José del Carmen Moctezuma Zamora
Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José del Carmen Moctezuma Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 569/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Carmen Moctezuma Zamora, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la responsable reclamo la omisión de tramitar dentro de los términos legales el expediente laboral número 570/2015 del índice de la misma, relativo al juicio laboral que el suscrito JOSE CARMEN MOCTEZUMA ZAMORA, promueve en contra de HOTEL VICTORIA Y/O NAFAPOLY, S.A. DE C.V. Y/O GREGORIO NAJERA LEDEZMA Y/O JOSE DE JESUS NAJERA FARIAS Y/O CLAUDIA NAJERA FARIAS Y/O LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE SER PROPIETARIA, RESPONSABLE O EXPLOTE LA FUENTE DE TRABAJO, fuera de los plazos y términos procesales que establecen los artículos 685, 686, 884, 885 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 569/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda, se precisa que el quejoso como actor en el juicio laboral 570/2015 reclama la omisión de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de tomar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto omisivo reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación -por conducto de su Presidente-, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Certeza que además se corrobora con las diversas constancias del juicio laboral 570/2015 que en copia certificada remitió y que por ser documentales públicas hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los citados artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, de las que se advierte que a la fecha no se ha logrado el emplazamiento de la demandada Claudia Najera Farías. CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, en acatamiento a la técnica que rige en el juicio de amparo respecto del estudio preferente y oficioso de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tenemos que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte el artículo 170 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se llega a la conclusión de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, estableciendo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante se cita, que son dos las condiciones que el legislador dispuso para ello: 1) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). La jurisprudencia de que se habla, es la P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, si el quejoso reclama la omisión de la junta responsable de dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 570/2015; entonces se evidencia que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que tal omisión no constituye un acto dentro del juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, dado que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dicha omisión corresponde a una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo como lo es la falta de respuesta a una petición expresa y la falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, como lo estableció la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De la contradicción de tesis referida, surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, cuyos rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que, no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada, pues el suscrito no considera que exista una abierta dilación al procedimiento o paralización total del mismo, pues de las documentales que allego al sumario la propia junta responsable se obtiene que: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil quince, el aquí quejoso José Carmen Moctezuma Zamora demandó en la vía laboral a Hotel Victoria y/o Nafapoly, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Gregorio Nájera Ledezma y/o José de Jesús Nájera Farías y/o Claudia Nájera Farías y/o la persona física o moral que resultara responsable, propietaria o explotara la fuente de trabajo, todos con domicilio en calle Cristóbal Colón número 14, fraccionamiento Costa Azul, en esta ciudad, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Por auto de veintinueve de abril siguiente, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicó la demanda bajo el número 570/2015; ordenando emplazar a los demandados por conducto del actuario de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 3. El catorce de agosto de dos mil quince, se llevó al cabo el emplazamiento de los demandados de nombres Hotel Victoria, Nafapoly, Sociedad Anónima de Capital Variable, Gregorio Nájera Ledezma, José de Jesús Nájera Farías y la persona física o moral que resultara responsable, propietaria o explotara la fuente de trabajo. 4. Mediante razón actuarial de veinte de octubre del mismo año, el fedatario de esa adscripción hizo constar su imposibilidad para emplazar a la demandada Claudia Nájera Farías, en el domicilio proporcionado al efecto. 5. En audiencia de trece de noviembre de la anualidad en cita, la junta responsable en atención a la razón actuarial aludida, difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y requirió al actor, aquí quejoso para que proporcionara el domicilio correcto donde podía ser emplazada la demandada Claudia Nájera Farías, con el apercibimiento que de no hacerlo así se tendría por no interpuesta la demanda a su respecto. 6. En auto de veinte de noviembre siguiente, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el quejoso manifestó desconocer algún otro domicilio de la demandada Claudia Nájera Farías, por lo que la junta responsable giró oficios a diversas dependencias, tales como Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Comisión Federal de Electricidad, Dirección de Reglamentos y Espectáculos Municipal, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que le informaran el domicilio correcto de aquélla. 7. Por acuerdos de siete, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil quince, once de febrero y treinta de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al Secretario de Administración y Finanzas, al Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, al Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal, al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al Encargado del Departamento Jurídico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a la Apoderada y Representante Legal de la Comisión Federal de Electricidad, informando que no localizaron registro alguno a nombre de la demandada de mérito. 8. En acuerdo de veintiséis de septiembre del año pasado, la junta responsable difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en atención a lo manifestado por el quejoso, ordenó girar exhorto al Representante Legal de la Delegación número 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México, a fin de que informara el ultimo domicilio que tuviera registrado de la demandada Claudia Nájera Farías, comunicación oficial que se emitió el cinco de octubre siguiente y fue depositada el diecisiete de ese mes en el servicio postal mexicano. 9. En proveído de quince de noviembre del año pasado, se tuvo al actor, aquí quejoso, señalando un nuevo domicilio para emplazar a la demandada Claudia Nájera Farías, por lo que la junta responsable ordenó girar exhorto a su similar con sede en la Ciudad de México, para que en su auxilio llevara al cabo dicha diligencia en el domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero número 3, Barrio Zapotla, Delegación Iztacalco, comunicación oficial que se emitió el diecisiete de noviembre siguiente. 10. El doce de enero de dos mil diecisiete se difirió nuevamente la audiencia bifásica y se ordenó girar exhorto recordatorio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de la demandada, comunicación oficial que se emitió el siete de febrero siguiente y fue depositada el ocho de dicho mes en el servicio postal mexicano. 11. El veinticinco de abril del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial número Uno de la Ciudad de México, remitiendo sin diligenciar el exhorto 10783, por las razones ahí expuestas. 12. Mediante proveído de dieciséis de junio de esta anualidad se difirió nuevamente la audiencia bifásica y se ordenó girar el exhorto número 5762 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de la demandada, comunicación oficial que se emitió el tres de julio último (con posterioridad a la presentación y admisión del juicio de amparo en que se actúa) y fue depositada al día siguiente en el servicio postal mexicano. Es decir, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje responsable ha dictado las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la demandada Claudia Nájera Farías, pues realizó la investigación correspondiente a fin de conocer su domicilio sin éxito, asimismo ha girado diversas comunicaciones oficiales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para que realice el emplazamiento de la demanda en el nuevo domicilio que proporcionó el aquí quejoso, aunado a que la omisión reclamada no tiene una temporalidad distante, dado que la última fecha por la que ordenó girar nuevo exhorto a su homóloga en esa ciudad data del dieciséis de junio último, además que con fecha cuatro de julio siguiente se depositó en el servicio postal mexicano el exhorto número 5762, es decir, con motivo de la emisión y envío de dicha comunicación oficial efectuado con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la Primera Junta Local responsable ha llevado al cabo las conductas necesarias para lograr el emplazamiento de la demandada, dado que la diligenciación de dicha comunicación oficial corresponde ahora a su destinatario, sin que se tenga conocimiento de a qué autoridad correspondió el asunto. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto, no obstante que alguna de ellas fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Carmen Moctezuma Zamora, por derecho propio, en contra de la autoridad y acto precisado en el resultando primero y en atención a las consideraciones vertidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos y con ellos dese vista en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el diverso numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia autorizada de la sentencia una vez que ésta se dicte, previa razón de recibido que obre para constancia legal, la cual podrá obtener y recoger en cualquier día hábil, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de once de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el informe justificado de .la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.
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