José del Carmen Martínez Mendoza
Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José del Carmen Martínez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José del Carmen Martínez Mendoza; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 999/2020-6, promovido por José del Carmen Martínez Mendoza, por conducto de su apoderado legal Adalberto Escalante Lezama, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el diecinueve siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el veinte de noviembre de dos mil veinte, José del Carmen Martínez Mendoza, por conducto de su apoderado legal Adalberto Escalante Lezama, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco. ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el treinta de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 752/2013, de su índice. 2 De la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, la inobservancia al buen funcionamiento del tribunal responsable, al ser dicha autoridad quien administre la justicia pronta y expedita. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 999/2020-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar su escrito que presentó el treinta de julio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 752/2013, de su índice. De la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, la inobservancia al buen funcionamiento del tribunal responsable, al ser dicha autoridad quien administre la justicia pronta y expedita. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas para desvirtuar dichas negativas. Además, cabe señalar que la aludida autoridad no tiene el carácter de superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, pues al ser un órgano jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 375/2011, sostuvo que, de los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales, deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, con número de registro 2000099, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO"; misma que se cita como argumento de autoridad. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS. No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados por la parte quejosa a dicha autoridad responsable. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de los actos reclamados, respecto de la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el treinta de julio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 752/2013, de su índice; lo cual se corrobora, con las constancias que remitió en apoyo a su informe, relativas a las copias certificadas del aludido juicio laboral; documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, de los que se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el aludido acto reclamado por el impetrante no existía. En efecto, de las copias certificadas deducidas del juicio laboral 752/2013, que remitió el tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende que en relación al acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable el treinta de julio de dos mil dieciocho; a la fecha de la presentación del escrito de demanda (dieciocho de noviembre de dos mil veinte) no existía, ya que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, la responsable proveyó respecto del contenido del citado escrito de treinta de julio de dos mil dieciocho, determinando decretar la caducidad del citado expediente de origen, ordenando se notificara a las partes dicho proveído por conducto del actuario de su adscripción. Lo anterior es así, ya que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión del tribunal responsable de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el treinta de julio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 752/2013, de su índice; y del informe justificado resulta que ello ya fue realizado antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de garantías; luego, es de colegirse, que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del aludido acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Bajo ese panorama, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor, ante la inexistencia del citado acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José del Carmen Martínez Mendoza, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 752/2013, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, hasta en tanto el informe justificado obrara en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por las anteriores consideraciones, se reanuda el trámite del presente expediente. Asimismo, y como de la propia certificación se desprende, mediante oficio 20840/2020 de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que rinda su informe justificado, mismo que fue recepcionado el tres de diciembre último, tal y como se advierte de la constancia de notificación relativa que obra agregada en autos; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto. En razón de lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el verificativo de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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