José del Refugio Esquivel Rodríguez

Expediente 96/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
96/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • José del Refugio Esquivel Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintiséis de junio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que por una parte se concedió y por otra se negó la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, las constancias que remitió en su momento con su informe justificado, consistentes en un cuadernillo con diversas documentales. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  2. Principal

    En veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: que el término de tres días que se concedió a los terceros interesados Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Beatriz Adriana y Valentín, ambos de apellidos Esquivel de la Cruz, por auto de veintisiete de enero del año en curso, para que señalaran domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del veintiuno al veintitrés de febrero del año en curso; lo anterior, tomando como referencia el acta de emplazamiento que remitió el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, de la que se advierte que los terceros interesados quedaron notificados del mencionado auto el diecisiete de febrero del año en curso (foja 33). Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación y razón actuarial que anteceden. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de veintisiete de junio de dos mil diecisiete asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, de la que se advierte que no le fue posible notificar la sentencia de veintiséis del mismo mes y año a los terceros interesados Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Beatriz Adriana y Valentín, ambos de apellidos Esquivel de la Cruz, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de estos; ahora bien, en razón de que de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado se advierte que transcurrió el término de tres días que se les concedió para tal fin; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el auto de veintisiete de enero del año en curso (foja 7 a la 11); y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales, así como la aludida sentencia, se les practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señalen domicilio para tal efecto en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 96/2017-6; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José del Refugio Esquivel Rodríguez, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, que son: "E). ACTO RECLAMADO. La resolución decretada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zac., relativa a la resolución interlocutoria, misma que me fue notificada el día nueve (09) de Enero del dos mil diecisiete (2017)." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 96/2017; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la tercera interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de omisión de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005 promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales contra José del Refugio Esquivel Rodríguez. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Certeza: La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas (foja 20), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisado en el considerando segundo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con el original del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, en donde consta la resolución que constituye el acto reclamado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron causa de improcedencia alguna, ni tampoco la suscrita juzgadora advierte de oficio su existencia, por tanto, se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega que: a) El incidente de liquidación de pensiones fue promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales en representación de sus menores hijos Beatriz Adriana y Valentín de apellidos Esquivel de la Cruz y en ningún momento se reclamó la pensión alimenticia que supuestamente se adeuda a la primera de los antes mecionados, sino que únicamente fue para sus menores hijos. b) Se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, previsto por el artículo 14 constitucional, ya que no se le dio la oportunidad de defenderse de esa condena, es decir, la juez a su criterio lo condenó a pagar a la acreedora los alimentos vencidos y no pagados a su favor. c) La resolución reclamada violentó su derecho humano de audiencia previa contenido en el artículo 14 constitucional, ya que nunca fue oído y vencido en juicio, para perjudicarlo, sin que haya sido demandado por la acreedora alimentista Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, pues en el procedimiento no se siguieron las formalidades del procedimiento y conforme a la ley aplicable al caso. d) El juez responsable transgredió su derecho fundamental de seguridad y legalidad jurídica, previsto por el artículo 16 constitucional, ya que no fundó ni motivó la causa legal del procedimiento. Antecedentes y actos reclamados: Así, para una mejor intelección del asunto y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005, promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales contra José del Refugio Esquivel Rodríguez, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, y en esencia son: Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos