José Domingo Santiago López
Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Domingo Santiago López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó y concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; advirtiéndose que no obra constancia alguna que acredite que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de la República, residente en Ciudad de México, haya quedado legalmente notificada del proveído de trece de septiembre del año en curso, en el que se le tuvo como tercera interesada en este juicio de amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las diez horas con treinta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para su celebración. Por otra parte, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que el quejoso José Domingo Santiago López, dentro del término legal de quince días que se le concedió, no dio cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de trece de septiembre del actual; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, por lo que, téngasele por desinteresado en la ampliación de su demanda de amparo, respecto de la constancia de notificación (de tres de agosto de dos mil diecisiete) relativa a la apertura del incidente no especificado de traslado dentro de la causa penal 58/2010-III, y de la autoridad responsable notificadora adscrita al Juzgado de Control de Juchitán, Oaxaca, que la practicó; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 292/2018, los autos originales del juicio de amparo 7/2018 y cuatro anexos; glósese a los autos originales el oficio y ejecutoria referidos, y el cuaderno de antecedentes respectivo; acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. Ahora bien, tomando en cuenta que del análisis integral de la ejecutoria en comento, se desprende que el Tribunal de Alzada revocó el auto de sobreseimiento fuera de audiencia recurrido, y encomienda a este juzgado la reposición del procedimiento para los efectos precisados en el último considerando de la propia ejecutoria; en consecuencia, se provee: Atento al análisis integral de la ejecutoria mencionada, queda subsistente todo lo actuado en este juicio de amparo indirecto, hasta antes del auto de sobreseimiento fuera de audiencia revocado. Se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Dése vista al quejoso José Domingo Santiago López, por el término mínimo de ocho días, con el contenido integral del informe justificado rendido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; y con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el diverso precepto 17, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de quince días siguiente a su legal notificación, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto de la constancia de notificación (de tres de agosto de dos mil diecisiete) relativa a la apertura del incidente no especificado de traslado dentro de la causa penal 58/2010-III, así como si es su deseo señalar como autoridad responsable a la notificadora adscrita al Juzgado de Control de Juchitán, Oaxaca, que la practicó y, en su caso, formule conceptos de violación; apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, se le tendrá por desinteresado en la ampliación de su demanda respecto de dicho acto y autoridad para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de la República, residente en Ciudad de México, que actúa en el proceso penal del que deriva la resolución reclamada. En consecuencia, emplácesele mediante oficio en el que se le trascriba este acuerdo, al que debe agregarse copia del auto de admisión y de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a trece de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que acusa recibo del oficio número 1185 del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso José Domingo Santiago López, contra el acuerdo de siete de febrero del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del correo electrónico oficial y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adj unto recibido". Notifíquese. III-A
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