José Díaz Hernández
Expediente 1111/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Díaz Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo". En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19, del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Jonathan Ulises Hernández Serrano, en su carácter de apoderado de José Díaz Hernández, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Alfonso Bastida Contreras Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. En razón de que el presente asunto se encuentra concluido y al considerar que la parte quejosa, exhibió diversas documentales, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo del referido Acuerdo General, requiérasele para que en el término de noventa días, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que allegó al presente asunto, apercibida que de no hacerlo correrán la misma suerte que este expediente, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro respectivo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Miriam Sarahy Martínez, autorizada de la parte quejosa atento a su contenido, se provee: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, téngase por objetados los informes justificados de las autoridades responsables en cuanto a su continente, no a su contenido, pues ello será materia de análisis al momento de resolver la presente controversia constitucional. Por otro lado, en relación con la prueba pericial médica que refiere, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicho medio de convicción, en virtud que la misma resulta no ser idónea. En efecto, en el caso, la litis se centra en la atención médica de la quejosa en el "Hospital Psiquiátrico José Sayago", que se estima no se proporciona por las responsables, no así que se determine su enfermedad. Máxime que de proceder de manera contraria, se atentaría al principio de economía procesal, según el cual debe asegurarse la celeridad de los procedimientos y la pronta decisión de los asuntos. Por lo anterior, resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si se admiten pruebas ofrecidas por las partes que no conducen a acreditar los extremos materia del proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 621, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL».
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