Esquivel de la Cruz, promovió incidente de liquidación de pensiones vencidas; petición a la cual recayó el acuerdo de diez de abril de dos mil quince (foja 4 del incidente de liquidación de pensiones), en donde se determinó: 1. Admitir a trámite el incidente, únicamente en representación de los menores Beatriz Adriana y Valentín ambos de apellidos Esquivel de la Cruz. 2. Dar vista por el término de tres días hábiles en forma personal a José del Refugio Esquivel Rodríguez. El catorce de abril de dos mil quince (foja 4 vuelta ídem), se notificó de manera personal al demandado incidental, quien se identificó con credencial para votar folio 11320428002994 expedida por el Instituto Federal Electoral, respecto del contenido del acuerdo de diez de abril de ese año; asimismo, se le dio vista por el término de tres días para que contestara el incidente planteado, corriéndole traslado con las copias del escrito incidental y del citado auto, firmando para debida constancia legal, quedando agregada en autos copia simple del documento de su identificación (foja 5 ídem). Mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, se tuvo al demandado incidental dando contestación al incidente de referencia y con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 13 ídem). Por auto de doce de mayo de dos mil quince, se abrió el incidente a prueba por el término común de diez días para ambas partes (foja 17 ídem). El veintiuno siguiente, se ofrecieron y admitieron las pruebas de la actora incidental, consistentes en confesional a cargo de José del Refugio Esquivel Rodríguez, declaración de parte de dicha persona, testimonial a cargo de Alma Delia Piña Rodríguez y Beatriz Adriana Esquivel de la Cruz, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto (fojas 20-21 ídem). Mediante auto de cuatro de junio de dos mil quince, se ofrecieron y admitieron los medios de prueba del demandado incidental, consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona (fojas 29-30 ídem). El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental (foja 76). Por su parte, una vez que fueron desahogadas las pruebas que así lo requerían, por auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se pasaron los autos para dictar sentencia interlocutoria (foja 85 ídem). Finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez (fojas 86-90 ídem). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Por cuestión de técnica, los motivos de disenso se estudiarán en un orden diverso al planteado en la demanda, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada y a los efectos que podrían tener en el sentido de la resolución reclamada. La parte quejosa en su concepto de violación sintetizado en el inciso c), aduce que se transgredió su derecho humano de audiencia previa contenido en el artículo 14 constitucional, ya que nunca fue oído y vencido en juicio, sin que haya sido demandado por la acreedora alimentista Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, pues en el procedimiento no se siguieron las formalidades del procedimiento y conforme a la ley aplicable al caso. El argumento es infundado. En la especie, es preciso mencionar el contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En el precepto constitucional antes transcrito, se encuentra contemplado el derecho fundamental de audiencia, el que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y preciados intereses. En este orden de ideas, se deduce como una obligación a cargo de las autoridades para que, previo al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los gobernados que se vean afectados con su pronunciamiento. Las indicadas formalidades y su observancia, así como las relativas al derecho fundamental de legalidad contenidas en el artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta o pronuncia en modo arbitrario, sino en estricto cumplimiento al marco jurídico que la rige. Lo anterior significa que todo procedimiento o juicio, debe estar subordinado a que en su desarrollo se observen, forzosamente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia a favor de los gobernados, consistentes en que tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la ejecución que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se produzcan con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas, así como la de formular alegatos; que den como resultado que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre la cuestión debatida, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplida. Es decir, el derecho fundamental de audiencia, consiste en dar al gobernado, la oportunidad de defensa antes de privarlo de sus derechos, por lo que las autoridades están obligadas constitucionalmente a cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, para lo que deben satisfacer los siguientes requisitos: 1) Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; 2) Concederle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; 3) Otorgarle la oportunidad de formular alegatos; y, 4) Pronunciar resolución que dirima los puntos controvertidos. En sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así pues, del análisis de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005 y que fueron relatadas en líneas precedentes, se observa lo siguiente: El catorce de abril de dos mil quince (foja 4 vuelta ídem), se notificó de manera personal a José del Refugio Esquivel Rodríguez el auto de diez inmediato