José de la Cruz Beltrán Tenorio

Expediente 779/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
779/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • José de la Cruz Beltrán Tenorio
  • José de la Cruz Beltrán Tenorio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, no obstante, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado allegó un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad el mismo al resultar innecesaria su retención. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de ocho y nueve de febrero del presente año, se dio vista a las partes con el oficio 399/2021, a través del cual el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y con el diverso oficio 007/2021/-DJ, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con residencia en esta ciudad, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y ." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: ".a) Deje sin efectos el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el cual ordena que se haga efectivo el apercibimiento decretado por auto de seis de octubre de dos mil veinte, por el cual le impuso la medida de apremio consistente en arresto por tres horas, al haber incumplido con el pago de la pensión alimenticia a María Esther Montelongo Martínez, dictado dentro del juicio ordinario civil 1013/2018; así como el oficio 2002 del propio veinte de octubre de dos mil veinte, remitido al Encargado del despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable en esta ciudad, donde ordenara hacer efectivo el citado arresto; y, b) Con plenitud de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el cual se pronuncie con relación a la petición del aquí quejoso en relación con la solicitud de que se le otorgara un plazo a fin de que pudiera cubrir en parcialidades lo reclamado, y provea lo que en derecho corresponda. Dicha determinación debe hacerse extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades ejecutoras Delegado de Seguridad Pública y Elementos a su mando y Encargado del Despacho de la Delegación Regional Reynosa de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, ambas con sede en esta ciudad." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, el Juez responsable y la autoridad ejecutora Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal informaron a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, la primera de ellas, remitió copia certificada de la actuación correspondiente para comprobar su dicho. De la copia certificada a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a la que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cuatro de febrero del presente año, el Juez responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo declaró insubsistente el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente 01013/218, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por la aquí tercera interesada María Esther Montelongo Martínez y el quejoso José de la Cruz Beltrán Tenorio y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución en esa propia fecha, de la que se desprende que concluyó no hacer efectivo el apercibimiento consistente en el arresto de tres horas del quejoso de referencia, y acordó de conformidad la petición que le había realizado el quejoso, en el sentido de que se le otorgara un plazo a fin de que pudiera cubrir en parcialidades lo reclamado, para lo cual el juez responsable giró oficio al representante legal de la empresa denominada Jumiva, a fin de que proceda a embargarle un 20% más sobre el salario y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso, como empleado de dicha empresa, y lo deposite en la cuenta que refiere de la aquí tercero interesada, hasta cubrir la cantidad de $14,595.84 (catorce mil quinientos noventa y cinco pesos 84/100 moneda nacional) a que fue condenado por concepto de pensión alimenticia a favor de la parte actora dentro del juicio de marras. Por lo antes expuesto, es claro que se ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues las responsables restituyeron a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; sin excesos ni defectos. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, acorde con el segundo párrafo de la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el original del cuaderno incidental y el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En la inteligencia de que el original del incidente deberá glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es depurable, así como también el original del incidente es depurable.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 399/2021, signado por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, sin hacer mayor pronunciamiento; tomando en consideración que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se agregó a los autos el mismo oficio y, en esa misma fecha, se proveyó lo conducente. Por otro lado, téngase por recibido el oficio enviado por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; en tal virtud, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa y del tercero interesado las constancias remitidas por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite diversas constancias relativas al cumplimiento; en tal virtud, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa y del tercero interesado las constancias remitidas por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto.

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