José del Carmen Marrufo Maldonado

Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
91/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • José del Carmen Marrufo Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, siete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días, que establece el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de febrero del año en curso (foja 14), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *******, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinte de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por Oscar Efraín Navarrete Canto, por medio del cual pretende desahogar la prevención que se formuló al quejoso José del Carmen Marrufo Maldonado en acuerdo de diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 5 a 7). Sin embargo, de autos se advierte que el promovente en el presente asunto tiene el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 7); pero, tal circunstancia no lo autoriza a desahogar una prevención que fue requerida al directo quejoso. Lo anterior es así, toda vez que es el quejoso quien deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por su representante legal [debidamente acreditado de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo] y no por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a esta última se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; por tanto, tampoco por esa vía ha lugar a proveer favorablemente su petición. Es aplicable al particular la Jurisprudencia 37/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, Junio de 2011, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Cabe precisar que en acuerdo de diez de febrero de este año, se hizo del conocimiento a la parte quejosa que el desahogo de la prevención debería realizarse de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de sus autorizados. Ahora, atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el diez de febrero de dos mil diecisiete, se otorgó a la parte quejosa el plazo de cinco días para que cumpliera con la prevención de mérito. En el entendido que el escrito de cuenta no interrumpe el término establecido mediante diez de febrero de dos mil diecisiete y que subsisten los apercibimientos previamente ahí decretados

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