anterior, a través del cual se tuvo a Ma. Guadalupe de la Cruz Morales en representación de los menores Beatriz Adriana y Valentín ambos de apellidos Esquivel de la Cruz promoviendo incidente de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, quien se identificó con credencial para votar folio 1132042802994 expedida por el Instituto Federal Electoral, respecto del contenido del acuerdo de diez de abril de ese año; asimismo, se le dio vista por el término de tres días para que contestara el incidente planteado, corriéndole traslado con las copias del escrito incidental y del citado auto, firmando para debida constancia legal, quedando agregada en autos copia simple del documento de su identificación (foja 5 ídem). Mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, se tuvo al demandado incidental dando contestación al incidente de referencia y con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 13 ídem). Mediante auto de cuatro de junio de dos mil quince, se ofrecieron y admitieron los medios de prueba del demandado incidental, consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona (fojas 29-30 ídem). El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental (foja 76). Finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez (fojas 86-90 ídem). Circunstancias que tienen por demostrado que sí se notificó al demandado incidental del auto de inicio del incidente planteado, tan es así que firmó para debida constancia legal, cumpliendo con ello el requisito de notificar al interesado el inicio del procedimiento. Asimismo, se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, pues por auto de cuatro de junio de dos mil quince, se le admitieron al demandado incidental los medios de prueba consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona, dándose cumplimiento al segundo requisito de concederle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa De igual forma, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental, con ello se cumplió con la exigencia de otorgarle la oportunidad de formular alegatos. Y finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez, cumpliéndose con ello, el requisito de dictar una resolución que dirima los puntos controvertidos. En otro aspecto, en los conceptos de violación reseñados en los incisos a) y b), la parte quejosa en esencia aduce que el juez de origen lo condenó a pagar a la acreedora los alimentos vencidos y no pagados a su favor, cuando la liquidación de pensiones se promovió por Ma. Guadalupe de la Cruz en representación de sus menores hijos. El motivo de inconformidad es infundado. En principio, es importante mencionar que del análisis de las constancias que remitió el juez responsable ya reseñadas, se desprende que en el proemio del escrito de liquidación de pensiones se desprende que Ma. Guadalupe de la Cruz Morales promovió en representación de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos Esquivel de la Cruz; sin embargo, también hizo referencia a que según sentencia ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil siete, el demandado José del Refugio Esquivel Rodríguez, fue condenado a pagar como pensión el 70% de alimentos para sus menores hijos de un salario mínimo y en dicha resolución se decretó a su favor media cuota sobre el salario mínimo vigente, lo que iría aumentando conforme a las alzas del propio salario mínimo; de ahí, que, se advierte, también promovió por propio derecho. Dicha manifestación se encuentra justificada con el párrafo visible a foja 1 del cuadernillo de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas; así como en las operaciones elaboradas en el recuadro ahí inserto, donde la actora incidental incluyó tanto las pensiones alimenticias de sus menores hijos, como las suyas. En atención al ocurso de mérito, recayó un acuerdo de diez de abril de dos mil quince (foja 4 del incidente de liquidación de pensiones), en donde se determinó: admitir a trámite el incidente respecto de los menores Beatriz Adriana y Valentín de los citados apellidos, no así de una diversa Selene Ma. Guadalupe, pues de autos se derivaba que era mayor de edad y dar vista por el término de tres días hábiles en forma personal al señor José del Refugio Esquivel Rodríguez. Reclamación que se encuentra justificada con el contenido de la resolución de catorce de marzo de dos mil siete, emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca A.C. 831/2006 (visible en copia certificada en la parte final del cuadernillo de liquidación de pensiones adeudada y no pagadas), de la que se desprende que se modificó la sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil cuatro, emitida por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, dentro del juicio de divorcio número 64/2005, para el efecto de que declarar que Ma. Guadalupe de la Cruz Morales era acreedora alimentista y por ello, debería otorgarle el deudor media cuota de salario mínimo en forma diaria, además de una cuota de salario mínimo diario a favor de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apelllidos Esquivel de la Cruz. Aunado a lo anterior, del estudio integral de la resolución reclamada se observa que el juez responsable en la foja 86 vuelta, explicó que atendiendo a que la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, modificó la sentencia definitiva dictada el catorce de marzo de dos mil siete, dentro del juicio divorcio número 264/2005, reconociéndose a Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, como acreedora alimentista, además de sus menores hijos, por tanto, virtud a tal sentencia el demandado incidental quedó obligado a pagar por concepto de pensión alimenticia media cuota de salario mínimo en forma diaria para la actora incidentista y una cuota de salario mínimo diario a favor de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos de Esquivel de la Cruz. Derivado de lo anterior, es de concluirse que en forma contraria a lo argumentado por el quejoso, Ma. Guadalupe de la Cruz Morales tiene a su favor el derecho reconocido de acreedora alimentista, por tanto, estaba en aptitud de promover el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, en representación de sus menores hijos; de igual forma, el promovente del amparo tuvo la posibilidad de defenderse de las pretensiones de la incidentista, pues al notificársele el inicio del trámite de la liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, se le corrió traslado con el escrito respectivo, del cual se desprenden los montos reclamados por cada uno de los acreedores alimentistas, razón por la cual se torna infundado el argumento relativo a que no estuvo en posibilidad de defenderse de las prestaciones reclamadas por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales. En otro aspecto, la parte quejosa, en el concepto de violación sintetizado en el inciso d), aduce que el juez responsable no fundó ni motivó la causa legal del procedimiento, toda vez que la resolución reclamada no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 constitucional. El concepto de violación es infundado. El artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Es ilustrativo de lo argumentado, por las razones que informa, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada, es decir, deben contener el argumento mínimo pero suficiente que permita conocer las razones y fundamentos que determinaron su sentido. En relación con el aspecto combatido, en la resolución reclamada (fojas 86-90 del cuadernillo de liquidación de pensiones adeudadas y no pagadas), la autoridad responsable, expuso como argumentos torales para justificar su actuación lo siguiente: El demandado incidentista afirmó que había estado cumpliendo con un obligación alimentaria con sus menores hijos, pues sostuvo que aun cuando se promovió el divorcio, siguieron viviendo juntos y procrearon otro hijo de nombre Juan Diego Esquivel de la Cruz, hasta el dieciséis de marzo de dos mil catorce, cuando la actora incidental abandonó junto con sus hijos el domicilio conyugal. A fin de justificar ese hecho, el demandado incidentista anexó las pruebas documentales consistentes en acta de nacimiento del menor Juan Diego Esquivel de la Cruz, acta levantada ante el Juez Comunitario de Loreto, Zacatecas y confesional a cargo de la actora incidentista, la cual fue declarada confesa; con lo anterior, se acreditó que en el tiempo que estuvieron viviendo juntos cumplió con la obligación de proporcionar alimentos. Derivado de lo anterior, el juez responsable concluyó que era evidente el parcial cumplimiento de la obligación alimenticia, por tanto, al encontrarse vigente el pago de alimentos y a partir de que dejaron de vivir juntos, se procedería a realizar la contabilización de los alimentos, esto es, a partir del dieciséis de marzo de dos mil catorce, pues la actora no logró acreditar el incumplimiento del demandada incidentista del pago de alimentos anteriores a la fecha en que se contabilizaron, ni el demandado logró acreditar verdaderamente el cumplimiento de su obligación. Así pues, se procedió a modificar la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez. A su vez, se citaron como fundamentos legales para dictar la resolución de referencia los artículos 1°, 256 y 259 del Código Familiar del Estado y los numerales 14, 335, 336, 337, 338, 401, 403, fracción I y 408, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que en el artículo 1, dispone que las normas del derecho de familia son de orden social y tutelares de todos los integrantes de la Familia; a su vez, el numeral 256 contiene la definición de acreedor alimentista y es todo aquel que no puede bastarse a sí mismo, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos; el 259 contiene la regla de que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; en otro aspecto, en los arábigos 335 al 338, se contienen los requisitos que deben contener las sentencias; por otro lado, el artículo 401 establece que el término para el cumplimiento voluntario será el que fije la sentencia, resolución o convenio que trate de ejecutarse; en su defecto, el término para el cumplimiento voluntario será de cinco días; el numeral 403, fracción I, dispone que serán órganos para ordenar la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales el juez que haya conocido del negocio en primera instancia respecto de la ejecución de sentencias definitivas que hayan causado ejecutoria, o las que lleven ejecución provisional; y el 408, fracción I, precisa las reglas para ejecutar las sentencias que contienen cantidad líquida y las que no la contemplan. Por tanto, lo resuelto en la sentencia reclamada, pone de manifiesto que sí existió coincidencia entre las hipótesis normativas, con los motivos y circunstancias que se expresaron para modificar la planilla presentada por la actora incidental; por tanto, la autoridad responsable acató la obligación que le impone el artículo 16 constitucional, ya que fundó y motivó la resolución combatida. