José de Jesús Zarate Becerra

Expediente 454/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
454/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Zarate Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por José de Jesús Zarate Becerra, por su propio derecho, mediante el cual subsana la prevención realizada mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. En ese orden, del análisis integral del escrito de demanda y de su aclaración, se advierte que el quejoso reclama el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 2066/2017 relativo al juicio especial hipotecario promovido por BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, seguido en su contra, mediante el cual se previene al aquí quejoso para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación respectiva, señalara nuevo domicilio procesal, con apercibimiento que de no hacerlo las notificaciones se harían por medio de boletín judicial, el cual no le fue notificado a pesar de que la autoridad tenía pleno conocimiento del domicilio procesal que señaló en el escrito de contestación de demanda, notificándole mediante boletín judicial, dando con ello origen a los demás actos reclamados consistentes en la sentencia definitiva de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve y el auto de diez de enero de dos mil veinte, mediante el cual se declaró que la aludida sentencia causó ejecutoria. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, se procede en el caso a desechar de plano la demanda en lo que se refiere a la autoridad mencionada, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La peticionaria de amparo señaló como autoridad responsable, entre otras, al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, sin embargo, dado que la función de tal autoridad es únicamente la de certificar las actuaciones decretadas por el Juez Octavo de lo Civil, en esta ciudad, sin que ordene ni ejecute alguna de ellas, es evidente que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; en consecuencia, en el caso procede desechar de plano la demanda planteada, por lo que se refiere a la autoridad mencionada al inicio de este párrafo, por notoriamente improcedente, lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En otro contexto, respecto de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables Juez Octavo de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y Actuario de su adscripción, del análisis del escrito de demanda, de su aclaración y de las constancias que se acompañan, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, en atención a las siguientes consideraciones. Ciertamente, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a tal consideración, la siguiente tesis jurisprudencial, que se cita en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (Novena Época, Registro: 1003758, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II., Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Tesis: 1879, Página: 2125)." En este sentido, analizada en su integridad la demanda de amparo y su aclaración, se advierte de oficio que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional, reclamando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél, el cual debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, este debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto contenga para que estén a disposición de la parte interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera, que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Del capítulo de antecedentes, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad: "[.] 3.- Consecuentemente con fecha 13 de marzo de 2018, se me corrió traslado de las copias de la demanda ya señalada, quedando debidamente emplazado al juicio de origen. 4.- Con fecha 21 de marzo de 2918 (sic), estando en tiempo y forma, ante la Oficiala de Partes Común, el suscrito Quejos (sic) di contestación a la demanda interpuesta por BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra del suscrito y otro, bajo el Expediente 2066/2017, radicado ante el Juzgado Octavo de lo Civil, de este Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así mismo en mi escrito de contestación de demanda el suscrito Quejoso señale como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle LAGO BALKSH número 5403-B Interior 504, del Fraccionamiento El Lago, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California. Así mismo dentro de mi contestación de demanda el suscrito ofrecí entre otras la EXCEPXION (sic) DE INCOMPETENCIA. 5.- Que mediante auto de fecha 03 de Abril de 2018, tercer párrafo se le reconoce al suscrito, estar en tiempo y forma dando contestación a la demanda entablada en mi contra. Como ya manifesté dentro de mi contestación de demanda, así mismo que en mi defensa, se ofreció la EXCEPXION (sic) DE INCOMPETENCIA, la cual se resolvió mediante el Toca Civil Número 816/2018, de fecha 22 de Junio de 2018, la cual revolvió el tribunal de su Alzada y en la Resolución Interlocutoria, en el Punto PRIMERO.- se declara INFUNDDA (sic) LA EXCEPCIOM (sic) DE INCOMPETENCIA. [.]" Por otra parte, en el escrito aclaratorio de demanda el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad: "[.] c) Ahora bien BAJO PROTESTA DE DECIR VERDASD (sic), de lo anterior el suscrito no interpuse recurso alguno en virtud de que la autoridad responsable a partir del emplazamiento no me hizo ninguna notificación en mi domicilio procesal señalado dentro de mi escrito inicial de demanda, hasta que el suscrito ME ENTERE CON FECHA JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021, mediante 0 copias certificadas que solicite de todo lo actuado en el Juicio de Origen por lo cual el suscrito mediante asesoría legal se me informo que fui violentados en mis garantías individuales ya señaladas, sufridas en el debido proceso por el juez del Juicio de Origen, y con ello un detrimento en mi propiedad y posesiones con un daño de imposible reparación. [.]" Manifestaciones que tienen la calidad de una confesión expresa y adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por lo que, la hipótesis de improcedencia en mención se ve evidenciada en el caso particular, en virtud de que el promovente es la parte demandada en el juicio de origen, compareció a éste, y el acto reclamado es susceptible de ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, en términos de los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por encontrarse en los supuestos que ahí establece y que al efecto se transcriben: "ARTÍCULO 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dió lugar a ella. ARTÍCULO 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. ARTÍCULO 77.