José Dionicio Arenas Valerio
Expediente 2130/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/01/2018
Partes del expediente
- José Dionicio Arenas Valerio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso ****************, mediante el cual, pretende ampliar su demanda de amparo, señalando diverso acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación de demanda, en virtud de que en el presente juicio de amparo el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia respectiva, por lo que ya no se dan las hipótesis previstas en el citado numeral, que la ampliación de demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. De ahí que, no es dable acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual hacen manifestaciones con relación al cumplimiento de ejecutoria y remiten copia certificada del oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, de cuyo contenido se advierte que solicitó al Juez Mixto de Acatlán de Osorio, Puebla, le devuelva el exhorto 141/2017 de su índice. Ahora bien, de actuaciones se advierte que el Director General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado (foja 196), informó que el Director de Personal de dicha secretaría, no podía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, a reinstalar a la quejosa **********, pues la plaza fue asignada a un tercero, pero que quien cuenta con las facultades para realizar las adecuaciones correspondientes es la Dirección General de Planeación y Programación Presupuestales. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de cinco días contados a partir de aquél en que reciba el oficio notificatorio del presente proveído, realice las gestiones necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, misma que se concedió para el efecto de que: ". tome las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, solicitado en los escritos, presentados por la quejosa el catorce y veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral D-108/2004, de su índice y lo informe a este Juzgado." Asimismo, tomando en consideración que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, por tanto, este órgano jurisdiccional, está facultado para realizar las gestiones necesarias para lograr el cabal cumplimiento al fallo protector, en consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase como autoridad vinculada a la Dirección General de Planeación y Programación Presupuestales de la Secretaría de Educación Pública para que en el término de tres días realice las adecuaciones necesarias a fin de que la quejosa María Martínez Salazar sea reinstalada en su último centro de trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando al momento del despido; así como, se le incluya en la nómina de la Secretaría de Educación Pública. Debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten que se encuentra dando cumplimiento al fallo amparador. Apercíbase a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a José Luis Ayala Corona, persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, José Reyes Solís Pérez, Magistrado representante de los trabajadores y Juan Carlos Lezama Beristaín, Magistrado representante del Estado y al que se encuentre a cargo de la Dirección General de Planeación y Programación Presupuestales de la Secretaría de Educación Pública una multa, a cada uno, de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. ...
- Principal
Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Por otro lado, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". Finalmente, remítase a la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cuaderno auxiliar I consistente en las copias certificadas del expediente 3839/16-12-01-8 de su índice. Solicitándose el acuse de recibo respectivo.
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