Jose del Angel Bravo Roche

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Jose del Angel Bravo Roche

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: se tiene por recibido el oficio de cuenta 7524/2023 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial relativo al presente juicio de amparo, quedando registrado con el número 24/2023, de su índice. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 18010/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, con el que esencialmente comunica que el órgano jurisdiccional de su adscripción, no aceptó la competencia declinada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos que reclama de la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con residencia en Chetumal; Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental y Registrador Integral, los tres del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Acúsese recibo vía interconexión. Al respecto, no obstante los razonamientos del Juzgado ocursante, este órgano jurisdiccional insiste en declararse legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del asunto en cuestión, atento a las consideraciones expuestas en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y en aras de una pronta impartición de justicia, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a fin de que tenga a bien resolver el conflicto competencial planteado, y se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. En ese sentido, hágase del conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Chetumal, la determinación contenida en el presente proveído, a efecto de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ++++, en contra de los actos que reclama de la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con residencia en Chetumal; Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental y Registrador Integral, los tres del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO La omisión de concluir, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud relativa a la inscripción de la adopción del dominio pleno de la parcela 1344 Z2 P1 y demás asignadas a su favor por el Ejido Puerto Morelos, del municipio de Puertos Morelos (antes Benito Juárez), del Estado de Quintana Roo; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1007/2023-II-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, el análisis y estudio de la demanda de amparo de cuenta, permite advertir que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, pues del acto reclamado corresponde conocer a un Juez de Distrito en Chetumal, Quintana Roo, por las consideraciones siguientes. En efecto, en una nueva reflexión sobre el tema, se establece que la omisión de dar trámite a la solicitud realizada por la parte quejosa, que conlleva a que se realice la cancelación del certificado parcelario y se le expida su título de propiedad respecto de la parcela en cuestión. Atendiendo no sólo al contenido literal del acto reclamado expresado (omisión) sino el alcance material que éste produciría (se tramite la solicitud a fin de que se cancele el certificado parcelario y se concluya con el trámite respectivo, poniendo a su disposición el título de propiedad respectivo), el lugar donde se va materializar la ejecución del acto reclamado, es en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, mayo de 1992, con número de registro 206167, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito con antelación, se desprende que la ley de la materia contempla tres hipótesis en las que los jueces de Distrito son competentes para conocer de una demanda de amparo: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presentó la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, resultará competente el juez que haya recibido la demanda. Reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto combatido, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del precepto legal en análisis, en lo conducente, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de amparo ante cualquiera de los jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia constitucional, se entable ante cualquier juzgador de amparo, si el acto no requiere ejecución material, es decir, ante juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme al texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia, se debe establecer en primer término si la materia del acto reclamado, por su naturaleza, tiene o no ejecución material. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Al respecto, en la contradicción de tesis 7/2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al alcance de la locución "ejecución material" señaló: "Dicho precepto, alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real." De igual manera, en la contradicción de tesis 343/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que de acuerdo a su naturaleza los actos reclamados se dividen en: 1. Positivos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, implican una acción, una orden una privación o una molestia. 2. Negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado; la autoridad ha manifestado la voluntad de conceder al quejoso lo que presuntivamente le corresponde, los cuales a su vez se subdividen en: 2.1. Negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado, por lo cual debe haber una respuesta negativa. 2.2. Negativos con efectos positivos son los que en apariencia son negativos, sin embargo, producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. 2.3. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta; se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. 3. Omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación legal para la autoridad de un hacer determinado. Del contenido de esta ejecutoria se advierte que los actos omisivos pueden o no tener aparejada ejecución, atendiendo a la obligación legal que tiene la autoridad y su posible repercusión en los derechos del gobernado. En este sentido, debe considerarse que la omisión en sentido estricto es el medio por el que se generará la ejecución (ya sea en sentido positivo o negativo), lo que conlleva a que ese acto tenga una ejecución material, que es la realización de la cancelación del certificado parcelario y se le expida su título de propiedad respecto de la parcela motivo de la solicitud, Por lo tanto, si la materialización del acto debe tener su ejecución en Chetumal, Quintana Roo, se colige que el Órgano Jurisdiccional legamente competente para resolver el juicio de amparo es un Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. Ello porque el acto reclamado conlleva la consecuencia implícita (ejecución material) de dar trámite a una solicitud y de ser conducente, la expedición de un título de propiedad, por lo que no se trata de una simple omisión, debiendo realizar tales actos la autoridad ante quien se presentó la solicitud de referencia, la cual se encuentra ubicada en el Estado de Quintana Roo. Por identidad de razón, se transcribe la jurisprudencia 1ª./J. 86/2019 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materias Común, con registro digital 2021191, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4º. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en estos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." De lo anterior se advierte la existencia de un vínculo entre la obligación legal de un hacer por parte de la autoridad responsable, la omisión de cumplir con dicha obligación y la afectación al derecho del quejoso para el caso de que no se cumpla con la obligación. Por lo que, en este caso, se actualiza el supuesto del párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo y debe conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio de la responsable, de lo cual se colige que dependiendo de los efectos materiales de la omisión, es que esta puede tener ejecución material. De igual manera, tampoco pasa inadvertido el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, emitido al resolver el conflicto competencial 5/2022 de su índice, ni el hecho que con antelación, este Juzgado Federal haya admitido a trámite asuntos similares atendiendo a este criterio. Sin embargo, el mismo no resulta vinculante al no ser una determinación emitida en este propio expediente; aunado a que, por otro lado, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2022, de sesión ordinaria virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, y 12/2023, resuelto en sesión ordinaria virtual de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el diverso conflicto competencial 13/2023, en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, de idéntica naturaleza al que nos ocupa, sustentaron las consideraciones que sirvieron como base para la emisión de este acuerdo, con las que ante una nueva reflexión y análisis del asunto, coincide este órgano jurisdiccional. De igual manera, cabe destacar que la quejosa no señaló alguna autoridad como responsable, residente en el territorio en que se ejerce jurisdicción (Estado de Yucatán), a quien se atribuya la ejecución del acto reclamado, y si por el contrario de la demanda se advierte que debe tener ejecución en Chetumal, Quintana Roo. En ese orden de ideas, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este órgano jurisdiccional, ya que los actos que se reclaman encuadran dentro de la primera hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, es competente el Juez del lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, que lo es en Chetumal, Quintana Roo, acorde con los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón de territorio de este órgano de control constitucional para conocer del presente sumario constitucional, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en Chetumal, Quintana Roo, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin de que comunique si acepta o no la competencia que se plantea. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Paniagua Alcocer, Jorge Valencia Palomo y a Ángel Ausencio Marín Gutiérrez; de igual manera, a Félix Jesús Castro Gutiérrez, pero con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización a los usuarios que indica, para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio, a través de dichos usuarios. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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