Jose del Carmen Herrera Hernandez

Expediente 1299/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1299/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Jose del Carmen Herrera Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de trece de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 251/2022 de su índice, de la que se advierte que se declaró infundado el citado medio de impugnación interpuesto por el quejoso José del Carmen Herrera Hernández, contra el auto de tres de agosto del año en curso, dictado en los presentes autos, en que se desechó la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José del Carmen Herrera Hernández, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de tres de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte, contra el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en los términos allí precisados. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta, así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe, para que sean tomadas en cuenta para resolver el medio de impugnación aludido, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo.

  3. Principal

    Juicio 1299/2022 folio 12016. diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón que antecede asentada por el fedatario adscrito a este juzgado, se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, por las razones expuestas en la misma. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hágase a la referida parte, la notificación del presente proveído y del diverso de tres de agosto de dos mil veintidós, y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese en términos de ley. Juicio 1299/2022 folio 11563. tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José del Carmen Herrera Hernández, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1299/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Acto reclamado -La determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento. Ahora, este órgano federal advierte que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicada esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que señalan*** El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone*** Conforme a lo anterior trascrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, debe entenderse que esos actos deben ser definitivos, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de tesis 239/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en cuya ejecutoria estableció, en lo que interesa, lo siguiente ".De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes." Lo anterior, pone de relieve que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, estableció que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo; es decir, cuando la autoridad a favor de quien se declina competencia se pronuncie respecto de ésta. En mérito de lo anterior, si en el caso particular el acto reclamado es la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento; de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en estricta observancia al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha determinación no es procedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues aun cuando se ubica en el supuesto normativo de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo cierto es que esa resolución declinatoria no es un acto definitivo, ya que en todo caso lo será la resolución que dicte el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al que le fue declinada la competencia <ya sea aceptando o negando la misma>, pues hasta ese momento se producirán todas las consecuencias del acto reclamado y precisamente a partir de dicha decisión podrá existir una afectación personal y directa en la esfera jurídica del accionante del amparo. Entonces, es evidente que el acto reclamado ante esta instancia constitucional no es un acto definitivo; en razón de que, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo; es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepte, o bien, la rechace; sin embargo, en el caso, se desconoce la determinación del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. Máxime que con relación al tema de la procedencia del amparo existe criterio firme y definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que el juicio biinstancial procede contra aquellos actos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. *** En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento, se desecha la demanda de amparo promovida por José del Carmen Herrera Hernández, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el presente juicio de amparo. ***

  4. Principal

    Juicio 1299/2022 folio 11563. tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José del Carmen Herrera Hernández, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1299/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Acto reclamado -La determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento. Ahora, este órgano federal advierte que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicada esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1299/2022-IX-1 ??A???????????? El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Conforme a lo anterior trascrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, debe entenderse que esos actos deben ser definitivos, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de tesis 239/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en cuya ejecutoria estableció, en lo que interesa, lo siguiente: ".De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1299/2022-IX-1 ??A???????????? Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes." ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 La jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis en comento, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página: 5, registro 2009721, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1299/2022-IX-1 ??A???????????? de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." [Lo subrayado es propio de esta sentencia]. Lo anterior, pone de relieve que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, estableció que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo; es decir, cuando la autoridad a favor de quien se declina competencia se pronuncie respecto de ésta. En mérito de lo anterior, si en el caso particular el acto reclamado es la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento; de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en estricta observancia al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha determinación no es procedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues aun cuando se ubica en el supuesto normativo de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo cierto es que esa resolución declinatoria no es un acto definitivo, ya que en todo caso lo será la resolución que dicte el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el ADIEL PALACIO ZURITA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.32.30.33.30.35 11/02/24 19:32:45 Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al que le fue declinada la competencia <ya sea aceptando o negando la misma>, pues hasta ese momento se producirán todas las consecuencias del acto reclamado y precisamente a partir de dicha decisión podrá existir una afectación personal y directa en la esfera jurídica del accionante del amparo. Entonces, es evidente que el acto reclamado ante esta instancia constitucional no es un acto definitivo; en razón de que, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo; es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepte, o bien, la rechace; sin embargo, en el caso, se desconoce la determinación del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. Máxime que con relación al tema de la procedencia del amparo existe criterio firme y definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que el juicio biinstancial procede contra aquellos actos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. *** En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 994/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al diverso Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para su conocimiento, se desecha la demanda de amparo promovida por José del Carmen Herrera Hernández, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el presente juicio de amparo. ***

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