José del Carmen Urueta Moha
Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- José del Carmen Urueta Moha
Actuaciones
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 9337/2023, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional resolvió el conflicto competencial administrativo 33/2023, declarando legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por **** y *****. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Cúmplase.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio ***, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, mediante el cual, trascribe la determinación de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que dicho órgano jurisdiccional, remitió los autos originales del expediente *** de su estadística, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, para que se resuelva el conflicto competencial suscitado entre el homólogo oficiante y éste Juzgado Federal. Situación de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen Campeche, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio ***, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, por el cual, trascribe el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche con sede en San Francisco de Campeche y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto ***, de este órgano jurisdiccional; asunto que se radicó con el número de conflicto competencial ***. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López Secretaria Proyectista del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, doce de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Se tiene por recibido el oficio ***, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ***, por el que el titular de ese órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juez Interino del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establecen tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, con la finalidad de determinar la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, es menester recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, precisó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: a) Actos negativos simples b) Actos negativos con efectos positivos c) Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. Al respecto, estableció que los "actos positivos", son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Mientras que los "actos negativos" son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Ahora bien, los "actos negativos simples" son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Por su parte, los "actos negativos con efectos positivos" son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. En cambio, los "actos negativos prohibitivos" son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los "actos omisivos o abstenciones" son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. De esta ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, intitulada: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo y su anexo, revela que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, la omisión de dar respuesta al oficio ***, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó la constitución de un fondo de vivienda con enfoque de servicio social, para proteger su derecho de acceder a una vivienda digna y decorosa, mediante la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Carmen, Campeche y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ahora bien, no se coincide con el juez declinante de que la omisión reclamada trae consigo una ejecución, pues si bien, la celebración del convenio solicitado por la parte quejosa para adquirir una vivienda y salud para los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, podría tener ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche. Sin embargo, no resulta jurídicamente correcto prejuzgar sobre el sentido de la respuesta que llegare a dictar la autoridad responsable con motivo de la petición escrita que le formuló la parte quejosa, pues con independencia de que se desconoce el sentido en que se emitirá la respuesta, lo cierto es que esa respuesta constituirá un acto completamente distinto que, por no existir, no puede servir de base para afirmar que el acto reclamado tendrá ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche. Es así, pues siguiendo la línea argumentativa del juez declinante, podría darse el caso de que la respuesta que otorgara la autoridad responsable fuera en sentido negativo, esto es, negar la celebración del convenio solicitado por la parte quejosa, lo que constituiría un "acto negativo simple" carente de ejecución material, pues la autoridad se estaría rehusando expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.19o.A.2 A (10a.), del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2281, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESPUESTA NEGATIVA DE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN INMUEBLE. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si en el juicio de amparo se reclama la respuesta negativa de una dependencia del Gobierno Federal a la petición de donación de un inmueble, para resolver la cuestión de competencia debe ponderarse el contenido del acto reclamado, el cual es declarativo, al constituir un pronunciamiento negativo que no prescribe o manda una conducta determinada, ni implica la realización de una obligación de hacer o dar; sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material, atento a los efectos de una posible concesión del amparo, ni al hecho de que pueda resultar o no procedente la donación en favor del quejoso, porque ello prejuzgaría sobre una hipótesis futura e incierta, la cual, además, involucra una cuestión de fondo. Por tanto, la competencia para conocer del juicio no corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ubica el inmueble relacionado con la donación, sino ante el que se presentó la demanda de amparo, conforme al último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia." En esa medida, cuando se reclama violación al derecho de