José Dolores Ayala Mis
Expediente 641/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Dolores Ayala Mis
- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, mediante el cual solicita que se le envié la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciséis, argumentando que no cuenta con la misma. En ese contexto, no obstante que de autos se advierte que a foja ciento veinticuatro del presente juicio se encuentra el sello de recibido de oficio 22061/2016, mediante el cual se notificó al Congreso del Estado de Quintana Roo la sentencia de tres de octubre del año en curso, remítase transcripción de la referida sentencia a la autoridad oficiante.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis (fojas 96 a 113), en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito hayan hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, por haberse sobreseído. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le notificó la sentencia dictada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Audiencia Constitucional En Chetumal, Quintana Roo, a las nueve horas con diez minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, asistido del licenciado César Octavio Meza Ojeda, Secretario que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo 641/2016, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos consistentes en: Escrito inicial de demanda de amparo (fojas 2 a 20); proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual este órgano jurisdiccional previno al promovente en los términos ahí precisados (fojas 32 a 36); escrito aclaratorio (fojas 38 a 46); auto de quince de agosto de dos mil dieciséis por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 53 a 56); notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete (foja 60). En ese tenor, continuando con la relación de constancias, se encuentra los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales se relacionan en el cuadro siguiente: No. Autoridad Foja Sentido 1 Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 61 Cierto 2 Gobernador del Estado de Quintana Roo, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 63 y 64 Cierto 3 Congreso del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 70 a 73 Niega También, el Secretario certifica: Que la autoridad responsable Secretario de Gobierno, con residencia en esta ciudad no rindió su informe justificado pese haber sido debidamente notificada, lo que se acredita con el acuse de recibo que obra en autos (foja 59). A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de las autoridades citadas en el cuadro que antecede. Se tiene por omisa a la autoridad responsable Secretario de Gobierno, con residencia en esta ciudad, de rendir su informe justificado pese encontrarse debidamente notificada del oficio mediante el cual se les requirió; por tanto, se resolverá lo conducente en el presente asunto. A continuación, se declara abierto el período probatorio: Se tienen como pruebas del quejoso, las consistentes en: Original de recibo de teléfono con mes de facturación junio dos mil dieciséis a nombre del quejoso José Dolores Ayala Mis. Copia certificada de cedula profesional número 4576651, y diversas copias simples de identificación del quejoso José Dolores Ayala Mis. Escrito de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, dirigido al Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con acuse de la misma data. Copia simple del decreto número 51, extraordinario Bis de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas descritas con anterioridad, con lo que se cierra esta etapa. Se apertura el período de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado presentó pedimento. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y por omiso al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de presentar pedimento, cerrándose así este período. Con lo que se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia siguiente: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 641/2016, promovido por José Dolores Ayala Mis, contra actos del Gobernador del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residentes en Chetumal, el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, enviado por razón de turno a este Juzgado de Distrito, José Dolores Ayala Mis, promovió demanda de amparo contra actos del Gobernador del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; por considerarlos violatorios de sus garantías de seguridad jurídica, que hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: A).- La restricción a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consagrados en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la reforma que sufriera Nuestra Carta Fundamental en fecha 10 de Junio de 2011; así como, B).- La falta de atención, aplicación, así como la inobservancia, por parte de las responsables, de los artículos 1, 5, 14,16,17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 40, 69, 70, 71, 73, 74, 75 y 91 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como también de los artículos 28 y 31 de la Ley del Notariado en vigor del Estado de Quintana Roo; ya que pasando por encima de dichos ordenamientos las responsables APROBARON, PROMULGARON, PUBLICARON Y DIERON VIGENCIA AL DECRETO NUMERO 51 EXTRAORDINARIO BIS, TOMO II, OCTAVA EPOCA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016(SE ANEXA COMO PRUEBA MARCADA CON LE NUMERO 2)." SEGUNDO. Prevención. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis (fojas 32 a 36), se previno al quejoso para que realizara lo siguiente: PRIMERO. Precisara cuál o cuáles eran los actos reclamados. SEGUNDO. Precisara qué actos le reclamaba específicamente a cada autoridad responsable. Por escrito aclaratorio de cinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 38 a 46), el quejoso dio cumplimiento a la prevención de la manera siguiente: "1.- PRECISO EL O LOS ACTOS RECLAMADOS: A).- La restricción a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consagrados en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la reforma que sufriera Nuestra Carta Fundamental en fecha 10 de Junio de 2011; así como, B).