José del Carmen Cabrera Mondragón
Expediente 1008/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José del Carmen Cabrera Mondragón
- Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 1008/2022-IV, promovido en representación de ********************, por ********************, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ********************en su carácter de defensor particular de ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad, Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, consistentes en: "V.- ACTOS RECLAMADOS.- Las Autoridades Responsables se reclama la OMISION para fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate de Juicio Oral dentro del plazo A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 349 DEL CODIGO NACIONAL DE . PROCEDIMIENTOS PENALES (es decir DEBIO SER ANTES DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 y hasta le fecha no se ha señalado fecha) aplicable al momento que se señala ocurrieron los hechos dentro del JUICIO ORAL ********************por los que se acusa a mi representado ******************** por el delito de Violación con penalidad Agravada previsto y sancionado por el articulo 1 72 fraccion II en relación con el 175 fraccion Il del CODIGO PENAL ESTATAL; en perjuicio de la menor de iniciales ******************** FECHA EN QUE SE LLEVO ACABO LA AUDIENCIA INTERMEDIA Y DICTADO DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EL DIA 24 (VEINTICUATRO) DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS." (sic) Segundo. Por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata, fecha en que se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O : Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la autoridad responsable a quien se le reclaman actos omisivos, reside en esta ciudad, lugar donde el suscrito Juez de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: ---La omisión del Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta) para fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate de Juicio Oral dentro del plazo a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el expediente ********************derivado de la causa penal ********************instruida en contra del quejoso, por el delito de violación agravada. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. La existencia de los actos reclamados a la autoridad, Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, quedó plenamente demostrada en el juicio que nos ocupa. En efecto, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo de este fallo, toda vez que así se desprende de la lectura de su respectivo informe justificado. La existencia del acto reclamado se corrobora además, con las constancias que la Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, remitió en vía de justificación, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal ********************, radicada como juicio oral ********************, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad judicial en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Cuarto. Previo al análisis del fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, anexo a su informe justificado copia certificada del auto de apertura del juicio oral ********************derivado de la causa penal ********************, de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante el que se señalaron las trece horas del tres de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento penal de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar la situación actual que impera en el juicio oral penal de origen, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional, máxime que el análisis de acto reclamado debe delimitarse en función a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto en el procedimiento de origen. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por ********************, de conformidad con el último considerando de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vistos el oficio y anexo que remite la Juez de Enjuiciamiento del Distrito Bravos, en esta ciudad, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngasele rindiendo el informe con justificación, con el que se da vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación, tanto del informe, como de la documental que anexa, al celebrar la audiencia constitucional en el sumario en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo al contenido del informe y anexos en cita, se ordena dar vista a la parte quejosa para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
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