José del Carmen Cámara Álvarez

Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1090/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • José del Carmen Cámara Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado, archivo y destruible...

  2. Principal

    Vistos los oficios signados por la Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y Actuaria adscrita a dicho juzgado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del acuerdo de catorce de los corrientes y de la diligencia de emplazamiento de veinticinco de este propio mes y año, emitidos en el expediente ********************de su índice, la cual se relaciona con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el asunto en que se actúa.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con los oficios y anexos de mérito, así como los remitidos por la Jueza Tercero de lo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, de veintiséis de junio del año en curso, por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, el suscrito Juzgador, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable en su informe de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se pronunciará al respecto...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 05 de julio de 2019, que a la letra dice: Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José del Carmen Cámara Álvarez, contra actos del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado y, otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el índice 1090/2019-IV-7, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, tomando en consideración lo señalado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:**** Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Se asevera lo anterior en virtud que de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: ".La orden de verificación de visita 19-AL-2700-00757-CV, de veinte de junio de dos mil diecinueve. - El acta de verificación sanitaria general de veinte de junio de dos mil diecinueve, elaborada en cumplimiento a la orden de visita 19-AL-2700-00757-CV; en la que se decretó la colocación de sellos de suspensión de trabajos número 61842, en la puerta principal del consultorio. - Oficio SS/SSSP/DPCRS/DOS/5661/2019, de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el que se ratificó la medida de seguridad consistente en suspensión de trabajo con folio 61842 (clausura del consultorio); y la abstención de realizar procedimientos invasivos o quirúrgicos relacionados a la cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, que pongan en peligro la vida del paciente hasta que se cuente con certificados avalados por el colegio de cirujanos plásticos." Expone la parte quejosa que personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, mediante acta de verificación sanitaria 19-AL-2700-00757-CV de veinte de junio de dos mil diecinueve, decretó la suspensión de trabajo del consultorio médico ubicado en calle Juan de la Barrera sin número, colonia Morelos de Comalcalco, Tabasco, bajo el folio 61842, colocando sellos de suspensión en la puerta principal del consultorio mencionado, medida que fue ratificada mediante oficio SS/SSSP/DPCRS/DOS/5661/2019, de veintiséis siguiente. Así las cosas, en la especie se configura el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud que contra el acto reclamado en esta vía, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. En el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo , el legislador reguló parcialmente, lo referente al principio de definitividad, rector del juicio de amparo, en el particular caso de los actos administrativos, como en la especie lo es, la clausura del consultorio médico ubicado en calle Juan de la Barrera sin número, colonia Morelos, de Comalcalco, Tabasco, bajo el folio 61842, colocando sellos de suspensión en la puerta principal del consultorio mencionado, medida que fue ratificada mediante oficio SS/SSSP/DPCRS/DOS/5661/2019, de veintiséis siguiente, pues administrativa es la naturaleza de esa autoridad. Así, la fracción IV del artículo 107 Constitucional, interpretado en sentido contrario, establece que contra estos actos procede el amparo, siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, no siendo necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley de Amparo requiera como condición para decretar esa medida cautelar. De ahí, que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un juicio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. La fracción en examen resguarda el principio de definitividad, respecto a autoridades no judiciales, como son las administrativas o fiscales, cuando en virtud de esos recursos, juicios o medios de defensa legales pueden ser modificados, revocados o nulificados tales actos de autoridad; la hipótesis en examen tiene tres excepciones: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades; b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero, con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva; y, c) Menos aún deben agotarse recursos, juicios o medios de defensa legales, de naturaleza ordinaria, en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación. Sustenta lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detallado la jurisprudencia P./J.11/2018 , que a continuación se transcribe: *** En ese contexto, es de concluir que la clausura del consultorio médico ubicado en calle Juan de la Barrera sin número, colonia Morelos, de Comalcalco, Tabasco, bajo el folio 61842, colocando sellos de suspensión en la puerta principal del consultorio mencionado, medida que fue ratificada mediante oficio SS/SSSP/DPCRS/DOS/5661/2019, de veintiséis siguiente; se trata de un acto en contra del cual procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Para evidenciarlo, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 1, 37, 38, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 155 y 157 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, mismos que establecen: ". Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. Para efectos de esta Ley se entenderá, por: I. Juicio: el Juicio Contencioso Administrativo; II. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; III. Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; IV. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; V. Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 37. Son partes en el procedimiento: I. El actor, pudiendo tener tal carácter: a) El particular que aduzca un perjuicio producido en su contra por uno o más actos de autoridad; b) Las personas físicas o jurídicas colectivas, así como los órganos de representación ciudadana que aduzcan un perjuicio por uno o más actos de autoridad; y c) La autoridad que demande la nulidad de un acto administrativo favorable a un particular. II. El demandado, pudiendo tener este carácter: a) Los titulares de las dependencias que integran la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, al igual que los Directores Generales de las entidades, así como las autoridades administrativas del Estado de Tabasco que emitan el acto administrativo impugnado; b) Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las autoridades de los ayuntamientos, emisoras del acto administrativo impugnado; c) Las autoridades administrativas del Estado de Tabasco, tanto ordenadoras como ejecutoras de las resoluciones o actos que se impugnen; d) La persona física o jurídica colectiva a quien favorezca la resolución cuya nulidad sea demandada por la autoridad administrativa; e) La Administración Pública Paraestatal y Descentralizada cuando actúen con el carácter de autoridad; f) Los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; y g) Los particulares que en términos de las leyes locales ejerzan actos equiparados a los de autoridad, por delegación expresa de las atribuciones conferidas para las autoridades. III. El tercero interesado, teniendo tal calidad cualquier persona cuyo interés legítimo pueda verse afectado por las resoluciones del Tribunal, o que tenga un interés de esa naturaleza contrario o incompatible con la pretensión del demandante. Artículo 38. Para los efectos de esta Ley, tienen el carácter de autoridad del Estado de Tabasco: I. Los Secretarios o Coordinadores Generales, titulares de las dependencias de la administración pública centralizada; II. Los órganos constitucionales autónomos o los organismos descentralizados, cuya normatividad les atribuya facultades de autoridad; III. Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las autoridades de los Ayuntamientos, emisoras del acto administrativo impugnado; y IV. Todo aquél al que la ley de la materia le otorgue esa calidad. Artículo 70. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. Artículo 72. El Magistrado Unitario podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar fehacientemente. En su caso, el Magistrado podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. En los supuestos señalados en el párrafo anterior, si la autoridad se niega a cumplir la suspensión se le requerirá, por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magistrado Unitario comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe el documento oficial correspondiente. Artículo 73. Tratándose de créditos fiscales o de multas administrativas, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en alguna de las formas y conforme a los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado. Artículo 74. En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido. Artículo 75. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión, o contra el señalamiento de fianzas y contra fianzas, procede el recurso de reclamación. Artículo 155. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el órgano jurisdiccional, dotado de plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado o de los municipios y los particulares. Ejercerá jurisdicción en todo el Estado de Tabasco. En el marco de la Ley General de Responsabilidades, es competente para imponer, en los términos que dispone la Ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado y de los municipios por faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran en actos vinculados con este tipo de faltas; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. Las sentencias definitivas que emitan las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por las partes en las controversias a que se refiere el párrafo primero de este artículo; o, en los procedimientos señalados en el párrafo segundo, por el Órgano Superior de Fiscalización, por la Secretaría de Contraloría o por los Órganos internos de control correspondientes, así como por los servidores públicos o particulares involucrados, en los términos que prevén la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la presente Ley. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. El patrimonio del Tribunal se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto General de Egresos del Estado, los donativos que reciba, así como por los ingresos propios que se generen por cualquier motivo. Artículo 157. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales estatales; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas locales o municipales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a las personas físicas o jurídicas colectivas que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan los derechos del estado; VIII. Las que se dicten en materia de pensiones con cargo al erario estatal o municipal; IX. Las que determinen el actuar de manera unilateral de las autoridades, tratándose de rescisión, terminación anticipada, ejecución de fianzas, interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables señalen expresamente la competencia del Tribunal; X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente; XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; como en aquellos en que la Ley de la materia establezca que los particulares no gozan de derechos preferentes; XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos; XIV. Las resoluciones de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización, en términos de las Leyes aplicables; XVI. Las resoluciones definitivas que determinen la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio Público; peritos; custodios, y miembros de las instituciones policiales del Estado y municipios de Tabasco; y XVII. Las señaladas en ésta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley.]". De los dispositivos legales en cita, se advierte de manera armónica, que cuando se reclame de una autoridad actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, podrán ser impugnados en la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a efecto de que se declare su nulidad. Por tanto, se pone de manifiesto que un acto como el que se reclama en la presente vía, esto es, la clausura del consultorio médico ubicado en calle Juan de la Barrera sin número, colonia Morelos, de Comalcalco, Tabasco, bajo el folio 61842, colocando sellos de suspensión en la puerta principal del consultorio mencionado, ratificada mediante oficio SS/SSSP/DPCRS/DOS/5661/2019, de veintiséis siguiente, debió combatirse a través del juicio contencioso administrativo, en términos de la fracción I, del artículo 157 antes transcrito, pues se trata de un acto emitido por una autoridad administrativa en agravio de un particular que puede ser controvertido en dicha vía. En el entendido que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mismo que procede contra el acto aquí reclamado y dada su naturaleza no puede ser considerado como un recurso ordinario de defensa opcional para el afectado; ello, al tratarse de un juicio propiamente regulado por la ley; de ahí, que sea obligatorio agotarlo observando el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por ende, se concluye que la parte quejosa antes de instar la protección de la Justicia Federal a través del juicio de amparo, debió agotar el Juicio Contencioso que prevé la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, a través del cual pueda ser nulificado el acto aquí reclamado, ejerciendo el derecho a la defensa y reclamando la violación a los derechos fundamentales previa audiencia y seguridad jurídica que aquí expone, acorde a lo dispuesto en el numeral 46 de la aludida legislación. Ello, en atención a que el acto que dice le causa agravio, deriva de una autoridad administrativa (Secretaría de Salud del Estado de Tabasco), cuya función o actos deben ser impugnados, ante el referido Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; por lo que, al no haberlo hecho es evidente que no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Al respecto, cabe destacar que la norma constitucional que prevé el principio en cuestión (definitividad), también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, sin perjuicio de que el acto reclamado sea o no susceptible de ser suspendido; situación que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, lo que obliga a examinar con las disposiciones conducentes de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco y, las de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Ahora bien, los artículos 70 a 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco , prevé la suspensión de los actos impugnados, como el que aquí se reclama, sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que únicamente se requiere lo siguiente: - Que la solicite el actor. - Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, o si se deja sin materia el juicio. - Que se otorgue garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros. Requisitos que comparativamente con lo contenido en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo , no resultan ser mayores, pues de conformidad con estos numerales, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. III. Que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. En esa tesitura, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado; de ahí, que se insista que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, era indispensable que la parte quejosa agotara el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, ya que constituye un juicio previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, para combatir el acto aquí reclamado; y, la falta de promoción del mismo, hace improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. No es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.11/2018, invocada en párrafos que preceden. Con base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:*** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción que corresponda, para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta y, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo de los Santos Córdova, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito...

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