- La falta de atención, falta de aplicación, la inobservancia; si como la omisión conjunta, por parte de las responsables, de los artículos 1, 5, 14,16,17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 2. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 40, 69, 70. 71, 73, 74, 75 y 91 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como también de los artículos 28 y 31 de la Ley del Notariado en vigor del Estado de Quintana Roo. [.] 2.- PRECISO LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN ESPECÍFICAMENTE A CADA AUTORIDAD. 1.- C. ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, es responsable como autoridad promulgadora del Decreto número 51 EXTRAORDINARIO BIS. TOMO II. OCTAVA ÉPOCA. [.] 2.- H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, integrado: POR LA XIV LEGISLATURA, quienes en lo conducente dictaron v aprobaron el Decreto número 51 EXTRAORDINARIO BIS. TOMO II. OCTAVA ÉPOCA, que de acuerdo a su transitorio Primero, entró en vigor el día de su publicación y que se combate en el presente Juicio de Garantías y Amparo. [.] 3.- C. SECRETARIO DE GOBIERNO, es responsable como autoridad refrendadora del Decreto número 51 EXTRAORDINARIO BIS, TOMO II, OCTAVA, que de acuerdo a su transitorio Primero, entró en vigor el día dieciocho de Junio de dos mil dieciséis v que se combate en el presente Juicio de Garantías y Amparo. [.] 4.- C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESATO (sic) DE QUINTANA ROO, es responsable como autoridad publicadora. del Decreto número 51 EXTRAORDINARIO BIS, TOMO II, OCTAVA ÉPOCA, que de acuerdo a su transitorio Primero, entró en vigor el mismo día de su publicación y que se combate en el presente Juicio de Garantías y Amparo. [.]". Actos que el peticionario de amparo consideró violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Aclarada la demanda de amparo en los términos expuestos en el considerando anterior, mediante proveído de quince de agosto de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se señaló hora y día para verificar la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material alguna y, por ende, la competencia recae en este órgano de control constitucional al haber sido quien admitió la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La promulgación, aprobación, refrendo y publicación del Decreto número cincuenta y uno (51) EXTRAORDINARIO BIS, TOMO II, OCTAVA ÉPOCA. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J.40/2000, perteneciente a la Novena Época; Instancia Pleno; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de dos mil, en Materia Común, visible a página treinta y dos, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado la autoridad siguiente: No. Autoridad Foja Sentido 1 Congreso del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 70 a 73 Niega En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la referida negativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, visible en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables que se relacionan a continuación: No. Autoridad Foja Sentido 1 Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 61 Cierto 2 Gobernador del Estado de Quintana Roo, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 63 y 64 Cierto Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y Gobernador del Estado de Quintana Roo, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, manifestaron que eran ciertos los actos que se les reclaman, toda vez que el diecisiete de junio de la presente anualidad, llevó a cabo la publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, el cual fuera promulgado por el Gobernador del Estado, de modo que, se tienen por ciertos los actos señalados por el quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, tal como se hizo constar en el acta que antecede a este fallo, la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificada del proveído de quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se le requirió dicho informe, con fecha dieciséis de agosto del año en curso (foja 59). Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Todo lo anterior, con independencia de que los actos del proceso de formación de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, son hechos notorios que no requieren ser probados, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; sino que su existencia se acredita con su publicación en el órgano de difusión oficial. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y atento al contenido de la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, quinta época, tomo parte VIII, página 262, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es conveniente citar el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente:--- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El precepto legal refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas de carácter general que, por su sola vigencia no le causen perjuicio, sino que se necesita de un acto posterior de aplicación que lo origine. Con motivo de la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, el principio de parte afectada en el juicio de amparo sufrió una transformación en cuanto al tipo de interés requerido para la promoción de la referida instancia constitucional, pues con anterioridad a aquellas modificaciones legislativas era necesario acreditar, en todos los casos, el "interés jurídico"; sin embargo, a partir de la entrada en vigor de tales disposiciones se establecieron los siguientes supuestos de procedencia: I. Cuando se aduzca ser titular de un derecho -interés jurídico-; o, II. Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". El Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la quejosa debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esas hipótesis aplique la connotación del "interés legítimo". En el segundo supuesto, quien promueva el amparo debe contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Uno de los principales objetivos pretendidos con la reforma constitucional fue precisamente permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad -interés legítimo-, no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo -interés jurídico-, con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante señalar que al acudir al juicio de amparo, el promovente debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el órgano de control constitucional que conozca del asunto, debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". En el presente asunto, el quejoso señala como acto reclamado la promulgación, aprobación, refrendo y publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, mediante la cual se estableció la creación de las notarías públicas números de la ciento uno (101) a la ciento veintitrés (123) todas en el estado de Quintana Roo, así como la convocatoria para el examen de oposición para el otorgamiento de las patentes de las referidas notarías. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el impetrante de garantías no justifica tener interés legítimo para impugnar la promulgación, aprobación, refrendo y publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época. En la demandad de amparo el quejoso aduce no se establecieron las bases, mecanismo, ni parámetros por los cuales el examen de oposición debía regirse, así como la carencia de ejemplares de la publicación del periódico oficial a efecto de que los profesionales del derecho estén enterados del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, por parte del Periódico Oficial del Estado y por ese motivo considera que le asiste el interés legítimo para acudir a la presente instancia constitucional. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que no quedó debidamente demostrado su interés legítimo ni jurídico. De acuerdo con el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, puede comparecer al juicio de amparo en calidad de quejoso quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola derechos humanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, así como los previstos en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, circunstancia que legitima a los gobernados para que acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En ese punto destaca el hecho de que incluso tratándose del interés legítimo, en el cual subsiste la condición de que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la Constitución y el que se afecte la esfera jurídica del gobernado ya de manera directa - lo cual constituye propiamente el interés jurídico - o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico- referente al interés legítimo. Ahora bien, el artículo 107 fracción I Constitucional, establece como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta a la esfera jurídica del individuo, atendiendo a la 'especial situación' en que éste se encuentre frente al orden jurídico. Circunstancia que analizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 111/2013, respecto a los criterios sustentados por la primera y segunda sala de dicho tribunal, al precisar lo siguiente: "Sin embargo, el seis de junio de dos mil once, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, mediante la cual, se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo.--- En específico, y por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control de constitucionalidad, la fracción I del artículo 107 constitucional quedó redactada en los siguientes términos:--- Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:--- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal directa.--- Como puede apreciarse, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo establece una distinción: (i) en un primer término, para la promoción del amparo indirecto -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) el titular de un derecho, o b) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y (ii) en segundo lugar, para efecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se mantuvo la exigencia de aducir la titularidad de un derecho subjetivo, tal como lo había sostenido esta Suprema Corte para el juicio de amparo previamente a la reforma constitucional ya indicada.--- Con motivo de tal reforma, el dos de abril de dos mil trece, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Amparo, mediante la cual se reglamentaron los artículos 103 y 107 constitucionales, modificados en junio de dos mil once.--- Dentro del gran número de modificaciones que en torno a la naturaleza y alcances del juicio de amparo contiene la citada ley, para efectos de la presente contradicción de criterios, resulta fundamental señalar lo contenido en la fracción I del artículo 5o. de tal normativa:--- Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.--- El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;--- La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley.--- Ahora bien, en íntima relación con la reforma al juicio de amparo antes indicada, el diez de junio de dos mil once fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que tuvo un especial impacto en la redacción del artículo 1o. constitucional, mismo que consagró el denominado principio pro persona de la siguiente manera:--- Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.--- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.--- Sobre tal reforma, debe destacarse la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, emitida el tres de septiembre de dos mil trece por este Tribunal Pleno, mediante la cual se emitieron diversas consideraciones en torno al principio pro persona contenido en el nuevo artículo 1o. constitucional, misma que requiere reseñarse por su trascendencia para el presente asunto.--- En efecto, este Tribunal Pleno señaló que es necesario que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución a partir de junio de dos mil once, sean estudiadas a partir de un enfoque de derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo paradigma constitucional, buscando un efecto útil de las reformas, a fin de optimizar y potencializar las reformas constitucionales acorde a su objetivo principal: la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.