José del Carmen Ricardez Pérez

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • José del Carmen Ricardez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto de seis de junio del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de once de los corrientes, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso José del Carmen Ricardez Pérez, el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho emitido en este asunto, dado que señaló domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad; por tanto, la notificación correspondiente al fallo de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, deben realizarse y surtir efectos por medio de la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado... SE TRANSCRIBE EL PROVEÍDO DEL SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO: En seis de junio de dos mil dieciocho, doy cuenta al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con la demanda de amparo promovida por José del Carmen Ricardez Pérez, por propio derecho y en representación del menor J.T.R.H., de quien aduce detentar la representación, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, registrada con el folio 137, nueve copias de traslado y un anexo, consistente en original de la cédula de notificación, de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, expedida a su nombre por la fedataria judicial adscrita a la autoridad judicial responsable. Conste. Secretario Juan Gutemberg Soler Hernández. Villahermosa, Tabasco, seis de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José del Carmen Ricardez Pérez, por propio derecho y en representación del menor J.T.R.H., de quien aduce detentar la representación, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco; regístrese en el libro de gobierno con el índice 114/2018-I-2, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado: - El acuerdo del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente civil 875/2017, relativo al Juicio Especial de Reducción y Cancelación de Pensión Alimenticia, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Comalcalco, mediante el cual se señalaron las once horas con treinta minutos del once de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de una audiencia de escucha de menor, cuya constancia de notificación se acompañó a la demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Bajo esa perspectiva, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la misma, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. Para ello, resulta pertinente traer a colación los preceptos legales aplicables que sustentan la base fáctica para considerar actualizada la causal de improcedencia en cuestión, los que son del tenor siguiente: Artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." En efecto, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Así los artículos 117, 131, 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, señalan, el primero, que los plazos procesales empezarán a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, el emplazamiento o la citación, y se contará en ellos el día del vencimiento; el segundo, que las notificaciones se deberán hacer: en su fracción I, personalmente por cédula; en tanto, el tercero de los arábigos, relativo a las notificaciones personales, prevé en su parte infine, que la notificación surtirá sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practique. Sirve de aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 11/2017 (10a.), con registro 2014199, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, es de citar la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página trescientos sesenta y cuatro del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 918356, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De la trascripción de la anterior tesis aislada, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de amparo. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que en el caso, no se surte alguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no son de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En efecto, el peticionario de amparo reclama de la autoridad señalada como responsable, el acuerdo del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente civil 875/2017, relativo al Juicio Especial de Reducción y Cancelación de Pensión Alimenticia, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Comalcalco, mediante la cual se señalaron las once horas con treinta minutos del once de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de escucha de menor. Acuerdo que le fue notificado a través de cédula de notificación personal, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del original de la cédula de notificación que, como anexo a la demanda de amparo, exhibió el promovente José del Carmen Ricardez Pérez. De ahí que, conforme lo dispuesto en los diversos 117, 131 fracción I y 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, si el hoy promovente de amparo, fue notificado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, a través de cédula de notificación personal del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que pretende combatir ante esta instancia, dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo, transcurrió del diez al treinta de mayo de dos mil dieciocho, sin contar para efectos de cómputo los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, por ser días inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se puede apreciar en la tabla siguiente: FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO SURTE EFECTOS NOTIFICACIÓN INICIO DE PLAZO DÍAS HÁBILES DÍAS INHÁBILES FENECIÓTÉRMINO 08 de Mayo de 2018. 09 de Mayo de 2018. (Artículos 117, 131 Y 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco). 10 de Mayo de 2018. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 30 todos de Mayo de 2018 12, 13, 19, 20, 26, 27 todos de Mayo de 2018 30 de Mayo de 2018 Por tanto, si el promovente no ejerció en el término legal estipulado para ello, es decir, dentro de los quince días, pues la acción de amparo, la planteó el cinco de junio actual, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la tesis aislada, de la Novena Época, con registro: 176326, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Enero de 2006, Tesis: I.6o.C.81 K, página: 2358, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA, ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO EMANE DE UN JUICIO DE NATURALEZA FAMILIAR. No obstante que el acto reclamado en el juicio de amparo, emane de una contienda de naturaleza familiar, en que, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, también es verdad que no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé el ordenamiento legal en cita para combatir el señalado acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 21 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es incuestionable que la demanda origen de este juicio, en el cual se reclaman actos emitidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Sirve de apoyo, por los motivos que la informan a lo anterior, la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos noventa y nueve, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 1, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en su artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José del Carmen Ricardez Pérez, en términos del artículo 113, de la ley citada, respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia. No se soslaya la manifestación del justiciable, en el sentido de que acude a esta instancia jurisdiccional extraordinaria en representación de su menor hijo de iniciales J.T.R.H., y que ello deriva de una contienda judicial del orden familiar; no obstante lo anterior, como se expuso líneas precedentes, no resulta aplicable al particular eximir al promovente de amparo de sujetarse a las reglas y términos que prevé la Ley de Amparo, para combatir el acto de autoridad, dado que el legislador federal estableció claramente las causas de excepción al plazo general de quince días para la interposición del juicio de amparo, en los que evidentemente no se encuentra el presente asunto. De ahí que debió constreñirse al plazo de quince días, como se expuso en el presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos del primero de los citados numerales a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. MEDIOS DIGITALES Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna, 1, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena al Secretario de este Juzgado encargado del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico...

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