José del Carmen Pech Tun

Expediente 43/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
43/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • José del Carmen Pech Tun

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de enero de dos mil veintitrés.********************Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo promovido por ********************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye a la Juez Tercero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, que hace consistir en: el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario mercantil ********************en el que se desechó el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, que promovió para obtener la reposición del procedimiento por supuestas violaciones procesales, y evitar la entrega de diversos bienes inmuebles que aduce son de su propiedad. ********************Con fundamento en los artículos 9 y ********************0 del del Acuerdo General ********************2/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-********************9 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto.********************Supresión de impresión.********************En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. ********************Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto.********************Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 43/2023-VII-A; registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional; y formar expediente, tanto físico como electrónico.********************Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y ****************************************3 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda de derechos fundamentales y realizar el pronunciamiento correspondiente.********************Así, del examen integral del escrito de demanda aparece que contra la resolución reclamada se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 6********************, del citado ordenamiento.********************El precepto enunciado, establece:********************"Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."********************Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional.********************Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía.********************Es aplicable la tesis de jurisprudencia l.60.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital ********************870********************6, del rubro y texto siguientes:********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."********************Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes:********************a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;********************b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa;********************c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y,********************d). Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada.********************Estableciendo como excepciones:****************************************. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************En el caso concreto, contra los actos antes indicados, procede el recurso de apelación contemplado en los artículos ********************336, ********************339 Bis, ********************340 y ********************34******************** del Código de Comercio, que establecen lo siguiente: ********************"Art. ********************,336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes.****************************************Artículo ********************339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.****************************************Artículo ********************340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo ********************339.********************Artículo ********************34********************.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone."****************************************De los preceptos legales transcritos en el párrafo que antecede, se desprende que en contra de los autos y resoluciones interlocutorias de carácter definitivos o que causen gravamen de manera irreparable, procederá el recurso de apelación.********************Por ende, respecto al auto de diez de enero de dos mil veintitrés, que por esa vía se pretende reclamar, se advierte que causa un gravamen de forma irreparable a la esfera del aquí quejoso. Esto es así, pues dicho auto, restringe el ejercicio del derecho de propiedad, con respecto a los bienes inmuebles: Solar Urbano identificados como lotes ******************** Manzana ******************** de la zona ********************, del poblado de ********************, y cuyos efectos, no se pueden subsanar o invalidar, en la secuela misma del procedimiento. ********************Sin embargo, como el quejoso no hizo valer el aludido medio ordinario de defensa legal, lo procedente es estimar que en el caso no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. ********************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. ****************************************/20********************8 (********************0a.), que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, junio de 20********************8, Tomo I, visible en la página 8, registro 20********************7****************************************7, de contenido y rubro siguiente: ********************"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo ********************07, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 6******************** de la Ley de Amparo."********************Se afirma lo anterior, pues el acto aquí reclamado, no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionado con tal principio, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: ****************************************) El acuerdo reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************2) Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; pues el acuerdo reclamado fue emitido en un procedimiento civil de divorcio por mutuo consentimiento. ********************3) El quejoso no puede ser considerado como tercero extraño, ni por equiparación al juicio de origen, pues tiene el carácter de parte demandada en el mismo, en el que incluso confesó haber sido emplazado, así como que contactó al apoderado de ********************, con quien sostuvo pláticas conciliadoras, para luego enterarse de que los bienes inmuebles de su propiedad fueron embargados, rematados y ajudicados a favor de la parte actora.********************4) La procedencia del recurso de apelación, no está sujeta a interpretación adicional a lo establecido en el artículo ********************34******************** del Código de Comercio, el cual es suficiente para determinarla.********************Por tanto, se reitera, que la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debió promover el recurso de apelación, previsto en los preceptos 800, 80********************, 806, 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, por medio del cual el acuerdo recamado podía ser modificado, nulificado o revocado. ********************Sin embargo, como el quejoso no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que en el caso, no quedó satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 6******************** de la Ley de Amparo.********************Es aplicable al caso, la tesis I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: ********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."********************Sin que sea óbice para la actualización de la casual de improcedencia que se analiza, la circunstancia de que la parte quejosa no haya precisado en el escrito de demanda el monto de la suerte principal reclamada en el juicio ordinario mercantil de origen, pues aun en el caso de que ésta sea inferior a la cantidad de $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil, trescientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos), prevista en el artículo ********************340 del Código de Comercio, tal circunstancia sólo haría procedente el diverso recurso de revocación; pero de modo alguno constituiría una excepción al principio de definitividad como rector de la procedencia del juicio de amparo promovido contra el auto que desechó un incidente dentro de un juicio ordinario mercantil; de ahí que se estime innecesario prevenir al quejoso para que precise ese monto, y la improcedencia del presente juicio de amparo.********************Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia ********************a./J. 70/20********************3 (********************0a.), con registro digital 2005047, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40********************, Libro ********************, Diciembre de 20********************3, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el título y contenido siguientes: ********************"REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO ********************339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 20********************2). De la interpretación conjunta de los artículos ********************334 y ********************340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 20********************2, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo ********************3******************** reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo ********************3******************** fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo ********************390 bis ********************, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)."********************Además, dicha improcedencia es notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional, y es indudable, si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera la parte quejosa durante la tramitación del juicio de amparo.********************Por tanto, con fundamento en el artículo ****************************************3 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional, promovida por ********************, en contra del acto que pretende reclamar.********************Apoya lo anterior, por su contenido la tesis de Jurisprudencia I. ********************3º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ********************63********************, Tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dispone:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ********************45 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo ********************45 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo ********************7 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."********************EXHORTO A LAS PARTES A USAR JUICIO EN LÍNEA.********************Se exhorta a las todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea.********************De igual forma, las partes deben procurar (si así lo desean) su continuación en forma Electro´nica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electro´nica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva.********************En otro contexto, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como el portal de internet del Poder Judicial Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de la Materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control jurisdiccional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado.********************Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, motivo por el cual, se ordena que las notificaciones que se generan con motivo de los diferimientos se notifiquen por lista a todas las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. ********************76/20********************2, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ********************253, Materia Común, Décima Época, enero de 20********************3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".********************Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el designado en el escrito inicial de demanda y como autorizado en términos restringidos del numeral ********************2 de la legislación de la materia, a la persona que designa en su escrito de cuenta, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************Desde este momento, en términos del artículo 2******************** de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene.********************Con fundamento en el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 2******************** a 26 del Acuerdo General ********************2/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución.********************De conformidad con los artículos ********************, 9, ****************************************8 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.********************Notifíquese personalmente.

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