Jose de la Cerda Saucedo
Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose de la Cerda Saucedo
- Agente del Ministerio Público En la Delegación Región Laguna I, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, once de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se advierte que no se encuentra visible la versión pública de la sentencia dictada en autos. Acuerdo. En ese orden de ideas, a efecto que se visualice la versión pública de la sentencia, extráigase un extracto de la misma y publíquese en la lista de acuerdos del día hábil siguiente de este acuerdo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, seis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la determinación en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, seis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó estado la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito. Asimismo, se da cuenta que el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de las autoridades responsables AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN REGIÓN LAGUNA I, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA y SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, le transcurrió del ocho al diez de los actuales sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y vista la certificación que antecede, se tienen como inexistentes a las autoridades indicadas. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, José de la Cerda Saucedo, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, quien previno a la parte quejosa, misma que aclaró en los siguientes términos: Por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se returnó la referida demanda a este órgano jurisdiccional quien por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se radicó con el número 943/2020-VIII y se desechó la misma. En contra de dicho auto y previo recurso de queja fundado, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución tuvo lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, en su carácter de tercero extraño en estricto sentido, consisten en: El lanzamiento ordenado en la causa penal 882/2020, relativo al inmueble Virginia Gallardo s/n, esquina con calle Eleuterio Juárez en el ejido El Ranchito, municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, no obstante lo negara la autoridad ordenadora, pues realizó manifestaciones que denotan su certeza. Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias de autos, a la que por tener la calidad de documento público se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó el interés jurídico. Con el propósito de poner en claro la conclusión a la que se arribó, en principio se analizará lo relativo al interés jurídico en el juicio de amparo, en qué consiste y cómo debe probarse, para luego examinar los medios de prueba ofrecidos por la quejosa a fin de acreditar tal interés, su valor y alcance probatorio, pues sólo así se estará en posibilidad de evidenciar que en la especie el inconforme no lo demostró. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5°, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, conforme con los cuales el acto que se reclame de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Tales numerales, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:--- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;--- (.)--- Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:---- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- (.)--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;--- (.)" De acuerdo con las disposiciones de que se trata, el agravio que resienta el gobernado debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De este modo, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Al respecto, cabe invocar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, que dice así: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser la titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, el quejoso en su carácter de tercero extraño en estricto sentido a la causa de origen, no probó su derecho real con el inmueble materia de dicho expediente. Luego, si la parte gestora del amparo se ostenta como propietaria del bien inmueble objeto del acto reclamado en este juicio y precisa que, con ellos, se le afecta ese derecho, no hay duda que para acreditar su interés jurídico debe demostrar el derecho real que tenga con el mismo. Tiene aplicación, la jurisprudencia número 321 visible en la página 216, del Tomo VI, Materia Común, de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. "DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de Amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así, todas las razones anteriores conducen a estimar que en el presente caso, la parte quejosa no acreditó que es titular del derecho que estima vulnerado por el acto reclamado en el juicio de amparo, justamente, porque no demostró la propiedad del bien inmueble que en esta vía defiende, de ahí que el ahora inconforme carece de interés jurídico para promover este juicio, lo cual constituye un presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por algún acto de autoridad, faculte a su titular para acudir al correspondiente órgano jurisdiccional a demandar el cese de tal actuar, lo que no ocurre en la especie. Por las anteriores consideraciones, es indudable que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por la extinta Sala Auxiliar y la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." (Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. Parte: VII. Tesis: 10. Página: 46.) "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Debiendo realizarse de manera directa la afectación de los intereses jurídicos, para la procedencia del juicio de amparo, sólo aquel que resulta afectado de esa manera puede promover el juicio de amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 127-132 Tercera Parte. Página: 55.) En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
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