petición por la falta de contestación a una petición escrita, al tratarse de un acto omisivo carente de ejecución material, la competencia para conocer de la demanda de amparo recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, el acto reclamado atendiendo a su naturaleza, no requiere ejecución material en razón de que se trata de una omisión, entendiéndose como tal, aquella donde la autoridad se abstiene de actuar o se rehúsa a hacer algo, pese a tener la obligación legal de realizar una determinada conducta. En esa medida, la omisión reclamada no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, al omitirse la respuesta del oficio ***. Lo anterior, sin importar el sentido del acuerdo que llegare a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión. Por hacer alusión al tema de que la falta de contestación a una petición escrita, se trata de un acto que no requiere ejecución material, resulta aplicable la tesis aislada VI.2o.P.7 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2319, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. POR TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CARENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Tercera Parte, página 45, determinó que la competencia para conocer del juicio de garantías cuando se reclaman actos negativos carentes de ejecución material, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad ordenadora; sobre el mismo tema se pronunció también la Primera Sala de ese Máximo Tribunal en la diversa tesis de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO.", publicada en la Quinta Época, Tomo CIII, página 2846, de la fuente citada, en la que sostuvo que tratándose de actos que no requieren de ejecución material, es la residencia de la autoridad que dicta la resolución la que determina la competencia del Juez de Distrito y no el domicilio del quejoso; luego, si el acto reclamado en el juicio de garantías consiste en la violación al derecho de petición, el cual no requiere de ejecución material, entonces, atento a los criterios citados, no debe considerarse el domicilio señalado por el quejoso, pues corresponde conocer del juicio de amparo respectivo al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad señalada como ordenadora." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada XIX.2o.1 A del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008, página 1216, Novena Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN ATRIBUIBLE A AUTORIDADES NACIONALES PERTENECIENTES AL CUERPO DIPLOMÁTICO O CONSULAR CON RESIDENCIA OFICIAL EN EL EXTRANJERO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, ESTO ES, EL ELEGIDO POR EL ACTOR. Conforme a los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos que violen garantías individuales, así como de aquellos emitidos por la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, o viceversa. Por otro lado, en términos del precepto 104, fracción VI, constitucional, el Poder Judicial de la Federación tiene reservada la facultad de conocer y resolver todos aquellos asuntos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. En ese sentido, cuando en el juicio de garantías se atribuye la violación de cualquiera de éstos al derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Federal, los que, aun siendo autoridades nacionales, tienen su residencia oficial en el extranjero y no dentro de la demarcación territorial en que ejercen jurisdicción los tribunales del Poder Judicial de la Federación, establecida en el Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 2429 y en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006; con el fin de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Norma Suprema y ante la ausencia de regla específica en la Ley de Amparo que establezca qué órgano es competente para conocer del juicio de garantías que se promueva contra actos de las indicadas autoridades que no tengan ejecución material dentro de la República mexicana, deben aplicarse, de manera supletoria, las reglas que establece el capítulo I del título segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo a la competencia de la autoridad judicial, y determinar que cualquier Juzgado de Distrito es legalmente competente para pronunciarse con relación a la demanda de amparo indirecto respectiva, pues la Constitución y la ley señalan, de manera abstracta, que los tribunales de la Federación son los órganos competentes para conocer de este tipo de asuntos, y ante la falta de disposición expresa que individualice el supuesto que se analiza, el intérprete de la ley no debe hacer distinción alguna. En consecuencia, tratándose del acto y autoridades mencionados, será Juez competente aquel que haya prevenido en el conocimiento del asunto, esto es, el elegido por el actor." En cuanto a la jurisprudencia I.10º. T.8 L (10) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE.", que cita el juez declinante para declararse legalmente incompetente, resulta inaplicable al caso concreto, en razón de que el acto reclamado no es la omisión de la Junta Laboral de señalar fecha y hora para la reinstalación de un trabajador, ni el acto reclamado es un acto omisivo con efectos positivos, antes bien, se trata de la falta de respuesta a una petición escrita, esto es, de un acto omisión que no produce consecuencias materiales en el mundo fáctico. En esa medida, en razón de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, sostuvo que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 500, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En consecuencia, en razón de que el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza omisiva, no requiere ejecución material y que en este supuesto el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, será aquél ante quien se haya presentado la demanda, siendo que el órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al órgano jurisdiccional declinante el expediente de amparo ***, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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