Jose del Carmen Dominguez Hernandez

Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
60/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Jose del Carmen Dominguez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, contra el auto emitido el diez de febrero de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. ANOTACIONES Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. TRANSPARENCIA Y VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por medio del cual remite copia con firmas autógrafas del proveído de doce de enero de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba de la responsable, la documental que acompaña al oficio de cuenta, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Documental que se agrega para que obre como corresponda y será tomado en consideración enseguida; y la cual, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- En términos artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado en este asunto, atento a lo dispuesto en la Jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" Ahora bien, visto el estado que guarda el presente juicio y del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia pericial en materia técnica en medio ambiente laboral, en el juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable. La omisión de acordar los escritos de catorce de noviembre de dos mil diecinueve y ocho de junio de dos mil veinte, en el juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable. Precisado lo anterior, éste órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, conviene precisar que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza por sustitución procesal cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado originalmente, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto posterior por el cual fue sustituido, siendo este último el que puede ser materia de amparo. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, el quejoso reclama la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia pericial en materia técnica en medio ambiente laboral, y la omisión de acordar los escritos de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, y ocho de junio de dos mil veinte, en el juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, del contenido de la documental que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, se colige que por auto doce de enero del presente año, la citada autoridad señaló fecha para el desahogo de dicha pericial y acordó los escritos de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, y ocho de junio de dos mil veinte En consecuencia, se colige que en caso han cesado los efectos del acto reclamado; esto es, la junta responsable subsanó la dilación del procedimiento por la cual el peticionario de amparo se inconformó. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Agréguese la demanda promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; por tanto, regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo ********************, genérese el expediente electrónico e impreso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Aspectos Generales Sin necesidad de formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete y hágase de su conocimiento que se le autoriza la consulta del expediente electrónico. Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento a la autoridad responsable Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la autoridad responsable En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta a trecientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico. Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado a la dirección de correo electrónico ********************; con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. DE LOS TERCEROS INTERESADOS Ahora, por cuanto hace al tercero interesado que el quejoso señaló en su demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se reserva proveer sobre su emplazamiento, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado en el que se pueda advertir la relación procesal y si le reviste tal carácter. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otra línea, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de derechos fundamentales, elevado a rango de garantía constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su libelo de cuenta, por ser la parte trabajadora quien promueve el presente juicio de amparo. PRUEBAS Por lo que hace a la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en la presuncional en su doble aspecto; legal y humana y la documental que anexó a su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ella en la audiencia constitucional. Respecto a la instrumental de actuaciones dígase al promovente que se acordará lo conducente hasta en tanto obre la misma en autos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

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