José Dolores Cruz Rodriguez
Expediente 919/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- José Dolores Cruz Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la incompetencia declarada por este órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo 919/2020-8, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna que practicar, remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo como asunto como asunto totalmente concluido, bajo la supervisión de la Secretario encargado del trámite, y háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, encargado del despacho, al que anexa diligenciado el exhorto 174/2020-8, del índice de este juzgado; lo anterior, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que la constancia que genera el referido Sistema al enviar la comunicación de mérito, hace las veces de acuse.
- Principal
Agréguense los oficios signados por el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo" y la Coordinadora del Área Médica de dicho centro penitenciario, con sede en Tecate, Baja California, con los que informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este juzgado, de lo cual, se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veinte. Demanda Vista la demanda promovida por José Dolores Cruz Rodríguez, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 919/2020-8; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. Ahora bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Cabe decir que de acuerdo con lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecuta, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, o en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. En dicha disposición se encuentra establecida la competencia constitucional de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo. Además, la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia, de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107, de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia; por lo que, el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. De igual manera, deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito con antelación derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias, así como ante quien se presentó la demanda. Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, atendiendo a las siguientes consideraciones. El solicitante de amparo acude ante esta instancia a promover el presente juicio en contra del acto que hace consistir en la inadecuada atención médica psiquiátrica que atribuye al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", y Área de psiquiatría en turno y coordinadora del área médica, ambas con sede en Tecate, Baja California. De lo anterior, se establece que se trata de una omisión con efectos positivos, los cuales tienen ejecución en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; toda vez que del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso de referencia se encuentra privado de su libertad personal en el reclusorio citado. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia número 86/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, registro 2021191, de rubro siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." De igual forma, resulta ilustrativa al caso el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2382, del libro 10, del mes de Septiembre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UN ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales- no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.'' De lo que se sabe que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. De tal manera, se reitera que en la especie se surte la hipótesis contenida en el ordinal 48, párrafo primero, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se está ejecutando el acto que en esta vía constitucional se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; en atención a la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Jurisdiccionales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo promovida por José Dolores Cruz Rodríguez, por lo que se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana. Consecuentemente, remítase al indicado órgano, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, los autos originales del presente asunto, copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda referida junto con sus copias y anexos, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Suspensión de oficio y de plano. No obstante lo anterior al estar en la hipótesis del artículo 48 de la Ley de Amparo y, además de conformidad con los artículos 15 y 126, de la citada de ley de la materia, se concede la suspensión de oficio y de plano del acto que se hace consistir en la falta de atención médica psiquiátrica, para el efecto de que el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, inmediatamente ordene al Titular del Área de Servicios Médicos o a quien corresponda, realice una valoración médica psiquiátrica respecto del actual estado de salud del quejoso (certificado médico psiquiátrico) y de ser necesario, le otorgue la atención y tratamiento médico de urgencia que requiera. Por tanto, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", con sede en Tecate, Baja California y al Titular del Área de psiquiatría en turno y coordinadora del área médica de dicho centro penitenciario, para que en el plazo de veinticuatro horas informe las medidas tomadas para garantizar el derecho a la salud a través de la atención médica solicitada y lo haga del conocimiento de este juzgado de distrito la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión decretada, debiendo remitir el certificado médico psiquiátrico de referencia, y de ser el caso, las constancias que acrediten la atención otorgada al quejoso. Asimismo, se le previene, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y [.]" Además, la medida cautelar que se concede en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual surte efectos a partir de esta fecha. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable con el registro 2015908 y en la página 1421 del Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo.". Asimismo, se cita a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, con número de Registro 206395, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados con ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Informes. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el informe y constancias requeridos podrán ser remitidos con firma electrónica al correo institucional 1jdo15cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin perjuicio de hacer la remisión que corresponda por los demás medios que señala la ley de la materia. Domicilio Por otra parte, se tiene al quejoso designando como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda. Exhorto Ahora, como el quejoso José Dolores Cruz Rodríguez, refiere se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; asimismo, se advierte que las autoridades que señaló como responsables Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", y Área de psiquiatría en turno y coordinadora del área médica, ambas con sede en Tecate, Baja California; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; numeral 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el centro de reclusión citado, notifique el presente proveído al quejoso referido; asimismo, a fin de no vulnerar sus derechos y dada la urgencia de que la citada autoridad responsable esté notificada del presente proveído, se le solicita que de igual manera se haga entrega de los oficios girados a las autoridades que se indican, los cuales se anexan a la presente comunicación oficial; para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido, que con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles. No pasa inadvertida la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017822, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."; ni la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Décima Época, Registro: 2018548, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; sin embargo, esta autoridad no está en condiciones hacer pronunciamiento al respecto a virtud de que tal determinación únicamente la puede realizar el Juez competente. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- José de Jesús Olmos Ayala775/2017
- Jose de Jesus Romero Lopez470/2013
- Jose de Jesus Valles Moreno655/2020
- Jose De Jesus Valles Moreno1084/2021
- Jose Diaz Alejandre498/2015
- José Diego Ríos Gonzalez532/2019
- Jose Ebel Orona Sarellano723/2013
- Jose Eduardo Barrera Acuña396/2022
- José Eduardo Espinoza Castillo313/2021
- Jose Eduardo Garcia Sanchez734/2022
- Jose Eduardo Ramirez Torres32/2022
- José Eduardo Ramos Gonzalez267/2018