--- En específico, esta Suprema Corte señaló que el segundo párrafo de dicho artículo 1o. constitucional contiene dos herramientas interpretativas, mismas que resultan de aplicación obligatoria en asuntos relativos a derechos humanos. La primera se refiere a que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. A dicha herramienta se le ha conocido en la jurisprudencia de este órgano colegiado como "interpretación conforme".--- Por otra parte, la segunda herramienta interpretativa contenida en el artículo 1o. constitucional, ha sido identificada por la jurisprudencia y la doctrina como el principio pro persona. Dicho principio, obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, ante lo cual, en los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos ante una eventual multiplicidad de normas -y, por tanto, de interpretaciones disponibles de las mismas-, se deberá optar por dicha alternativa que implique una protección en los términos más amplios.--- En efecto, conforme al artículo 1o. constitucional, cuando se susciten conflictos respecto a cómo interpretar un derecho humano en específico, los operadores jurídicos deberán atender, en cumplimiento al principio pro persona, a las interpretaciones que resulten más amplias o menos restrictivas para los derechos de las personas.--- Por último, este órgano colegiado señaló que a partir de tal reforma, el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional constituye el fundamento constitucional de los siguientes elementos: (i) los principios objetivos de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; (ii) las obligaciones genéricas de las autoridades estatales para la tutela de los derechos humanos: respeto, protección, promoción y garantía; y (iii) las obligaciones específicas que forman parte de la obligación genérica de garantía: prevenir, investigar, sancionar y reparar.--- En suma, este Tribunal Pleno señaló que de acuerdo a los tres primeros párrafos del artículo 1o. constitucional, se puede desprender lo siguiente: (i) los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los cuales México sea parte integran un mismo conjunto o catálogo de derechos; (ii) la existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución misma; (iii) dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos humanos; y (iv) las relaciones entre los derechos humanos que integran este conjunto deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos -lo que excluye la jerarquía entre unos y otros-, así como del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos.---Como puede apreciarse, la emisión de las reformas en materia de juicio de amparo y derechos humanos, ha significado la creación en nuestro país de un nuevo paradigma constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, ante lo cual, la interpretación que se realice de las figuras integrantes de nuestro sistema jurídico, deberá ser conforme al principio pro persona que constituye la base de dicho paradigma.--- En consecuencia, la interpretación que del interés legítimo se contenga en la presente sentencia, deberá emprenderse a la luz de tales directrices.". "3. Análisis del interés para comparecer al juicio de amparo acorde al sistema constitucional y legal vigente.--- En primer término, resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. Así, los siguientes conceptos constituyen un marco, que si bien es de índole teórica, lo cierto es que resulta de enorme importancia para el criterio sostenido en el presente asunto.--- Comenzaremos señalando que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción.--- Ahora bien, dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el presente caso, son los siguientes:--- a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera:--- i. Individual.--- ii. Colectivo o difuso.--- b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés:--- i. Simple.--- ii. Legítimo.--- iii. Jurídico.--- Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, procederemos a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos:--- a) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama.--- Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Sin embargo, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales.--- En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto.--- b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona.--- En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma.--- En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo.--- Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que esta Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está.--- Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.--- El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple.--- En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.--- Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por esta Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.--- Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.--- Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos.--- En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo.--- Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.--- Por último, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo en torno al cual versa la presente contradicción de criterios, se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional cobra especial relevancia en el presente asunto.--- Como puede apreciarse, se trata de un concepto jurídico de enorme complejidad, cuyos contenidos esenciales han de ser delineados por esta Suprema Corte, pero su aplicación fáctica requerirá de los casos en concreto a los que se enfrenten los órganos que integran nuestro sistema judicial, es decir, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte.--- Una vez que este Tribunal Pleno ha establecido los anteriores elementos, resulta pertinente establecer cómo deberá ser interpretada la fracción I del artículo 107 constitucional, cuyo texto reformado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once.