José Diego Morales Gutiérrez

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • José Diego Morales Gutiérrez
  • Gerardo Luna Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el catorce de junio de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Ahora, en atención a que obra en autos documento con sello en original exhibido por el promovente, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlo, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruidos junto con el presente expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución del documento citado en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles.

  2. Principal

    .. Vista la demanda de cuenta promovida por ********************, y como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común a Alejandro Osorio Vela, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano... Atento a lo anterior, quien esto suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales,.. .. De lo antes trascrito, se destacan los siguientes aspectos:  El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.  También el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la quejosa debe impugnar las abstenciones de que se duele ha incurrido el Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, y determinar el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente, o en su caso emitir acuerdo relativo a la determinación de la carpeta de investigación. En ese sentido, sería la resolución del juez de control que decida en definitiva sobre la omisión atribuida al agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. La decisión antes tomada, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Lo anterior es así, porque la impugnación de un acto vía amparo es concluyente o final, puesto que en dicho juicio, se debe decir la última palabra; esto es, después de acudir a la instancia común correspondiente y una vez resuelta, es cuando se debe promover la demanda, ello para dar mayor estabilidad y solidez a lo determinado en el asunto. No estimarlo así, desnaturalizaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Así, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dicha abstención en la investigación de los delitos, o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga a la pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado.. Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente, se encuentra tutelado en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso... En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por ********************. .. . Notifíquese; personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes..

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