José Díaz Pérez

Expediente 2246/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2246/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • José Díaz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la comunicación del secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, se tiene al tribunal de alzada remitiendo el juicio de amparo 2246/2016. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que el Tribunal oficiante declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********, autorizado del quejoso, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destrucción de constancias. Con relación a las copias certificada que remite el tribunal de alzada con el oficio de cuenta, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa; se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso ****, del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ****. Cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de ****, autorizado del quejoso, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del medio de impugnación en cita, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, se tienen por recibidos los presentes autos con el oficio de la secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, testimonio de ejecutoria dictada en el conflicto competencial ********* de su índice. Acúsese recibo. Sin que se necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Ahora, al resolver el conflicto competencial planteado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la misma ciudad, declaró competente para conocer del presente asunto a este órgano de control constitucional. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de la demanda de amparo promovida por ********** se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLES: DIRECTOR EJECUTIVO DE PETROLEOS MEXICANOS SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y SERVICIOS AL PERSONAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS GERENTE JURÍDICO LABORAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PEMEX CORPORATIVO IV. ACTOS RECLAMADOS: PRECISIÓN TEMPORAL; se señala como primer acto de aplicación la conducta comisiva de determinar cálculos con base al acuerdo DCAS-2572-2015 a partir del tres de noviembre de dos mil quince, manifestando bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento de la aplicación el 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. De las autoridades citadas como responsables: SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y SERVICIOS AL PERSONAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS GERENTE JURÍDICO LABORAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS SE RECLAMAN: LAS ÓRDENES VERBALES Y/O ESCRITAS ENCAMINADAS A PRIVARME DE MIS DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2000, SIN QUE PRECEDA JUICIO ALGUNO EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. LA APLICACIÓN E IMPOSICIÓN DEL ACUERDO DCAS-2572-2015 EN MI CONVENIO ADMINISTRATIVO JUBILATORIO, PESE HABER SIDO EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE Y EN VIOLACIÓN A MI DERECHO HUMANO DE LEGALIDAD E IRRETROACTIVIDAD QUE SE SUSTENTA EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS QUE ENTRÓ EN VIGOR EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL. De todas las autoridades citadas como responsables: DIRECTOR EJECUTIVO DE PETROLEOS MEXICANOS SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y SERVICIOS AL PERSONAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS GERENTE JURÍDICO LABORAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PEMEX CORPORATIVO Los efectos y consecuencias que se desprenden del acto negativo consistente en evitar aplicar en el calculo de mi pensión jubilatoria; el reglamento de trabajo del personal de confianza de fecha 1 de agosto de 2000, sin que preceda juicio alguno en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que deje sin efectos la aplicación de ese reglamento de trabajo. Además, el quejoso señaló en los antecedentes bajo protesta de decir verdad, que fue jubilado por Petróleos Mexicanos; que desempeñó trabajos de confianza y que desde la fecha en que se le concedió su jubilación los porcentajes anuales, sucesivos de incrementos a los salarios de los trabajadores activos de confianza, prestaciones de lubricantes y demás, se hicieron extensivos al tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente al momento de su jubilación (veintiuno de mayo de dos mil dos) Que Petróleos Mexicanos ha girado órdenes verbales y escritas a privarlo de esos derechos adquiridos en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor el uno de agosto de dos mil y que la consecuencia de los actos que reclama es que reciba un porcentaje de pago menor como jubilado. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De los citados preceptos se aprecia que si bien, el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal, así como a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; también lo es, que a través de éste sólo se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de "autoridad". Ahora bien, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que están entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, en contraposición a las relaciones de coordinación [que son las que se dan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias que se susciten entre ellos]. Esta consideración tiene origen en la tesis XXXVI/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro y texto cita: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado" En la misma línea interpretativa se orienta la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página mil ochenta y nueve del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De acuerdo con estos parámetros de análisis jurídico, en la especie interesa definir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado comprende una actuación con imperio o potestad de derecho público. Una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Lo que permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, ya que si el actuar del particular se realiza en un plano de igualdad y de manera horizontal con otro u otros particulares, no tendrá ese carácter, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado, premisa que en la especie no satisface el acto reclamado. Lo anterior se considera así, porque ciertamente, los actos reclamados por el quejoso no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de los antecedentes que señaló bajo protesta de decir verdad, se advierte que el impetrante tiene el carácter de jubilado por años de servicios por parte de Petróleos Mexicanos; jubilación que, como lo afirmó la parte quejosa se otorgó de conformidad con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuyo origen fue una relación laboral entre el organismo y el impetrante. Ello evidencia, que los actos reclamados poseen una naturaleza eminentemente laboral, en razón de que el hecho de que Petróleos Mexicanos modifique o aplique a sus trabajadores o jubilados el contenido de una disposición establecida para el otorgamiento y pago de la pensión jubilatoria, como en el caso, ésta derivada precisamente del vínculo laboral que existió con dicho organismo como un derecho al haber laborado determinado tiempo o cumplido con ciertos requisitos para ello; de ahí que, si a través del acuerdo ******* que sustancialmente se combate se modificaron las prestaciones del personal de confianza jubilado a partir del uno de agosto de dos mil quince y, como consecuencia de ello, las omisiones de considerar en sus pensiones jubilatorias el Reglamento de Trabajo determinado, vigente al momento en que dieron por terminadas sus relaciones de trabajo con Petróleos Mexicanos; el pago retroactivo con los incrementos correspondientes; así como, la instrucción de dicha empresa a través de diversos funcionarios, de dejar de efectuar el pago de sus pensiones jubilatorias y demás prestaciones a través de depósitos catorcenales en instituciones bancarias; válidamente se concluye que la relación entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación, por actuar en un plano de igualdad, requiriendo la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver la controversia relativa al cálculo y pago de la jubilación. En consecuencia, el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que deriva de una controversia relativa al cálculo y pago de la jubilación por años de servicios de sus trabajadores que tuvo su origen en la existencia de una relación laboral. Por tanto, es claro que la acción constitucional no es el medio para reclamar los derechos que consideran se les pretenden desconocer, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PETRÓLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo." Asimismo, el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.7o.A.4 K, de rubro y texto: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando Petróleos Mexicanos disminuye al quejoso en su nivel de escalafón de empleados con motivo del Acuerdo para Superar la Emergencia Económica de once de enero de mil novecientos noventa y cinco; tal proceder no inviste las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional; en virtud de que los actos que ejecuta Petróleos Mexicanos en relación a sus trabajadores tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde al contenido de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Norma Fundamental." Igualmente, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenido en la jurisprudencia III.4o.T. J/3, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción XXIII, 5°, fracción II, 112, 113 y 217, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso, por así haberse ordenado en auto diez de noviembre de dos mil dieciséis; y acúsese recibo mediante oficio al tribunal colegiado oficiante.

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