--- En primer término, es necesario reiterar que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa.--- Es decir, resulta claro que el Constituyente Permanente estableció de forma expresa, que tratándose de la procedencia del amparo directo, así como del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales,(61) es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. Cabe señalarse que tal estándar de afectación que es exigido para la procedencia del juicio de amparo, resulta coincidente con los diversos criterios que sobre interés jurídico ha emitido este Alto Tribunal.--- En consecuencia, el pronunciamiento que esta Suprema Corte emita en torno al interés legítimo, deberá entenderse como aplicable al supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto, cuando los actos reclamados no consistan en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.--- En este punto resulta pertinente recordar que previo a la reforma de junio de dos mil once, el Texto Constitucional solamente establecía, que el juicio de amparo se seguiría a instancia de parte agraviada. Al carecer dicho concepto de un mayor desarrollo en la Constitución, esta Suprema Corte lo interpretó -en relación con el texto de la anterior Ley de Amparo-, en el sentido de que se requería la titularidad de un derecho subjetivo, y una afectación directa e inmediata en la esfera jurídica del quejoso.--- Sin embargo, a partir del seis de junio de dos mil once, el interés necesario para comparecer al juicio de amparo ya posee una configuración constitucional explícita, en la cual, el concepto que durante las diversas Épocas del Semanario Judicial de la Federación había adoptado esta Suprema Corte, esto es, una afectación directa e inmediata en razón de la titularidad de un derecho subjetivo, ahora se vincula de forma expresa al amparo directo -y al amparo indirecto tratándose de actos provenientes de tribunales.--- No obstante, el Constituyente Permanente incluyó una definición distinta para el interés en los casos de amparos indirectos que no provengan de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ante lo cual, resulta claro que dicho Constituyente pretendió establecer, para tales casos, un concepto de interés distinto al que esta Suprema Corte había desarrollado.--- Se arriba a tal conclusión, pues si el Constituyente hubiese considerado que dicho interés jurídico era el aplicable para la procedencia de todos los juicios de amparo, no hubiese realizado la distinción que se aprecia entre el primer y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, en virtud de lo cual, esta Suprema Corte requiere dotar de contenido a este interés consagrado en el Texto Constitucional.--- Así, a consideración de este Tribunal Pleno, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio.--- Así, la Constitución expresamente establece que dicho "interés legítimo individual o colectivo", implica que el quejoso será quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ello se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo -cuestión sobre la cual se profundizará más adelante.--- Adicionalmente, del interés legítimo consagrado en el Texto Constitucional, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el mismo posee las características que sobre tal figura jurídica habíamos indicado en la presente sentencia, esto es, el Constituyente Permanente consagró un interés que implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio -al no limitar la Constitución este tipo de afectación-, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica del quejoso.--- Ello es así, pues como ya se expuso en la presente sentencia, la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado. Es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento.--- Así las cosas, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas.--- En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro Texto Constitucional.--- Tomando en consideración los anteriores elementos, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes:--- a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.--- b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.--- c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción.--- d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.--- e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.--- f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.--- g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.--- h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.--- i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés.--- j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.--- En suma, se estima que el criterio contenido en la presente sentencia resulta acorde a la finalidad del juicio de amparo a la luz del principio pro persona, pues mediante el mismo se amplía la protección a los derechos fundamentales, al permitir un mayor acceso a tal medio de control de constitucionalidad, situación que redunda de forma directa en un respeto al nuevo paradigma en materia de derechos humanos que el Constituyente Permanente consagró en nuestro Texto Constitucional desde junio de dos mil once.". Del estudio realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que en lo que atañe al interés legítimo, éste se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico, destacando que el interés legítimo tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas, por lo que implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esa titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Consecuentemente, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Aclaró que el parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación; es decir, debe acreditarse el vínculo entre la persona y la afectación aducida, acentuando que la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. Es decir, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. En ese orden de ideas, estableció que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: a) Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Acorde