José del Carmen Pérez Izquierdo

Expediente 887/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
887/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • José del Carmen Pérez Izquierdo

Actuaciones

  1. Principal

    I. Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en sesión de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir el presente expediente, en razón de la incompetencia decretada para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    Incompetencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, de acuerdo con las consideraciones siguientes. En principio, es importante recordar que el artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: a. Cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en que deba, trate, se esté o se haya ejecutado. b. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. c. Finalmente, cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el juez en cuya jurisdicción se presente el libelo. No obstante lo anterior, al resolver la contradicción de criterios 84/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó (en un criterio que resulta de observancia obligatoria), que para efectos de fincar competencia territorial a los jueces Federales cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Lo anterior, explicó la Primera Sala, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un supuesto de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de la Materia, definen la competencia de los jueces de Distrito para conocer y resolver de un juicio constitucional en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, concluyó la Sala, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla (especial) aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, la competencia recaerá en otro juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese sentido, la Corte explicó que dicha regla de excepción será aplicable con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del juez de Distrito, toda vez que ello (la ejecución o no del acto reclamado) no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia. Dicho de otro modo, es irrelevante verificar si el acto reclamado cuenta o no con ejecución material, pues si éste fue emitido por un juez de Distrito, se tiene que atender forzosamente a la regla especial prevista en el numeral 38 de la Ley de Amparo, y no a la regla general contenida en el arábigo 37 de dicho ordenamiento legal. Las razones que se contienen en ese precedente, se sintetizaron en la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.) de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." Lo resaltado es propio de esta jueza de Distrito. En atención al criterio jurisprudencial recién citado, la suscrita estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en el que se reclama la omisión de la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Guanajuato capital, en fijar un plazo para que se le proporcione todo el tratamiento médico que le fue prescrito por el traumatólogo, derivado de la controversia 364/2023, y como consecuencia, la omisión de la diversa autoridad responsable directora general del Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", en dar cumplimiento en su totalidad a lo resuelto en dicha controversia, al no proporcionarle la atención médica que en su momento fue ordenada por dicho juzgador. Lo anterior se es así, pues en términos del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO", la suscrita no cuenta con competencia por razón de territorio en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, lugar en donde tiene su residencia el homólogo Federal señalado como responsable, quien tiene el carácter de ordenadora. Por lo que conforme a la jurisprudencia de mérito y al acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal señalado en supralíneas, se considera que este Juzgado Federal no es legalmente competente para conocer del presente sumario constitucional. Lo anterior es así, pues en términos del acuerdo general antes citado, los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional no es legalmente competente para conocer de los actos reclamados precisados en el inciso B. No se soslaya la existencia de las siguientes tesis jurisprudenciales de rubros: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA." "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Sin embargo, si bien esos criterios atienden al caso genérico de la competencia cuando una persona privada de la libertad reclama la falta de atención médica; lo cierto es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una importante distinción, en relación con la denominación o naturaleza de la autoridad responsable -un juez de Distrito-, lo que no riñe con la multiplicidad de supuestos, avalados por esas jurisprudencias, en los que tales autoridades no ejerzan una jurisdicción Federal, sino local. Bajo ese contexto, si en el presente asunto se tiene señalado como autoridad responsable, entre otra, a un juez de Distrito, a quien se le atribuye el acto reclamado, es que se debe aplicar la regla especial contenida en el artículo 38, de la Ley de Amparo, y no la genérica (prevista en el diverso numeral 37) que se analiza en esos criterios con números de registros 2021191 y 235884. En similitud de consideraciones fueron resueltos el conflicto competencial 11/2022 y amparo en revisión penal 209/2022, de las estadísticas del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en sesiones de quince de junio de dos mil veintidós y ocho de junio de dos mil veintitrés, respectivamente. VI. No se concede la suspensión de plano. En otro orden, es relevante establecer que la falta de atención médica como la peticiona el quejoso (derivada de las omisiones que destaca), no trasgrede su dignidad personal, ni mucho menos puede equipararse a una angustia moral, tortura, trato inhumano ni pena cruel, como lo aduce. Lo dicho, porque a través de un juicio valorativo en el que se ponderaron las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, se advierte que la falta de atención médica que combate la hace derivar de que las autoridades responsables no realizan actos que logren el cabal cumplimiento a lo determinado en la multicitada controversia con relación al suministro completo de lo que le fue prescrito por el médico tratante en dicho asunto; de ahí que, se estime que las consecuencias de las omisiones reclamadas, conforme a los padecimientos de los cuales se aqueja, no comprometen la dignidad e integridad personal del impetrante al grado de equipararse a una situación de tormento por parte de las responsables. De ahí que quien resuelve determina que si bien es cierto este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a pronunciarse respecto a la concesión de la suspensión de plano, aun y cuando no sea solicitada de manera expresa por la parte quejosa, cuando se reclame alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y el numeral 126 de la Ley de Amparo, no menos cierto es que tal determinación debe estar sustentada en datos objetivos que permitan a esta juzgadora obtener un mínimo grado de probabilidad de que los actos combatidos efectivamente trastoquen derechos que puedan homologarse a los contenidos en los numerales antes referidos; empero, en ninguna parte del escrito de demanda se advierte que al inconforme se les haya sometido a los mismos, puesto que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la queja constitucional versa básicamente sobre las omisiones de las autoridades responsables para dar debido cumplimiento a lo determinado en la multicitada controversia con relación al suministro completo de lo que le fue prescrito por el médico tratante en dicho asunto, por lo que este tribunal estima y advierte que dichos actos no se asemejan a un acto de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada o bien se haya ejercido sobre su persona alguna de las penas infames a que hace alusión el multicitado artículo 22 de la Constitución Federal, a fin de hacer procedente la concesión de la suspensión de plano u oficio del acto reclamado en términos de la Ley de Amparo. VII. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo, correspondiente. VIII. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión donde se encuentra privado de su libertad; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se exhorta a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. XI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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