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." Los preceptos en cita disponen que en contra de una notificación que se efectúe en forma distinta a la prevista o se omita, procede la nulidad de notificaciones, lo cual constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio, a fin de que el Juez natural se pronuncie sobre la nulidad, de ahí que los actos reclamados no puedan ser analizados como tal en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento lo anterior el siguiente criterio jurisprudencia que se cita en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, cuyo rubro, texto y datos de identificación con los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. (Novena Época; Registro: 173621; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 77/2006; Página: 111.)" En ese sentido, es claro que antes de acudir al presente juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer dicho medio de defensa en contra del acto reclamado, esto es, el incidente de nulidad de notificaciones establecido en los artículos 74 a 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; por lo que al no hacerlo así, se dejó de observar el principio de definitividad, lo que hace improcedente esta vía de amparo. En efecto, resulta válido señalar que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y ésta pueda interponerlos; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo, lo cual acontece en el presente asunto. Resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. (Época: Décima Época, Registro: 2001155, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.), Página: 729)." De igual manera, resulta aplicable a lo anterior, por analogía, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 187016, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En esta tesitura, el referido medio de defensa debió haberse hecho valer por el aquí peticionario de amparo, ya que el quejoso en su calidad de parte demandada en el juicio de origen -como se advierte de las manifestaciones realizadas en su escrito inicial de demanda y de su aclaración-, tiene la obligación de agotar todos los medios de impugnación cuya resolución pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ello en estricta observancia al principio de definitividad, que es uno de los que rige en el juicio de amparo. Por lo que es indudable que el acto que aquí se reclama, es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, mediante el medio de impugnación de referencia. No es obstáculo para modificar la conclusión alcanzada, la manifestación del quejoso en el sentido de que conoció el acto hasta el diez de junio de dos mil veintiuno, toda vez que lo que reconoce es que hasta esa fecha se percató de las violaciones que en su concepto se materializaron; sin embargo, con ello no desvirtúa la confesión expresa de que fue emplazado a juicio y dio contestación a la demanda entablada en su contra, insertándose a la litis. Sin que en el caso se esté en los supuestos de excepción que establece el precepto antes citado en sus incisos a), b) y c), ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni algún acto que afecte la libertad de la parte quejosa. Máxime, que la parte quejosa no es tercero extraña al procedimiento, ya que como se anticipó, es demandada en el juicio especial hipotecario que refiere y ha comparecido a éste, como se advierte del escrito inicial de demanda, y por consiguiente, se le permite el acceso al mismo, por lo que se encuentra incorporada a la relación jurídico-procesal, quedando sujeta a dicha vía, con todas sus consecuencias hasta que agote totalmente los medios ordinarios de defensa. Además, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que la parte quejosa quedara en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Es así, debido a que, como se ha visto en párrafos que anteceden, en el caso que se analiza el quejoso, debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 74 a 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en contra del auto que reclama; lo cual, no se encuentra sujeto a ninguna interpretación adicional al precepto en comentario que, por tanto, constituye un fundamento suficiente para el efecto indicado, se itera, en los términos analizados anteriormente. Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1822/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el dieciocho de junio reciente, se recibió vía correo institucional la boleta de turno 003898/2021, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, de la que se aprecia que el turno del presente asunto correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; en consecuencia, previa formación de los cuadernos de antecedentes respectivos, remítase el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, así como los cuadernos correspondientes al incidente de suspensión relativo al presente asunto, al Juzgado de referencia, lo anterior, de conformidad con la sentencia constitucional terminada de engrosar el ocho de los actuales. Cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Marcos Antonio Rivera Jiménez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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