José de la Cruz Miranda y Otros.
Expediente 1619/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1619/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José de la Cruz Miranda y Otros.
- José de la Cruz Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes de la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés y de la audiencia de trece de febrero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral 395/2021. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento realizado en proveído de primero de febrero de dos mil veintitrés y al efecto remite copia certificada de la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral ********************, empero, de la actuación remitida por la autoridad oficiante no se aprecia que haya acatado lo ordenado en dicho auto donde se le requirió para que en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en razón de que no remitió las constancia de notificación realizada a las partes, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 Constitucional, fracción XVI, 104, 105 de la Ley de Amparo, en lo conducente y el punto Segundo del Acuerdo General número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al que reciba la notificación del presente acuerdo remita copia certificada de la notificación realizada a las partes de la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************. Con la precisión que, es su responsabilidad vigilar las correspondientes notificaciones a las partes, para el efectivo verificativo de las diligencias a su cargo, y hacer uso de las medidas de apremio que legalmente tiene a su alcance para lograr el cumplimiento de la encomienda (y claro hacerlas efectivas), para dotar de fuerza jurídica sus determinaciones, o bien, tomar una determinación final respecto de las mismas, para así poder llevar a cabo las diligencias en la temporalidades señaladas. Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto de veinticinco de de enero de dos mil veintitrés, en caso de no cumplir con lo requerido y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento realizado en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés y al efecto remite copia certificada de la determinación de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral ********************empero, de la actuación remitida por la autoridad oficiante no se aprecia que haya acatado lo ordenado en dicho auto, en razón de que no remitió las constancias de notificaciones realizadas a las partes, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 Constitucional, fracción XVI, 104, 105 de la Ley de Amparo, en lo conducente y el punto Segundo del Acuerdo General número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al que reciba la notificación del presente acuerdo remita copias certificadas de las notificaciones realizadas a las partes actora del auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************. Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable ********************en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que subsisten los apercibimientos decretados en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en caso de no cumplir con lo requerido y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, misma que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que lo obliga a: Dejar sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en el juicio laboral 395/2021 (doce horas del quince de marzo de dos mil veintitrés) y en su lugar fije una dentro de los tres días siguientes. Asimismo, deberá remitir las notificaciones realizadas a las partes para que estén en condiciones de acudir a ella. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre la constancia de notificación al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional Ometepec, Guerrero, lo cual no impide a la suscrita emitir el pronunciamiento correspondiente, en razón de que, los efectos de la sentencia de amparo, únicamente fueron para que la responsable señalara una fecha más cercana para llevar a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en el juicio laboral de origen y lo notificara a las partes; por lo que resulta intranscendental la notificación a dicha parte procesal, además que con ello se cumple con lo ordenado en artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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