Jose del Carmen Hernandez Zenteno
Expediente 2607/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2607/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose del Carmen Hernandez Zenteno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que, mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso (fecha de vista), se dio vista a la parte quejosa y a la tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable en el citado acuerdo, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el acuerdo de mérito se notificó, a la parte quejosa el veinticinco de enero pasado, y al tercero interesado ********************, el veintiséis de enero del presente año (última notificación), sin que a la fecha alguna de ellos desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: ".dicte el acuerdo o decreto correspondiente a lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral ********************, mediante escritos presentados los días dos y ocho de marzo del año en curso, de conformidad con el plazo señalado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo". Por auto de dieciocho de enero del año en curso, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, por acuerdo de veinticinco de enero del año en curso se tuvo por recibido el oficio 196/2023 de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de enero anterior. Oficio con el que la responsable acreditó que el día veinte de enero del año en curso (fecha de cumplimiento), dictó un acuerdo en autos del juicio laboral ********************; en la cual dio contestación a los memoriales presentados por la parte actora los días dos y ocho de marzo de dos mil veintidós. Acuerdo donde, por un lado, abrió a trámite el incidente de liquidación promovido por la parte actora, y por el otro, fijó fecha y hora para proceder a la reinstalación del quejoso al puesto que desempeñaba, en los términos fijados por el laudo relativo. Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos al efecto amparador que le fueron señalados como directriz bajo la que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Ante ello, resulta evidente que ha respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el citado ordinal 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha de vista: veinticinco de enero de este año. Fecha de última notificación: veintiséis de enero de esta anualidad. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veinte de enero del presente año. Fechas de recepción en este juzgado del oficio de cumplimiento: veinticuatro de enero de la anualidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada del oficio y anexo que se proveen, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la parte tercero interesada, cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de diciembre del año dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en cuyo primer punto resolutivo, se CONCEDIÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día siete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 2607/2022-VIII-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar los escritos presentados los días dos y ocho de marzo del año en curso, en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir el correspondiente informe justificado en su representación; lo cual se corrobora con las diversas constancias que remitió la responsable junto a su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. En efecto, el peticionario del amparo aduce, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acordar sus escritos presentados los días dos y ocho de marzo del año en curso en el expediente laboral número ********************, impidiendo con tal proceder que se le administre justicia pronta y expedita, dentro de los plazos legales. Previo al análisis del fondo del asunto, procede hacer ciertas acotaciones en cuanto al tema que nos ocupa. El artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta, completa e imparcial, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Por otra parte, debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas en el texto constitucional. El señalado precepto constitucional dispone, en lo conducente, que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El derecho humano de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades jurisdiccionales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho fundamental de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma rápida de conformidad con los plazos procesales. Así las cosas, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, indica: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Del análisis del precepto transcrito, se desprende que la autoridad laboral dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida una promoción por escrito, deberá de dictar la resolución que corresponda. Expuesto lo anterior, debe decirse que, en la especie, de las constancias que obran en este expediente se advierte que por los escritos presentados los días dos y ocho de marzo del año en curso, el aquí quejoso y actor en el juicio laboral, solicitó en su primer escrito a la Junta para que acordara lo conducente en relación a que se dicte auto de ejecución por la cantidad de doscientos ochenta y siete mil treinta y seis pesos moneda nacional, en concepto de salarios caídos, corridos y contados desde la fecha del despido y en su segundo escrito, se fije día y hora para la reinstalación de la parte actora del juicio laboral. De lo que se colige, que la Junta responsable no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en el señalado precepto legal, ya que al rendir su informe justificado, no acreditó haber dictado los decretos o autos correspondientes a dichas peticiones dentro del plazo legalmente establecido; lo que indudablemente transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 17 constitucional, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En este orden de ideas, al contravenir el acto reclamado lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder al quejoso ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión que insta, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dicte el acuerdo o decreto correspondiente a lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral ********************, mediante escritos presentados los días dos y ocho de marzo del año en curso, de conformidad con el plazo señalado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino que sólo las obliga a hacerlo oportunamente, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
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