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." Consecuentemente, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de derechos fundamentales que invoca el quejoso José del Refugio Esquivel Rodríguez, ni advertirse violación que amerite la suplencia de la queja en favor del menor, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José del Refugio Esquivel Rodríguez, por su propio derecho, contra el acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, precisado en el resultando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza, el día de hoy veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE. L'JMZG.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DICTADO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS MA. GUADALUPE DE LA CRUZ MORALES, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS BEATRIZ ADRIANA Y VALENTÍN, AMBOS DE APELLIDOS ESQUIVEL DE LA CRUZ, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO b), Y ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 96/2017-6; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José del Refugio Esquivel Rodríguez, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, que son: "E). ACTO RECLAMADO. La resolución decretada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zac., relativa a la resolución interlocutoria, misma que me fue notificada el día nueve (09) de Enero del dos mil diecisiete (2017)." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 96/2017; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la tercera interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de omisión de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005 promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales contra José del Refugio Esquivel Rodríguez. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Certeza: La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas (foja 20), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisado en el considerando segundo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con el original del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, en donde consta la resolución que constituye el acto reclamado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron causa de improcedencia alguna, ni tampoco la suscrita juzgadora advierte de oficio su existencia, por tanto, se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega que: a) El incidente de liquidación de pensiones fue promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales en representación de sus menores hijos Beatriz Adriana y Valentín de apellidos Esquivel de la Cruz y en ningún momento se reclamó la pensión alimenticia que supuestamente se adeuda a la primera de los antes mecionados, sino que únicamente fue para sus menores hijos. b) Se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, previsto por el artículo 14 constitucional, ya que no se le dio la oportunidad de defenderse de esa condena, es decir, la juez a su criterio lo condenó a pagar a la acreedora los alimentos vencidos y no pagados a su favor. c) La resolución reclamada violentó su derecho humano de audiencia previa contenido en el artículo 14 constitucional, ya que nunca fue oído y vencido en juicio, para perjudicarlo, sin que haya sido demandado por la acreedora alimentista Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, pues en el procedimiento no se siguieron las formalidades del procedimiento y conforme a la ley aplicable al caso. d) El juez responsable transgredió su derecho fundamental de seguridad y legalidad jurídica, previsto por el artículo 16 constitucional, ya que no fundó ni motivó la causa legal del procedimiento. Antecedentes y actos reclamados: Así, para una mejor intelección del asunto y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005, promovido por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales contra José del Refugio Esquivel Rodríguez, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, y en esencia son: Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos Esquivel de la Cruz, promovió incidente de liquidación de pensiones vencidas; petición a la cual recayó el acuerdo de diez de abril de dos mil quince (foja 4 del incidente de liquidación de pensiones), en donde se determinó: 1. Admitir a trámite el incidente, únicamente en representación de los menores Beatriz Adriana y Valentín ambos de apellidos Esquivel de la Cruz. 2. Dar vista por el término de tres días hábiles en forma personal a José del Refugio Esquivel Rodríguez. El catorce de abril de dos mil quince (foja 4 vuelta ídem), se notificó de manera personal al demandado incidental, quien se identificó con credencial para votar folio 11320428002994 expedida por el Instituto Federal Electoral, respecto del contenido del acuerdo de diez de abril de ese año; asimismo, se le dio vista por el término de tres días para que contestara el incidente planteado, corriéndole traslado con las copias del escrito incidental y del citado auto, firmando para debida constancia legal, quedando agregada en autos copia simple del documento de su identificación (foja 5 ídem). Mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, se tuvo al demandado incidental dando contestación al incidente de referencia y con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 13 ídem). Por