al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, puede comparecer al juicio de amparo con carácter de quejoso aquél gobernado que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada, consista en un despliegue de facultades por parte de cualquier autoridad que vulnere derechos humanos fundamentales o garantías individuales, y con su actuar produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. El criterio sostenido en la contradicción de tesis 111/2013 antes invocada, dio origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". De lo anterior, se estima que el interés legítimo brinda al gobernado una utilidad que le proporciona la actuación legal ante el actuar del poder público, aun y cuando no sea titular de un derecho subjetivo, siempre y cuando se esté en presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas, esto es, el interés legítimo debe ser personal y actual. El perjuicio que sufre el titular de un interés legítimo puede ser indirecto, es decir, que el medio de defensa de que se trate es procedente aunque el perjuicio que sufra el quejoso sea a través de un acto dirigido incluso a otro gobernado. Cabe excluir, pues, a quien se queja del agravio ocasionado al público o a un tercero, pero no a quien se queja de un perjuicio que él mismo sufre aunque sea por medio de un acto dirigido a un tercero. Por tanto, el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos, esto es, asiste a quien siendo titular de un derecho fundamental ostenta un interés para su defensa ante una eventual trasgresión, y no puede asimilarse al genérico del respeto de los derechos, sino como consecuencia de un interés propio, cualificado y específico, que habrá de determinarse atendiendo al tipo de derecho comprometido, a la especial relación - legal o de hecho- con su titular y a la posición de quien lo hace valer. Lo anterior, ya que lo tutelado en el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o la garantía de cualquier derecho subjetivo sino de un tipo de bien preciso, que en la especie, son los derechos fundamentales personalísimos. En esas condiciones, el juicio de amparo se configura como una vía para la reparación de violaciones concretas de derechos y no como medio de control abstracto de la validez de actos o disposiciones normativas desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el juicio de amparo no resulta ser una vía de impugnación abstracta, sino un cauce para obtener la reparación de las violaciones concretas de derechos fundamentales de que hayan podido ser objeto las situaciones jurídicas subjetivas cuya tutela tiene atribuidas. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en conflicto, será necesario que quien acude al juicio justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para llevar a cabo la impugnación. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de garantías convirtiéndolo en una vía abstracta de control de constitucionalidad o en un proceso de carácter preventivo. Con base en el concepto interés legítimo, se arriba a la convicción que el quejoso no demostró la afectación al aludido interés legítimo, ya que no obra en autos prueba con la cual se acredite que la promulgación, aprobación, refrendo y publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, mediante la cual se estableció la creación de las notarías públicas números de la ciento uno (101) a la ciento veintitrés (123) todas en el estado de Quintana Roo, así como la convocatoria para el examen de oposición para el otorgamiento de las patentes de las referidas notarías, le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica del quejoso. Ello es así, pues no obra en autos medio de prueba idónea con el cual se pueda corroborar que efectivamente existe una afectación real y actual a su esfera jurídica, puesto que la existencia legal del acto impugnado resulta por sí sola insuficiente para tener por demostrado, en forma plena, el interés legítimo que el quejoso requiere para ejercer la acción constitucional, en la vía indirecta, ya que éste no puede inferirse con base en presunciones. Lo anterior, en razón de que el interés legítimo supone la afectación jurídica del quejoso en sentido amplio, sin embargo, no aportó medios de convicción eficaces para acreditar la afectación que refiere con la promulgación, aprobación, refrendo y publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, mediante la cual se estableció la creación de las notarías públicas números de la ciento uno (101) a la ciento veintitrés (123) todas en el estado de Quintana Roo, así como la convocatoria para el examen de oposición para el otorgamiento de las patentes de las referidas notarías, desde las perspectivas que menciona en su demanda, toda vez que no allegó pruebas contundentes para tal fin, que pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos humanos. De ahí que se arribe a la conclusión que no quedó acreditada de manera fehaciente la afectación reclamada ni menos aún, una afectación potencial e inminente; por lo que, para efecto de hacer procedente el estudio de los conceptos de violación planteados, es necesario que se acredite primordialmente la afectación que produce el acto combatido, para con ello acreditar el sustento en un valor o interés jurídicamente protegido. Entonces, como el quejoso no demostró la afectación a su interés legítimo, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5 del mismo ordenamiento y el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. SEXTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, 62, 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 641/2016, promovido por José Dolores Ayala Mis, contra actos del Gobernador del Estado de Quintana Roo y otras autoridades que hizo consistir en la promulgación, aprobación, refrendo y publicación del decreto número cincuenta y uno (51) extraordinario bis, tomo II, octava época, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, conforme al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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