José Delfino Carillo Andrade
Expediente 862/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Delfino Carillo Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN...
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I. Defensor del quejoso cumple prevención. Agréguese el escrito de cuenta mediante el cual el defensor público da contestación con la prevención formulada en autos; aduciendo que no se ha agotado el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón que si bien la resolución de la controversia *** causó ejecutoria, la misma se encuentra en el periodo de ejecución, al no existir a la fecha contestación de la autoridad penitenciaria; por tanto, se acuerda: II. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, en atención al análisis integral del escrito inicial2 así como al escrito aclaratorio presentado por el quejoso y su defensor, se precisa que el acto reclamado consiste en: La falta de atención médica adecuada a consecuencia del incumplimiento al acuerdo conciliatorio de tres de enero del año en curso, dentro de la controversia ***. 1 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; [.]" 2 Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 1 III. Se desecha demanda de amparo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo promovida. El referido artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. 3 Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías"3. En ese sentido, como se asentó el acto reclamado consiste en la falta de atención médica adecuada a consecuencia del incumplimiento al acuerdo conciliatorio de tres de enero del año en curso, dentro de la controversia 507/2022 del índice del Juez de Distrito Especializado en 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro digital: 18706. Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, sobre el cual se debió de agotar el el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: "Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el 5 Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes." Lo anterior, pues si bien se refirió que se hizo del conocimiento del Juez de Ejecución que las autoridades penitenciarias habían sido omisas en dar cumplimiento al acuerdo conciliatorio de tres de enero de dos mil veintitrés y que por ende el de dos de junio de dos mil veintitrés tal juzgador requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, para que dentro de plazo de tres días justificara que dio total cumplimiento a lo ordenado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización. Es que no se ha agotado en su totalidad el procedimiento a seguir durante el trámite de ejecución de la resolución que dirimió la controversia judicial planteada ante el Juez de Ejecución. Lo anterior es así, pues como aduce el defensor de la parte quejosa, no existe actuación alguna dictada con posterioridad al acuerdo de dos de junio del año en curso; de manera que presentó un escrito con fecha veintinueve de este mes y año ante ese Juez de Ejecución a fin de que se le informara el estado procesal de esa controversia, aduciéndole que en aquél acuerdo se le concedió a la autoridad penitenciaria un plazo de setenta y dos horas para que cumpliera lo ordenado y que en caso de que aquella no hubiera cumplido, se hicieran efectivos los medios de apremio contenidos en ese proveído. Lo que evidencia que es en ese procedimiento donde se debe hacer valer lo aquí reclamado, pues será dentro de esa controversia 507/2022 en donde se deberán de dictar las medidas necesarias para que la autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria dictada y al respecto, se encuentra pendiente que ante la falta de incumplimiento el Juez de Ejecución aplique los medios de apremio correspondientes, se dé vista a su superior jerárquico o en caso de que el director de ese centro de reclusión llegare a alegar imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución escuchando a las partes, deberá de fije un plazo razonable para el cumplimiento, tal y como se prevé en ese artículo 192 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues él contempla el procedimiento a seguir durante el trámite de ejecución de la resolución que dirimió la controversia judicial planteada una vez que ésta fuera ejecutoriada. De ahí que previo a acudir al juicio de amparo dicho incumplimiento el quejoso debió de dar seguimiento a ese procedimiento ante el Juez de Ejecución, pues como se ha indicado en líneas que anteceden, dado que en él se contemplan los pasos a seguir cuando se reclamar el incumplimiento que por esta vía impugna previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues se insiste, a través de él el juez podría estar en aptitud de ordenar a la responsable subsanar las omisiones de que se duele, haciendo valer los medios de apremio, dando vista a su superior jerárquico o incluso concediendo un plazo prudente para el caso de que aquella alegue imposibilidad para cumplir y al no haberlo agotado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. 7 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.4" También es aplicable, la tesis jurisprudencial VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de 4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro digital: 187016. Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.5" Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado procedía el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo y la parte quejosa no lo agotó, resulta que no se ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sin que la parte quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a), b) y c) del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; si no que se trata del incumplimiento al acuerdo conciliatorio que se dictó dentro de una controversia en la que se reclamó atención médica. 5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Número 67, julio de 1993, página 51, registro digital: 215770. 9 a) La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. b) El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen. Además, el procedimiento a que se refiere el artículo 192 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se encuentra sujeto a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que el artículo citado es enfático en prever que ese procedimiento es el que se debe de seguir para el caso de que exista omisión o un incumplimiento por parte de la autoridad de acatar la resolución, como lo aquí reclamado. Por tanto, se materializa la causa de improcedencia analizada, pues el quejoso previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el procedimiento ordinario de defensa en contra del acto reclamado, concedido en la legislación en comento; de ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Se agrega constancia de notificación. Agréguese la constancia de notificación personal practicada al quejoso *** respecto al auto de veintidós de agosto pasado, sobre la cual se asentó que estaba a la espera de la visita de su asesor jurídico para desahogar la prevención formulada.
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