auto de doce de mayo de dos mil quince, se abrió el incidente a prueba por el término común de diez días para ambas partes (foja 17 ídem). El veintiuno siguiente, se ofrecieron y admitieron las pruebas de la actora incidental, consistentes en confesional a cargo de José del Refugio Esquivel Rodríguez, declaración de parte de dicha persona, testimonial a cargo de Alma Delia Piña Rodríguez y Beatriz Adriana Esquivel de la Cruz, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto (fojas 20-21 ídem). Mediante auto de cuatro de junio de dos mil quince, se ofrecieron y admitieron los medios de prueba del demandado incidental, consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona (fojas 29-30 ídem). El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental (foja 76). Por su parte, una vez que fueron desahogadas las pruebas que así lo requerían, por auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se pasaron los autos para dictar sentencia interlocutoria (foja 85 ídem). Finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez (fojas 86-90 ídem). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Por cuestión de técnica, los motivos de disenso se estudiarán en un orden diverso al planteado en la demanda, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada y a los efectos que podrían tener en el sentido de la resolución reclamada. La parte quejosa en su concepto de violación sintetizado en el inciso c), aduce que se transgredió su derecho humano de audiencia previa contenido en el artículo 14 constitucional, ya que nunca fue oído y vencido en juicio, sin que haya sido demandado por la acreedora alimentista Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, pues en el procedimiento no se siguieron las formalidades del procedimiento y conforme a la ley aplicable al caso. El argumento es infundado. En la especie, es preciso mencionar el contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En el precepto constitucional antes transcrito, se encuentra contemplado el derecho fundamental de audiencia, el que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y preciados intereses. En este orden de ideas, se deduce como una obligación a cargo de las autoridades para que, previo al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los gobernados que se vean afectados con su pronunciamiento. Las indicadas formalidades y su observancia, así como las relativas al derecho fundamental de legalidad contenidas en el artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta o pronuncia en modo arbitrario, sino en estricto cumplimiento al marco jurídico que la rige. Lo anterior significa que todo procedimiento o juicio, debe estar subordinado a que en su desarrollo se observen, forzosamente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia a favor de los gobernados, consistentes en que tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la ejecución que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se produzcan con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas, así como la de formular alegatos; que den como resultado que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre la cuestión debatida, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplida. Es decir, el derecho fundamental de audiencia, consiste en dar al gobernado, la oportunidad de defensa antes de privarlo de sus derechos, por lo que las autoridades están obligadas constitucionalmente a cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, para lo que deben satisfacer los siguientes requisitos: 1) Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; 2) Concederle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; 3) Otorgarle la oportunidad de formular alegatos; y, 4) Pronunciar resolución que dirima los puntos controvertidos. En sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así pues, del análisis de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, derivado del juicio de divorcio necesario número 264/2005 y que fueron relatadas en líneas precedentes, se observa lo siguiente: El catorce de abril de dos mil quince (foja 4 vuelta ídem), se notificó de manera personal a José del Refugio Esquivel Rodríguez el auto de diez inmediato anterior, a través del cual se tuvo a Ma. Guadalupe de la Cruz Morales en representación de los menores Beatriz Adriana y Valentín ambos de apellidos Esquivel de la Cruz promoviendo incidente de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, quien se identificó con credencial para votar folio 1132042802994 expedida por el Instituto Federal Electoral, respecto del contenido del acuerdo de diez de abril de ese año; asimismo, se le dio vista por el término de tres días para que contestara el incidente planteado, corriéndole traslado con las copias del escrito incidental y del citado auto, firmando para debida constancia legal, quedando agregada en autos copia simple del documento de su identificación (foja 5 ídem). Mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, se tuvo al demandado incidental dando contestación al incidente de referencia y con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 13 ídem). Mediante auto de cuatro de junio de dos mil quince, se ofrecieron y admitieron los medios de prueba del demandado incidental, consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona (fojas 29-30 ídem). El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental (foja 76). Finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez (fojas 86-90 ídem). Circunstancias que tienen por demostrado que sí se notificó al demandado incidental del auto de inicio del incidente planteado, tan es así que firmó para debida constancia legal, cumpliendo con ello el requisito de notificar al interesado el inicio del procedimiento. Asimismo, se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, pues por auto de cuatro de junio de dos mil quince, se le admitieron al demandado incidental los medios de prueba consistentes en documentales, instrumental, presuncional, confesional a cargo de Ma. Guadalupe de la Cruz Morales y declaración de parte de la misma persona, dándose cumplimiento al segundo requisito de concederle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa De igual forma, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron por expresados los alegatos del demandado incidental, con ello se cumplió con la exigencia de otorgarle la oportunidad de formular alegatos. Y finalmente, por interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente planteado, modificándose la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez, cumpliéndose con ello, el requisito de dictar una resolución que dirima los puntos controvertidos. En otro aspecto, en los conceptos de violación reseñados en los incisos a) y b), la parte quejosa en esencia aduce que el juez de origen lo condenó a pagar a la acreedora los alimentos vencidos y no pagados a su favor, cuando la liquidación de pensiones se promovió por Ma. Guadalupe de la Cruz en representación de sus menores hijos. El motivo de inconformidad es infundado. En principio, es importante mencionar que del análisis de las constancias que remitió el juez responsable ya reseñadas, se desprende que en el proemio del escrito de liquidación de pensiones se desprende que Ma. Guadalupe de la Cruz Morales promovió en representación de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos Esquivel de la Cruz; sin embargo, también hizo referencia a que según sentencia ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil siete, el demandado José del Refugio Esquivel Rodríguez, fue condenado a pagar como pensión el 70% de alimentos para sus menores hijos de un salario mínimo y en dicha resolución se decretó a su favor media cuota sobre el salario mínimo vigente, lo que iría aumentando conforme a las alzas del propio salario mínimo; de ahí, que, se advierte, también promovió por propio derecho. Dicha manifestación se encuentra justificada con el párrafo visible a foja 1 del cuadernillo de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas; así como en las operaciones elaboradas en el recuadro ahí inserto, donde la actora incidental incluyó tanto las pensiones alimenticias de sus menores hijos, como las suyas. En atención al ocurso de mérito, recayó un acuerdo de diez de abril de dos mil quince (foja 4 del incidente de liquidación de pensiones), en donde se determinó: admitir a trámite el incidente respecto de los menores Beatriz Adriana y Valentín de los citados apellidos, no así de una diversa Selene Ma. Guadalupe, pues de autos se derivaba que era mayor de edad y dar vista por el término de tres días hábiles en forma personal al señor José del Refugio Esquivel Rodríguez. Reclamación que se encuentra justificada con el contenido de la resolución de catorce de marzo de dos mil siete, emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca A.C. 831/2006 (visible en copia certificada en la parte final del cuadernillo de liquidación de pensiones adeudada y no pagadas), de la que se desprende que se modificó la sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil cuatro, emitida por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, dentro del juicio de divorcio número 64/2005, para el efecto de que declarar que Ma. Guadalupe de la Cruz Morales era acreedora alimentista y por ello, debería otorgarle el deudor media cuota de salario mínimo en forma diaria, además de una cuota de salario mínimo diario a favor de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apelllidos Esquivel de la Cruz. Aunado a lo anterior, del estudio integral de la resolución reclamada se observa que el juez responsable en la foja 86 vuelta, explicó que atendiendo a que la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, modificó la sentencia definitiva dictada el catorce de marzo de dos mil siete, dentro del juicio divorcio número 264/2005, reconociéndose a Ma. Guadalupe de la Cruz Morales, como acreedora alimentista, además de sus menores hijos, por tanto, virtud a tal sentencia el demandado incidental quedó obligado a pagar por concepto de pensión alimenticia media cuota de salario mínimo en forma diaria para la actora incidentista y una cuota de salario mínimo diario a favor de sus menores hijos Selene Ma. Guadalupe, Beatriz Adriana y Valentín todos de apellidos de Esquivel de la Cruz. Derivado de lo anterior, es de concluirse que en forma contraria a lo argumentado por el quejoso, Ma. Guadalupe de la Cruz Morales tiene a su favor el derecho reconocido de acreedora alimentista, por tanto, estaba en aptitud de promover el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, en representación de sus menores hijos; de igual forma, el promovente del amparo tuvo la posibilidad de defenderse de las pretensiones de la incidentista, pues al notificársele el inicio del trámite de la liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, se le corrió traslado con el escrito respectivo, del cual se desprenden los montos reclamados por cada uno de los acreedores alimentistas, razón por la cual se torna infundado el argumento relativo a que no estuvo en posibilidad de defenderse de las prestaciones reclamadas por Ma. Guadalupe de la Cruz Morales. En otro aspecto, la parte quejosa, en el concepto de violación sintetizado en el inciso d), aduce que el juez responsable no fundó ni motivó la causa legal del procedimiento, toda vez que la resolución reclamada no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 constitucional. El concepto de violación es infundado. El artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Es ilustrativo de lo argumentado, por las razones que informa, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada, es decir, deben contener el argumento mínimo pero suficiente que permita conocer las razones y fundamentos que determinaron su sentido. En relación con el aspecto combatido, en la resolución reclamada (fojas 86-90 del cuadernillo de liquidación de pensiones adeudadas y no pagadas), la autoridad responsable, expuso como argumentos torales para justificar su actuación lo siguiente: El demandado incidentista afirmó que había estado cumpliendo con un obligación alimentaria con sus menores hijos, pues sostuvo que aun cuando se promovió el divorcio, siguieron viviendo juntos y procrearon otro hijo de nombre Juan Diego Esquivel de la Cruz, hasta el dieciséis de marzo de dos mil catorce, cuando la actora incidental abandonó junto con sus hijos el domicilio conyugal. A fin de justificar ese hecho, el demandado incidentista anexó las pruebas documentales consistentes en acta de nacimiento del menor Juan Diego Esquivel de la Cruz, acta levantada ante el Juez Comunitario de Loreto, Zacatecas y confesional a cargo de la actora incidentista, la cual fue declarada confesa; con lo anterior, se acreditó que en el tiempo que estuvieron viviendo juntos cumplió con la obligación de proporcionar alimentos. Derivado de lo anterior, el juez responsable concluyó que era evidente el parcial cumplimiento de la obligación alimenticia, por tanto, al encontrarse vigente el pago de alimentos y a partir de que dejaron de vivir juntos, se procedería a realizar la contabilización de los alimentos, esto es, a partir del dieciséis de marzo de dos mil catorce, pues la actora no logró acreditar el incumplimiento del demandada incidentista del pago de alimentos anteriores a la fecha en que se contabilizaron, ni el demandado logró acreditar verdaderamente el cumplimiento de su obligación. Así pues, se procedió a modificar la planilla presentada y se aprobó únicamente por la suma de $37,701.48 (treinta y siete mil setecientos un pesos 48/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por parte del demandado incidentista José del Refugio Esquivel Rodríguez. A su vez, se citaron como fundamentos legales para dictar la resolución de referencia los artículos 1°, 256 y 259 del Código Familiar del Estado y los numerales 14, 335, 336, 337, 338, 401, 403, fracción I y 408, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que en el artículo 1, dispone que las normas del derecho de familia son de orden social y tutelares de todos los integrantes de la Familia; a su vez, el numeral 256 contiene la definición de acreedor alimentista y es todo aquel que no puede bastarse a sí mismo, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos; el 259 contiene la regla de que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; en otro aspecto, en los arábigos 335 al 338, se contienen los requisitos que deben contener las sentencias; por otro lado, el artículo 401 establece que el término para el cumplimiento voluntario será el que fije la sentencia, resolución o convenio que trate de ejecutarse; en su defecto, el término para el cumplimiento voluntario será de cinco días; el numeral 403, fracción I, dispone que serán órganos para ordenar la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales el juez que haya conocido del negocio en primera instancia respecto de la ejecución de sentencias definitivas que hayan causado ejecutoria, o las que lleven ejecución provisional; y el 408, fracción I, precisa las reglas para ejecutar las sentencias que contienen cantidad líquida y las que no la contemplan. Por tanto, lo resuelto en la sentencia reclamada, pone de manifiesto que sí existió coincidencia entre las hipótesis normativas, con los motivos y circunstancias que se expresaron para modificar la planilla presentada por la actora incidental; por tanto, la autoridad responsable acató la obligación que le impone el artículo 16 constitucional, ya que fundó y motivó la resolución combatida. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." Consecuentemente, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de derechos fundamentales que invoca el quejoso José del Refugio Esquivel Rodríguez, ni advertirse violación que amerite la suplencia de la queja en favor del menor, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José del Refugio Esquivel Rodríguez, por su propio derecho, contra el acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, precisado en el resultando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza, el día de hoy veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE. L'JMZG."

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