José de la Cruz Guillermo Jiménez
Expediente 402/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 28 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José de la Cruz Guillermo Jiménez
- Sebastian Guillermo Martínez
- Juez de Control de la Región Uno, del Municipio de Macuspana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario(a) para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que obra en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional, el billete de depósito N-685315, que ampara la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió el quejoso José de la Cruz Guillermo Jiménez, para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 402/2019-5. Ahora, el término de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para obtener la devolución de dicho certificado de depósito, transcurrió del veintiocho de junio de dos mil diecinueve al catorce de diciembre de dos mil veintiuno, sin que el demandante de amparo hubiese comparecido ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido certificado de depósito. Lo anterior en virtud, de que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se suspendieron los términos procesales con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los similares que ampliaron dicha suspensión. Así como del dos al seis de octubre, treinta de octubre y del nueve al trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dado que por oficios 002/2020-CM, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, de dos de octubre, treinta de octubre, ocho y diez de noviembre de esa anualidad, respectivamente, el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluyendo los pertenecientes al Centro de Justicia Penal de esta ciudad y en representación de la Coordinación de Jueces de Distrito, comunicó la suspensión de labores en esos días, al considerar que se actualizó en esta ciudad, el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo cual se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales. Adicionalmente, del uno al nueve de agosto de dos mil veinte no podrían programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarían a partir del lunes diez de agosto de dos mil veinte, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente, en términos del artículo 2 fracción VII, del Acuerdo General 21/2020, mencionado. De igual modo, el periodo acontecido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la suspensión de plazos y términos en los asuntos distintos a casos urgentes o esquema de juicio en línea, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020; este último cuya vigencia fue ampliada en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del doce de enero pasado. Entonces, con apoyo en el numeral de la Ley de Tesorería de la Federación, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara el citado billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ilustra lo anterior, la tesis II.3o.P.32 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero 2021, página 2882, registro digital 2022723, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior." Asimismo, la tesis XVII.2o.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo II, diciembre 2020, página 1726, registro digital 2022536, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado -reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia- y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido." Notifíquese.
- Incidental
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.
- Principal
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de junio del presente año, en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, copia certificada del disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia privada de siete de marzo de dos mil diecinueve, de la causa penal 108/2019; asimismo devuélvase a la citada autoridad copia certificada de disco en formato DVD de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso, los que remitió en apoyo a su respectivo informe justificado, las cuales obraban por cuerda separada. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Principal
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto; agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por la Jueza del Juzgado de Paz de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Macuspana, Tabasco, mediante los cuales devuelve sin diligenciar los despachos 213/2019-5, con número de orden 379/2019 y 215/2019-5, con numero de orden 381/2019, que derivan del presente juicio, los que se remitieron a efecto de notificar al quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, los proveídos de cuatro y cinco de junio del año en curso; en consecuencia, dése de baja a las comunicaciones oficiales en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, como de las constancias que envía la autoridad oficiante, se desprende que no fue posible la notificación al quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, de los autos de cuatro y cinco del presente mes y año, toda vez que fue dejado en libertad el treinta y uno de mayo último; en consecuencia, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a la parte quejosa en comento, por lista de estrados los autos en comento, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el ordinal 29, ambos de la Ley de Amparo. "...TRANSCRIPCIÓN DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MI DIECINUEVE..." Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, mediante el cual revoca el domicilio señalado en la demanda de amparo y proporciona como nuevo domicilio de su parte para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en la Calle Tabasco, número 103, fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad. Asimismo, revoca el cargo conferido a cualquier otro autorizado nombrado con antelación, por lo que designa como nuevos autorizados de su parte a Ricardo Martínez Martínez y Domingo Pérez Mayo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a las diversas personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccional. Por otra parte, se le tiene manifestando su deseo de desistirse de la demanda que dio origen al actual expediente, por lo anterior, dígase al promovente de mérito que a fin de acordar de conformidad su ocurso de cuenta, relacionado con la solicitud de desistimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, deberá ratificar ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito que se provee. Apoya lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, bajo el rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Por lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el aquí quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Macuspana, Tabasco; en esa razón, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez de Paz de Macuspana, Tabasco, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este Juzgado, se sirva notificar lo anterior al referido quejoso, y lo requiera para que precise si se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, y si es así, ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito que se provee, que le ponga a la vista, para lo cual deberá remitirse el original del mismo, dejándose copia certificada en su lugar para constancia. Asimismo, deberá apercibirlo que de no hacerlo así, no se le tendrá por desistido de la demanda de amparo, y se continuará con el procedimiento del presente juicio. "...TRANSCRIPCIÓN DEL PROVEÍDO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE..." Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, mediante el cual, solicita copia certificada de los discos compactos exhibidos en el juicio en que se actúa. Atento a lo anterior, este órgano federal se reserva proveer el escrito con que se da cuenta, en virtud de que del mismo se advierte que la firma que lo calza es notoriamente distinta de la estampada en su escrito de demanda y en su escrito de desistimiento, (fojas 4 y 55); asimismo, que los autorizados que señala para que reciban dichas copias ya no tienen el carácter de autorizados de su parte, toda vez que en auto de cuatro de junio actual, les fue revocada dicha personalidad. Por tanto, dígase al promovente que una vez que reconozca su firma y ratifique dicho escrito ante la presencia judicial y, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente. Lo anterior, se apoya en jurisprudencia publicada en la página 165, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con rubro y sinopsis: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Por lo anterior, toda vez que de autos se advierte que el aquí quejoso JOSÉ DE LA CRUZ GUILLERMO JIMÉNEZ, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Macuspana, Tabasco; en esa razón, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez de Paz de Macuspana, Tabasco, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este Juzgado, se sirva notificar lo anterior al referido quejoso, y lo requiera para que ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito que se provee, que le ponga a la vista, para lo cual deberá remitirse el original del mismo, dejándose copia certificada en su lugar para constancia. Finalmente, en cuanto a los discos DVD, que anexa a su escrito que se provee, resguárdense en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éstos por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito..."
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