José Domingo Méndez Ortega

Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
429/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2020

Partes del expediente

  • José Domingo Méndez Ortega
  • Agente del Ministerio Público Adscrita A la Mesa de Feminicidios de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Contra la Mujer Por Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA 8 "... Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que por determinación de tres de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada...se declara que dicha resolución ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente y el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."

  2. Principal

    ...Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En relación con el principio de definitividad se cita el criterio siguiente, que no contraviene a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Luego, sobre el tópico existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculante para este juzgador en términos del párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo, en que se ha resuelto que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, son impugnables ante el juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo, se debe agotar dicho mecanismo, así como los medios de impugnación contemplados en esa legislación. En ese sentido, se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945, registro 2017641, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, registro 2017640, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Como se observa de lo transcrito, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, determinó que los jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Por ende, debe agotarse el medio impugnación establecido en el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que versa en la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, concretamente en torno al esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; lo anterior, en observancia al principio de definitividad. En ese sentido, para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente, los acusados que reclamen una omisión por parte de la representación social, en los términos indicados con anterioridad, deben agotar previamente dicho medio de defensa, pues de lo contrario, se actualizará la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello, porque tal mecanismo tiene la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En el caso, el quejoso JOSÉ DOMINGO MÉNDEZ ORTEGA, reclama de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: destacadamente lo siguiente: La determinación de veintinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación 16879/FMUJ/UFEM/2019; donde se negó a levantar el aseguramiento de un cuarto del inmueble ubicado en la Primera Cerrada de la Calle De Hermenegildo Galeana, número 118, Colonia Centro, Oaxaca; y, su notificación. Como se ve, la negativa aquí reclamada al Ministerio Público implica la abstención de éste a levantar el aseguramiento de un inmueble; acto que, además, fue emitido durante la etapa de investigación. Empero, el aseguramiento que recae sobre inmuebles debe ser sometido a control judicial, esto porque si bien, en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculta al Ministerio Público y a la Policía en auxilio de éste, para asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. También lo es que, la fracción III, del artículo 230, del cuerpo normativo en comento, establece que los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente; por su parte el numeral 252 de dicho Código dispone que requieren de autorización previa del Juez de Control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. Lo anterior cobra relevancia porque el artículo 16, catorceavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado con la reforma penal de dos mil ocho, introdujo el control judicial inmediato sobre las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación del Ministerio Público, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de los indiciados, víctimas u ofendidos. De ahí, que el acto consistente en la negativa de la representación social a levantar el aseguramiento del cuarto del inmueble ubicado en la Primera Cerrada de la Calle De Hermenegildo Galeana, número 118, Colonia Centro, Oaxaca; debe ser sometida a control judicial, previamente a la promoción del juicio de garantías; lo cual se puede lograr a través del medio de impugnación establecido en el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el hoy quejoso tiene la posibilidad de impugnar la negativa del Representante Social a levantar el aseguramiento del inmueble. Por ende, la parte justiciable tiene la obligación procesal de acudir ante el Juez de Control competente pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, informa lo siguiente: Que el cuarto del inmueble ubicado en la primera cerrada de la calle Hermenegildo Galeana número 118, colonia Centro, Oaxaca, asegurado en la carpeta de investigación 16879/FMUJ/UFEM/2019, no ha sido sometido a control judicial. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    MESA I C "... Vistas las constancias de autos, a efecto de estar en condiciones de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Feminicidio de la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días contado legalmente, informe si el cuarto del inmueble ubicado en la Primera Cerrada de la Calle de Hermenegildo Galeana, número 118, Colonia Centro, Oaxaca, asegurado en la carpeta de investigación 16879/FMUJ/UFEM/2019, ya fue sometido a control judicial, en dado caso deberá remitir copia certificada legible y completa de las constancias respectivas. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 230, fracción III, y 252, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: (.) III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo." "Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: (.)". Apercibida que de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($ 4,344.00 M. N.). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo..."

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