José de Jesús Zenil Ongay

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Zenil Ongay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; así, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de trece de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: Emitir de inmediato dentro del juicio ordinario laboral ********************, el auto en el que provea sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, según corresponda conforme a derecho. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante oficio J-V-350/2023, se tuvo a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo copia autorizada del acuerdo de pruebas emitido el dieciséis de febrero del año en curso, dentro del juicio ordinario laboral ********************. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado, ya que dentro del juicio ordinario laboral ********************, emitió acuerdo el dieciséis de febrero del año en curso, en el que se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Frenette Aronny Rodríguez García.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable cumple. Agréguese el oficio y anexos signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, en que proveyó sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, con lo que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Emitir de inmediato dentro del juicio ordinario laboral 5A-2258/2019, el auto en el que provea sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, según corresponda conforme a derecho. 1.3. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 32/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la: Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en Estado de Michoacán: La omisión de dictar auto de admisión de pruebas, dentro del expediente ********************, sin que a la fecha se haya emitido el mismo, con lo que vulnera su derecho a recibir justicia pronta, expedita y sin dilaciones. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán al rendir su informe justificado, con residencia en esta ciudad, reconoció la existencia del acto reclamado, en lo referente a que a la fecha no se ha dictado acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio ordinario laboral ********************. De igual forma de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, se desprende que la autoridad demandada en el juicio ordinario laboral ********************, por proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, radicó la demanda y en audiencia de doce de septiembre de dos mil veintidós, acordó el ofrecimiento de pruebas y tuvo por realizadas las objeciones y manifestaciones de las partes, sin embargo se reservó proveer sobre la admisión o desechamiento de los medios de convicción, señalando que el acuerdo de admisión de pruebas les sería notificado a las partes en forma personal, con lo cual dio por terminada la audiencia. CUARTO. Causales de improcedencia. En el presente juicio no se hizo valer alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, ni este Juzgado la advierte de oficio, por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En sentido inverso, este derecho constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Por otra parte, del artículo 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo vigente conforme a la tramitación del juicio de origen dispone: Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. ... II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. ... IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. De lo anterior, se obtiene que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas al concluir su ofrecimiento inmediatamente deberá proveerse sobre su admisión o desechamiento, de igual forma, señala que en caso de reservarse a acordar lo conducente, deberá emitir dicha determinación dentro de los cinco días siguientes. Luego, en el caso particular, quedó acreditado que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se celebró desde el doce de septiembre de dos mil veintidós, por lo que resulta evidente que a la fecha ha transcurrido en exceso el término de cinco días con los que contaba la autoridad responsable para emitir el acuerdo en donde se pronunciara sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes. En consecuencia, los conceptos de violación de la parte quejosa son fundados y suficientes para otorgar el amparo que solicita, pues como ha quedado acreditado, la omisión de la Junta responsable transgrede en su perjuicio el artículo 17 constitucional, al haber transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 44/2007, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones." Acorde con lo anterior, resulta claro que la Junta responsable no se ha ajustado a los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Efectos de la concesión. La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: Emitir de inmediato dentro del juicio ordinario laboral ********************, el auto en el que proveea sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, según corresponda conforme a derecho. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto del presente fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

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