José de la Luz Pérez Castro

Expediente 1253/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • José de la Luz Pérez Castro

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo firmada por José de la Luz Pérez Castro, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1253/2022-V, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa de improcedencia debe desecharla de plano. En el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En el presente caso, la parte quejosa reclama del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social (antes Titular de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato) de esta ciudad y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas, respectivamente, el veintiuno y veinte de septiembre del presente año. Pues bien, como quedó precisado previamente, para que un acto pueda considerarse como de autoridad para efectos del amparo, es requisito que la relación que entable el ente de hecho o de derecho con el particular que se dice afectado, tenga una relación de subordinación. Dicha característica está ausente en el acto que se precisó anteriormente, ya que la acción u omisión reclamada del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social (antes Titular de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato) de esta ciudad y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, deriva del Laudo dictado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 61/2015, por la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de Guanajuato, Guanajuato, precisamente por tener el carácter de parte demanda en dicho juicio laboral, en el cual el quejoso figura como actor; es decir, actúan en un plano de igualdad ambas partes y no de una relación subordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia el particular. Ello es así, pues la Junta Federal número 28, es quien tiene facultad de imperio para dirigir el procedimiento laboral y como tal, a petición de las partes, debe ordenar el cumplimiento de lo condenado en el laudo dictado a favor del quejoso. Por lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita, se le tiene señalando como dirección electrónica para recibir notificaciones, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, las cuentas con el nombre de usuarios ogd28 y Elolicea, así como la autorización para que realicen la consulta del expediente electrónico en dicho portal. DOMICILIO FÍSICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, téngasele señalando como tal, las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1139 oriente, en la colonia el Coecillo, de esta ciudad. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA CONSULTAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se autoriza a los usuarios ogd28 y Elolicea, para que realicen la consulta del expediente electrónico, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho que enseguida se enlistan por contar con registro de sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito: Oralia González Domínguez 8076588 Reyes Carlos León Cordero 1779628 Alexandra Delgado Arias 6163248 Gregorio Miguel Acevedo Flores 1838672 Daniel Alberto Mireles Medel 11661667 Además, en términos de lo dispuesto por la última parte del párrafo segundo del precepto legal citado, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Azucena Amaro Hernández, Eloísa Licea Ortiz, Norma Edith Segura Pacheco y Brian Ezequiel Grajeda Díaz, por así solicitarse. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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