José Domingo Cruz Arroniz

Expediente 1259/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1259/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • José Domingo Cruz Arroniz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexo. Por último, devuélvanse el legajo de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Quejoso ratifica escrito y se tiene parcialmente desahogada prevención. Se desecha demanda de amparo. Vista la diligencia del veintidós de febrero del presente año, en la que José Domingo Cruz Arroniz ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveídos del veintiocho de enero y dieciocho de febrero de esta anualidad y se procede a proveer lo conducente respecto a dicho ocurso. Bajo ese panorama, visto el escrito del quejoso registrado en el libro de correspondencia con el número 882, se le tiene dando cumplimiento parcial a la prevención que se le formuló en auto del catorce de enero de dos mil veintiuno, pues manifiesta que promueve el presente juicio de amparo en su calidad de apoderado de la moral Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable, proporciona el domicilio del tercero interesado y exhibe las copias necesarias de su demanda, escrito aclaratorio y del documento con el que acredita su personalidad. Ahora, se aprecia que el justiciable fue omiso en precisar la etapa en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 622/2019, aunado a que no detalla si ya se dictó la sentencia definitiva en dicho procedimiento; sin embargo, mediante acuerdo del veintidós de enero del presente año se tuvo a la Juez responsable remitiendo copia certificada del aludido expediente -a fin de mejor proveer sobre la suspensión de los actos solicitada-, por lo que se cuenta con la información necesaria para proveer sobre la demanda de amparo. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda, su escrito aclaratorio y las copias certificadas del juicio natural se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En ese contexto, se observa que la parte quejosa reclama esencialmente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se le practicó en el juicio ejecutivo mercantil 622/2019 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado. Así, respecto del acto reclamado oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se le practicó a Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable en el juicio ejecutivo mercantil 622/2019, se estima que la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código de Comercio, y para justificar lo anterior conviene traer a colación lo dispuesto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 de la citada legislación, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del ocho de febrero de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Igualmente es aplicable la tesis VI.2o.C.566 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1628, tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que dice: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." También es ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen y compareció a él, pues ya se apersonó e incluso el veintiséis de noviembre de dos mil veinte se le entregó copia certificada de todo lo actuado, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercera extraña por equiparación. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado José Domingo Cruz Arroniz. Se agrega escrito sin mayor proveído. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual refiere que se presentó a ratificar su escrito aclaratorio de demanda y expone las razones por las que considera que su firma parece distinta; lo anterior, ya que en el presente acuerdo se tuvo por realizada tal acción y se acordó lo conducente sobre la demanda y su aclaración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Quejoso ratifica escrito y se tiene parcialmente desahogada prevención. Se desecha demanda de amparo. Vista la diligencia del veintidós de febrero del presente año, en la que José Domingo Cruz Arroniz ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveídos del veintiocho de enero y dieciocho de febrero de esta anualidad y se procede a proveer lo conducente respecto a dicho ocurso. Bajo ese panorama, visto el escrito del quejoso registrado en el libro de correspondencia con el número 882, se le tiene dando cumplimiento parcial a la prevención que se le formuló en auto del catorce de enero de dos mil veintiuno, pues manifiesta que promueve el presente juicio de amparo en su calidad de apoderado de la moral Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable, proporciona el domicilio del tercero interesado y exhibe las copias necesarias de su demanda, escrito aclaratorio y del documento con el que acredita su personalidad. Ahora, se aprecia que el justiciable fue omiso en precisar la etapa en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 622/2019, aunado a que no detalla si ya se dictó la sentencia definitiva en dicho procedimiento; sin embargo, mediante acuerdo del veintidós de enero del presente año se tuvo a la Juez responsable remitiendo copia certificada del aludido expediente -a fin de mejor proveer sobre la suspensión de los actos solicitada-, por lo que se cuenta con la información necesaria para proveer sobre la demanda de amparo. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda, su escrito aclaratorio y las copias certificadas del juicio natural se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En ese contexto, se observa que la parte quejosa reclama esencialmente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se le practicó en el juicio ejecutivo mercantil 622/2019 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado. Así, respecto del acto reclamado oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se le practicó a Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable en el juicio ejecutivo mercantil 622/2019, se estima que la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código de Comercio, y para justificar lo anterior conviene traer a colación lo dispuesto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 de la citada legislación, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del ocho de febrero de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Igualmente es aplicable la tesis VI.2o.C.566 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1628, tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que dice: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." También es ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen y compareció a él, pues ya se apersonó e incluso el veintiséis de noviembre de dos mil veinte se le entregó copia certificada de todo lo actuado, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercera extraña por equiparación. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Suatox Construcciones, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado José Domingo Cruz Arroniz. Se agrega escrito sin mayor proveído. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual refiere que se presentó a ratificar su escrito aclaratorio de demanda y expone las razones por las que considera que su firma parece distinta; lo anterior, ya que en el presente acuerdo se tuvo por realizada tal acción y se acordó lo conducente sobre la demanda y su aclaración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÌDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. Por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circulares SECNO. Finalmente, en la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Asimismo, las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos comunicaron que durante el plazo comprendido del uno al quince de febrero del presente año se suspendían plazos y términos para regresar al esquema de trabajo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, únicamente para los Estados ahí comprendidos, entre los que se encontraba esta entidad federativa. Finalmente, mediante la circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos se informó las medidas especiales que debían adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero del presente año, entre las que destaca que a partir del dieciocho del mismo mes y año la operación para los órganos jurisdiccionales se regirían por el régimen de transición previsto en esta última circular y el esquema de trabajo contemplado en el Acuerdo General 21/2020 a excepción de los Estados de Guanajuato y Guerrero. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/10/2021, que establece las medidas vigentes del dieciséis al veintidós de febrero del presente año. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Se requiere ratificar escrito. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno se ordenó ratificar el contenido y la firma del escrito aclaratorio y se programó fecha para la diligencia respectiva; sin embargo, no fue posible desahogarla por la suspensión de labores presenciales decretada por el Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, procede fijar nueva fecha para la diligencia. Al respecto, se precisa que se consideraron notoriamente distintas las firmas de la demanda y del escrito aclaratorio, que ahora se reproducen: Demanda de amparo Escrito aclaratorio. En consecuencia, requiérase a José Domingo Cruz Arroniz para que a las DIECISIETE HORAS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO se presente en el local de este Juzgado de Distrito con identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), a fin de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce como puesta de su puño y letra o no la firma que calza el escrito aclaratorio y ratifique el contenido de dicho ocurso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que el acto en que manifieste sí reconoce o no la firma en comento y ratifique el contenido del escrito en cuestión estará sujeto a lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo contenido dispone lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" En caso de no comparecer a ratificar el contenido y firma del escrito, se tendrá por no presentado. Por lo tanto, se reserva el acuerdo respectivo del ocurso de mérito, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo anterior. Para el cumplimiento del requerimiento formulado, y tomando en consideración que este Juzgado Federal generó la cita de comparecencia, se le brindan los siguientes códigos QR a fin de que en la fecha y hora señaladas pueda acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, en lo personal y, en su caso, asistido de su abogado. En la inteligencia que deberá atender los lineamientos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para poder acudir y acceder a las instalaciones de este Juzgado, entre los que destaca, el uso de cubrebocas y pasar por un filtro sanitario -en el que se les tomará la temperatura y aplicación de gel antibacterial-. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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