José Dolores Meneses Pérez

Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
585/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • José Dolores Meneses Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Dolores Meneses Pérez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 585/2022 Marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos. En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE JULIO ACTUAL, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 585/2022 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL AVISO DE ONCE DE LOS CORRIENTES

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte tercera interesada Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos, se encuentra debidamente notificada de la sentencia emitida en el presente asunto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, remítase al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, copia certificada de la citada constancia de notificación, para lo que tenga a bien proveer. Notifíquese.

  4. Principal

    ----------Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa José Dolores Meneses Pérez, el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, que en lo conducente señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Dolores Meneses Pérez, contra actos que reclama del Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 585/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Estudio de la demanda. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX y 113 de la Ley de Amparo vigente. Esto es así, porque el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" De lo transcrito se desprende con claridad que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al respecto, es pertinente establecer que existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en alusión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: a) Que la parte quejosa sea quien interponga el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad reclamado en el juicio de protección de derechos fundamentales; b) Que el recurso o medio de defensa legal haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio biinstancial. Dicho criterio rector se encuentra visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 144/2000, página 15, identificada con el número de registro 190665, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Bajo esa premisa, a fin de evidenciar la actualización de la hipótesis de improcedencia cabe destacar que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "El auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de ejecución de la sentencia interlocutoria de dieciséis de marzo del presente año dictada en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en el que se le requiere al quejoso cumpla de manera voluntaria, en el término de ocho días el resolutivo tercero de dicha resolución y haga pago de la cantidad de $16,787.00 (dieciséis mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), el cual le fue notificado el veintinueve de abril de dos mil veintidós." Ahora, en los puntos 3 y 4 del capítulo de antecedentes, el quejoso, José Dolores Meneses Pérez, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: "3. Posteriormente, mediante escrito de presentación ante la responsable, el uno de octubre de dos mil veintiuno, la ahora tercero interesada Gloria Matilde Cortés, planteó incidente de liquidación de la citada pensión alimenticia provisional reclamando el pago de $16,787.00, por lo que substanciado que fue el incidente de referencia, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la que ilegalmente se declaró por la responsable procedente el incidente de referencia, quien cuantifico la cantidad de$16,787.00, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas por el periodo de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, a razón de dos días de salario mínimo diario. 4. Inconforme con lo anterior el hoy quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de mérito, mediante mi escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el cual se tuvo por admitido sin efecto suspensivo por auto de treinta del mismo mes y año en mención, y el cual según informes del archivista de la adscripción fue remitido al Tribunal de Alzada correspondiente hasta el veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante oficio 1100/2022, radicándose en la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, con el número de Toca 372/2022, por lo que dicho recurso de encuentra pendiente de resolución." De la anterior transcripción, se advierte que el aquí quejoso, recurrió a través del recurso de apelación, la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de la cual deriva el diverso auto de veintisiete de abril del año en curso dictado en el expediente 437/2021 del índice del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en el que se le requirió al quejoso cumpla de manera voluntaria en el término de ocho días, el resolutivo tercero de dicha resolución y haga pago de la cantidad de $16,787.00 (dieciséis mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); el cual interpuso el nueve de mayo del año en curso ante el referido juzgado; medio de impugnación del cual conoce la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, el cual quedó radicado con el número de toca 372/2022, mismo que se encuentra pendiente de resolución. Bajo esas circunstancias, se colige que el juicio de protección de derechos fundamentales en que se actúa es improcedente, pues en el juicio natural la parte quejosa promovió recurso de apelación, cuyo fin es que se deje sin efectos, entre otras actuaciones, el acto que por esta vía reclama, mismo que, a la fecha, se encuentra pendiente de resolver; por tanto, es evidente que el peticionario del amparo puede obtener la nulidad o revocación del acto reclamado, lo que torna improcedente el juicio de amparo. Aunado a ello, conviene destacar en torno al cumplimiento del tercer requisito que establece la ejecutoria de la Suprema Corte para que se actualice la hipótesis de improcedencia en análisis, que en el procedimiento de origen, es aplicable el recurso de apelación previsto en los numerales 1.360, fracción II, 1.366, 1.367 y 1.370 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México, los cuales a continuación se detallan: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; [.] Artículo 1.366.- La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.367.- La apelación puede admitirse con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. [.] Artículo 1.370.- La apelación admitida en efecto no suspensivo, posibilita la ejecución de la resolución apelada." De los artículos antes reseñados, se advierte que el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México, prevé la tramitación del recurso de apelación, como un medio de defensa ordinario del que pueden hacer uso las partes en juicio en materia familiar para modificar o anular una actuación procesal, debe concluirse que dicha incidencia sí constituye un medio idóneo para lograr, en su caso, la insubsistencia legal del acto reclamado. Lo anterior, pues como ya se apuntó, el recurso de apelación en cuestión fue interpuesto ante la autoridad responsable, de tal manera que, si la resolución incidental de la que se duele la parte quejosa y que por esta vía se combate, debe colegirse que, de declararse infundada dicha incidencia, tendría el alcance de dejar sin efectos los actos reclamados por el peticionario de amparo. El aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Tesis: II.4o.C.21 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1414, Novena Época, con registro digital: 177372, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE TODAS LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).En términos generales, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía; medios de impugnación que, en caso de prosperar, evitarían la intervención de la Justicia Federal, dado que la propia ley contempla esa posibilidad de modificar o revocar los actos de las autoridades comunes, a través de los recursos. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el título noveno, capítulos I, II, III y IV, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación, apelación y queja; en lo que interesa, el artículo 1.378 de la propia legislación dispone que serán apelables "las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este código". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a los autos, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente, pues la exigencia contenida en la parte final transcrita, sólo es aplicable para los autos, lo cual resulta congruente con el diverso 1.362, que prevé que "los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables.", con lo que se entiende que el propio código, necesariamente establecerá los autos que en específico resulten apelables, pues la regla general es que la revocación procederá en contra de la generalidad de autos, salvo que la ley expresamente establezca que determinado auto en específico resulte apelable, o incluso irrecurrible. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 1.378, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo XII, del título séptimo, del libro primero; capítulo denominado: "De los incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 1.216 al 1.222), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva, cuestión que de forma similar se advierte del análisis de los diversos 1.187 al 1.191 de la legislación en cita, artículos que prevén el denominado en la práctica "incidente de nulidad de notificaciones", en donde tampoco se establece la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota, ejemplificativamente, de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias." Desechamiento de la demanda. En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por José Dolores Meneses Pérez. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora, tomando en consideración que el domicilio de la parte quejosa se ubica en avenida Gustavo Baz, número 73, colonia Bosque de Echegaray, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este juzgado federal, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en dicho domicilio y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel) Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. En ese contexto, una vez que cause ejecutoria el presente asunto, previa solicitud que realice, se acordará respecto a la devolución del documento que anexa a su escrito inicial de demanda. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido de la secretaria Claudia Lorena Mendoza Hernández. Doy Fe.

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