Jose Domingo Lira Lucio
Expediente 589/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jose Domingo Lira Lucio
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos la copia certificada de la ejecutoria de quince de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reclamación radicado con el número 1/2021, interpuesto por el recurrente José Domingo Lira Lucio, por conducto de su representante legal José María Ruíz Cárdenas, contra el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitido en los autos del presente asunto; en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el inconforme citado, en contra de la sentencia de dos de abril de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 262/2018; en tal virtud, dicho acuerdo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial en Pachuca de Soto, Hidalgo. Finalmente y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, remitido por el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, al cual acompaña los autos del juicio de amparo indirecto 552/2020-II; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que mediante resolución de treinta de noviembre del año en curso, emitida por la autoridad federal oficiante, en los autos del juicio de amparo 552/2020-II de su índice; se declaró legalmente incompetente para conocer respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva emitida en la causa penal 262/2018, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Por lo cual, el juez constitucional señala que ante tales aseveraciones surgió un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso ya referido, en razón de haberse dictado sentencia definitiva; situación que impide a la autoridad oficiante federal analizar la constitucionalidad del acto reclamado, en tanto que, al haberse dictado la sentencia de primera instancia que resuelve en definitiva la situación jurídica del quejoso, dicho órgano jurisdiccional no podía pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto de vinculación a proceso sin afectar la subsistencia de la sentencia de mérito, pues la misma se trata de un fallo que pone fin al juicio; por tanto, la substanciación del juicio de garantías debe hacerse de conformidad a las reglas previstas para el amparo directo, surtiéndose por tanto, la competencia en favor de un tribunal colegiado de circuito; es por ello, que el a quo federal consideró carecer de competencia para resolver el juicio de derechos que se le planteó. Consecuentemente, la autoridad federal oficiante, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, ordenó remitir la demanda de garantías promovida y anexos al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, tocando conocer a este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo al haber realizado diversas prevenciones al quejoso a fin de que especificara los actos reclamados, quedaron establecidos los siguientes: "A).- El auto de vinculación a proceso de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 262/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial en Pachuca, Hidalgo, por los hechos que la ley contempla como delito de abuso sexual agravado.- b).- Diversas violaciones procesales dentro de la citada causa penal y la sentencia definitiva dictada en la misma".- Así las cosas, al haberse precisado los actos reclamados, quedando entre otros como tal, la sentencia definitiva dictada en los autos de la causa penal 262/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial en Pachuca, Hidalgo, cabe destacar que en contra de dicha resolución procede el recurso de apelación. Por tanto, si el quejoso no apeló la resolución de primer grado, esto es, la sentencia definitiva de dos de abril de dos mil dieciocho, como lo establece el artículo 468, del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitida en la causa penal 262/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial en Pachuca, Hidalgo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el quejoso José Domingo Lira Lucio, contra el acto que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado en Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial en Pachuca, Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10 a), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución al quejoso, hágasele personalmente en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones y como autorizados para tales efectos a los referidos en la demanda constitucional. Asimismo, en su momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO.
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