete o niegue la suspensión; h) Si la ley del acto no prevé la suspensión ante autoridad ejecutora, dicha medida podrá decretarse y subsistirá mientras no se modifique o revoque y hasta que se emita sentencia firme; i) En tanto no se pronuncie sentencia en el juicio, se podrá modificar o revocar la resolución que decretó o negó la suspensión; j) Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva. Aunado a ello, del referido artículo 28 se advierte que no precisa, como lo hace el 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión, cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, tal omisión, lejos de erigirse como un requisito mayor para la procedencia de la medida cautelar, constituye una reducción de las condicionantes que para tal efecto se exigen en el juicio de garantías, por lo que resulta de mayor indulgencia la suspensión en el juicio de nulidad. En ese contexto, queda de manifiesto que el mayor grado de requisitos previstos para otorgar la suspensión del acto impugnado apreciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", ha quedado superado con la indicada reforma. Es importante destacar que conforme al artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo cual es compatible con el previsto por la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional. Por otra parte, si bien es cierto que conforme al inciso d) de la fracción III del citado precepto el Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que deberá rendir en el término de tres días, vencido el cual, con informe o sin él, aquél resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes, también lo es que los aspectos relativos al envío del informe y el plazo de decisión sólo difieren en que la Ley de Amparo dispone veinticuatro horas para que la autoridad rinda su informe previo, pero el plazo de tres días para resolver, con o sin informe es similar al de setenta y dos horas que establece la legislación de amparo. Aunado a ello, conviene precisar que el plazo otorgado por esta última ley a la autoridad demandada para que rinda su informe, no constituye un requisito de eficacia o de procedencia para el otorgamiento de la suspensión definitiva, en la inteligencia de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, la restricción sobre los términos de decisión se refiere a la suspensión provisional y no a la definitiva. Por tanto, antes de acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, en términos de los artículos 14, fracciones XI y XVI, y 15 de su ley orgánica, salvo que se actualice alguna excepción al mencionado principio de definitividad. (No. Registro: 2001434, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Decima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Página: 1933) La jurisprudencia citada corrobora que los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo. No es óbice para arribar a lo anterior que la jurisprudencia con número de registro 2001434 se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley vigente. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. En razón de lo anterior, no se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. En ese contexto, al ser factible la suspensión de los efectos del acto reclamado ante la potestad común sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se estima que la presente demanda de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en razón de que al estudiar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atento a los requisitos de la Ley de Amparo, es patente que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro. De igual modo, en el caso no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia que se analiza, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, en razón de que de su contenido y sin prejuzgar sobre su legalidad, se advierte entre otros preceptos, citan los artículos 1, 2 y 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 43, fracción II y IV, 54, 77, 79 y 96 de la Ley de Migración, y con base en ellos expone los razonamientos en que apoya su decisión, por lo que es dable concluir que no se trata de un acto carente de fundamentación, que harían procedente la excepción de que se trata. Tampoco se aducen violaciones directas a la Constitución, aunado a que tal circunstancia por sí misma no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Apoya lo anterior, las tesis de rubro y texto siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional. Época: Novena Época, Registro: 189268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o. J/9, Página: 1031. RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. Época: Novena Época, Registro: 205283, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XX. J/1, Página: 94. De ahí que este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Época: Séptima Época, Registro: 237480, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 119. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que el quejoso sea tercero extraño, puesto que es parte en el procedimiento de origen ya que él fue quien inició el trámite del que derivó la resolución reclamada. Tampoco se desprende que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. No pasa inadvertido que la parte quejosa pretende que se aplique en su favor la tesis de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", y que alegue que no debe cumplir con el principio de definitividad porque el acto reclamado es de "imposible reparación"; sin embargo, dicha tesis fue superada por el criterio que enseguida se transcribe y en el que el Pleno del Alto Tribunal definió que en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, máxime que no se advierte que la ejecución de ese acto le traiga consecuencias irreparables, porque la afectación que pudiera sufrir con la decisión de la autoridad administrativa puede enmendarse en caso de obtener una resolución favorable en el juicio de nulidad que promueva, pues eventualmente se le ordenaría a la autoridad emitir una resolución en la que resuelva en sentido favorable a los intereses del quejoso. El criterio mencionado es el siguiente. DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Época: Décima Época, Registro: 2017117, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 11/2018 (10ª), Página: 8. Por otra parte, el promovente aduce que otra excepción que se actualiza es la que se menciona en esa tesis y en la que se definió que el principio de definitividad no debe agotase cuando se trata de actos que "importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículos 22 constitucional"; sin embargo, del contenido de la resolución reclamada no se advierte que exista decisión alguna de la autoridad en la que ordene la deportación o el destierro del quejoso, pues, como ya se vio, únicamente le negó, es decir, no hay orden expresa en ese sentido, por lo que en caso de que eso ocurra será, por la emisión de alguna resolución que se dicte en ese sentido, o sea, de otro acto, pero no del que aquí se reclama. No obsta que el quejoso pretenda invocar en su favor la tesis de rubro "RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", sin embargo no es aplicable al caso que nos ocupa toda vez que se refiere al recurso de revisión citado en ese ordenamiento y no al juicio de nulidad federal, que está regulado en la ley orgánica mencionada. Asimismo, por lo que hace a las tesis con rubros: "JUICIO DE NULIDAD Y RECURSO DE REVISIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ES INNECESARIO AGOTARLOS, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL ESTABLECERSE EN LOS ORDENAMIENTOS QUE LOS PREVÉN PLAZOS MAYORES QUE LA LEY DE AMPARO PARA ACORDAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO", y "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL ESTABLECER LA LEY QUE LO REGULA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN", no son aplicables toda vez que la instancia que procede para el acto reclamado que nos ocupa, es el juicio de nulidad federal y se reitera que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Sin que la anterior decisión conlleve la restricción al derecho fundamental de impartición de justicia en su vertiente de tutela judicial efectiva, porque aun cuando no pasa inadvertida la condición de extranjero del quejoso, lo cierto es que tiene la posibilidad de acceder a un medio de impugnación en contra de la resolución impugnada que le permita sea analizada por la instancia correspondiente mediante el juicio de nulidad; además, aun cuando al estar en territorio nacional cuenta con los mismos derechos que cualquier habitante tiene, también es evidente que cuenta con las mismas obligaciones, lo que implica que también debe respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes, en este caso, el establecido en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra establece: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.(Época: Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487.) En las condiciones apuntadas, se estiman colmadas las causales de improcedencia previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por José Duvalier González Castro, por propio derecho, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, con número de NUE: 1954548, NUT: 4733952 y FOLIO: 4400531, emitida por la Jefa de Departamento de Atención a Trámites "F", de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, la cual se resolvió con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha de plano la presente demanda de amparo, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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