José del Carmen Zurita Zurita
Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José del Carmen Zurita Zurita
- Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; de la certificación de cuenta se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, la suscrita resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES En la sentencia emitida en el presente asunto el diecinueve de agosto del año actual, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José del Carmen Zurita Zurita, a fin de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de veintitrés de junio del año actual, únicamente en la parte en que señaló el siete de enero de dos mil veintidós como fecha para la celebración de la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 871/2017, de su índice; b) En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". El veintisiete de agosto del presente año, se acordó la recepción del oficio 650/2021 de veinticuatro de agosto del presente año, mediante el cual la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo de veinte del citado mes y año, al cual adjuntó copia certificada del proveído de veinte de agosto pasado, en el que señaló las nueve horas con treinta minutos del doce de noviembre próximo, para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; reservándose al respecto hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio de amparo. Seguidamente, por auto de siete de septiembre del presente año, causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se levantó la reserva del contenido del oficio citado en el párrafo que antecede, por el cual la responsable Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco pretende dar cumplimiento al fallo protector; y por tal motivo, se dio vista a las partes por el plazo de tres días hábiles a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo de veinte de agosto del año en curso, emitido en el expediente laboral 871/2017, de su índice, en el cual a fin de dar celeridad al procedimiento, señaló las nueve horas con treinta minutos del doce de noviembre próximo, para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Así también, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo y en el segundo se CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ DEL CARMEN ZURITA ZURITA; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se desprende que por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sobre el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por el cual remitió copia certificada del proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 871/2017, en el cual señaló las nueve horas con treinta minutos del doce de noviembre próximo, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, de la certificación de cuenta se advierte que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue dictada la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual fue notificada a las partes el veinte de agosto siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el termino de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente. Por lo anterior, se reserva proveer lo conducente respecto del oficio y anexo de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 697/2021-4, promovido por José del Carmen Zurita Zurita por conducto de su apoderado legal Gerardo Arturo Guzmán García. A continuación, el Secretario certifica que en cumplimiento al auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios 18082/2021 y 18083/2021, se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y al Actuario de su adscripción, los cuales recibieron el cinco de julio de la presente anualidad, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 24 de autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del seis de julio al diez de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, así como los indicados en el oficio 110/JMG/164-2021 de catorce de julio de dos mil veintiuno, recepcionado por este órgano jurisdiccional el mismo día, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, comunicando que la Junta a su cargo disfrutaría de su segundo periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de julio de la presente anualidad, reanudando sus labores el dos de agosto de dos mil veintiuno; sin que rindieran su informe respectivo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en: Original del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 871/2017, del índice de la autoridad responsable, que anexa a su demanda de amparo. Original de la carta poder de treinta de mayo de dos mil quince, que anexa a su demanda de amparo. La instrumental de actuaciones. La presuncional legal y humana. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 697/2021-4, promovido por José del Carmen Zurita Zurita por conducto de su apoderado legal Gerardo Arturo Guzmán García, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el Sistema en Línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, José del Carmen Zurita Zurita por conducto de su apoderado legal Gerardo Arturo Guzmán García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A CT O S R E C L A M A D O S ? El acuerdo dictado por la junta responsable el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 871/2017, de su índice, en el que se señala fecha distante para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ? La omisión del actuario responsable de notificar a las partes el acuerdo que en su momento dicte la junta responsable en el que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones relativa al citado juicio laboral. A U T O R I D A D E S R E S P ON S A B L E S 1. Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de junio de dos mil veintiuno (fojas 14 a 19), se admitió a trámite la demanda de que se trata, se registró con el expediente 697/2021-4, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: ? El acuerdo dictado por la junta responsable el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 871/2017, de su índice, en el que se señala fecha distante para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ? La omisión del actuario responsable de notificar a las partes el acuerdo que en su momento dicte la junta responsable en el que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones relativa al citado juicio laboral. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIO´N Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito a la junta en cuestión, toda vez que el mismo se trata de una omisión, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el acuerdo al referido acto omisivo por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federacio´n, De´cima E´poca, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisio´n, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificacio´n de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capi´tulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolucio´n, lo que, en su caso, podra´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestio´n que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el ana´lisis de la constitucionalidad de los actos". Tambie´n sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presento´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendri´a que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 18082/2021, el cual recibió el cinco de julio de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 24 de autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del seis de julio al diez de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, así como los indicados en el oficio 110/JMG/164-2021 de catorce de julio de dos mil veintiuno, recepcionado por este órgano jurisdiccional el mismo día, a través del cual se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, comunicando que la Junta a su cargo disfrutaría de su segundo periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de julio de la presente anualidad, reanudando sus labores el dos de agosto de dos mil veintiuno; sin que rindiera su informe respectivo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el citado precepto legal, se presume cierto el acto que se le reclama, con las consecuencias legales que dicha omisión implica. Cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, octava época, visible en la página 165, con número de registro 223,406, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA FACULTADO PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A QUE LO RINDAN. Si la autoridad responsable, no obstante encontrarse debidamente notificada de la solicitud de su correspondiente informe justificado, omite rendirlo, ello sólo da lugar a que se presuman ciertos los actos que se le atribuyen, y en su caso, a que se le imponga una sanción pecuniaria en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no a obligar a la autoridad omisa a que lo rinda, porque el precepto legal invocado no lo autoriza ni su interpretación jurídica permite entenderlo así, pues carecería de toda lógica que si en el tercer párrafo del numeral citado se establecen sanciones para los responsables que no rinden sus correspondientes informes justificados, las que habrán de imponerse en la sentencia respectiva, deba paralelamente interpretarse que el juez de Distrito antes de resolver el juicio tenga que obligar a todas las autoridades a que rindan sus informes, pues entonces nunca se actualizaría la hipótesis indicada, de imponer multa a las autoridades cuando omitan rendir su informe justificado". Asimismo, la tesis número II.1o.P.35 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de Marzo de 2002, Materia Común, visible en la página 1363, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. La parte quejosa reclama en esencia el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 871/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el que señala las diez horas del siete de enero de dos mil veintidós, como fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia de demanda y excepciones; lo que se corrobora con la documental pública que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda de amparo consistente en el original del acuerdo impugnado emitido en el citado expediente laboral, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sobre el particular, concretamente aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el proveído de referencia transgreden su derecho a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, se considera que, suplido en su deficiencia, son fundados los precitados motivos de inconformidad. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En ese tenor, el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo instituye: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." Como se puede advertir del precepto legal transcrito, instituye que al recibirse el escrito de demanda, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. Asimismo, del artículo 685 de la ley laboral, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En el presente asunto se advierte que la autoridad laboral excede el plazo que como límite estableció el legislador para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pues de la data del acuerdo reclamado -veintitrés de junio de dos mil veintiuno- a la fecha establecida para el desahogo de la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones -siete de enero de dos mil veintidós-, median seis meses y quince días; por lo que se vulneran las disposiciones legales precitadas y el derecho fundamental del quejoso a que se le imparta justicia pronta y expedita. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de quince días para que la junta señalara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a partir de la recepción de la demanda. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Por lo que le asiste la razón a la parte quejosa al exponer que el acuerdo reclamado vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa la protección de la justicia federal, a efecto de resarcirla en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Presidente de Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: a) Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de veintitrés de junio del año actual, únicamente en la parte en que señaló el siete de enero de dos mil veintidós como fecha para la celebración de la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 871/2017, de su índice; b) En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José del Carmen Zurita Zurita, por el acto y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José del Carmen Zurita Zurita, en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero de esta ejecutoria; lo anterior por las razones y motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución y para los efectos precisados en la parte considerativa respectiva. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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